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La sorpresiva renuncia de la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María Teresa Franco González Salas –de quien se dice será la encargada de dirigir la recién creada Secretaría de Cultura–, sirve para revisar un tema que, a pesar de su relevancia social y cultural, dejó pendiente durante su mandato en el Instituto: el robo de piezas arqueológicas y de arte sacro.

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Desde hace décadas, investigadores e integrantes de la sociedad civil organizada han denunciado el masivo tráfico de bienes culturales que se comete en México, sobre todo con piezas arqueológicas y de arte sacro. Saqueo que permanece, para desgracia de nuestra historia, en la impunidad.

Hasta ahora, de este pillaje se sabe muy poco porque a las autoridades federales no les interesa profundizar en el problema y, mucho menos, erradicarlo. Pero el delito, sin lugar a dudas, es de grandes dimensiones. Muestra de ello es el registro de al menos 6 mil 871 bienes culturales que fueron robados y sacados de México en forma ilegal, entre 1997 y 2015. De éstos, el gobierno federal sólo recuperó 1 mil 874 (Milenio, 5 de julio de 2016).

No obstante, a la fecha, no existe un sólo estudio serio del INAH al respecto, en el que se reporte un aproximado de las piezas robadas, el valor de las mismas –tanto económico como histórico–, así como del mercado negro donde se ofertan ni el destino final.

Lo que existe son datos aislados que entrega por obligación, una vez que los ciudadanos y los periodistas le solicitan información oficial por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.

De esta manera se ha logrado saber que hay mercado negro en internet a la vista de todos, puesto que no hace uso de la llamada web profunda para ofertar las piezas hurtadas, sino que recurre a los portales de Ebay, Mercado Libre y la red social de Facebook.

En estas páginas se han subastado tanto piezas arqueológicas como de arte sacro en forma ilegal. Por ello, entre 2010 y 2015 el propio INAH presentó 36 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR): una decena en 2010; ocho en 2011; seis en 2012 y 2013, respectivamente; y tres en 2014 y 2015, respectivamente.

A esas denuncias se agregan las correspondientes al saqueo que se detecta año con año: en 2014, por ejemplo, fueron seis las acusaciones que presentó el Instituto ante la PGR por robo de monumentos arqueológicos muebles: una en Chiapas, dos en el Estado de México, una en Puebla, una en Michoacán y la última en la Ciudad de México; y para 2015 fueron cinco: una en Michoacán, una en Morelos, una en la Ciudad de México, una en Oaxaca y la última en Yucatán.

Pero queda claro que no basta con denunciar lo que ya ocurrió: es fundamental que el Instituto genere datos fiables que permitan dimensionar la magnitud del problema, en los cuales pueda advertirse las zonas de mayor riesgo, así como los bienes más vulnerables al saqueo.

Según su propia información, México y Centroamérica representan una de las áreas geográficas con mayor patrimonio arqueológico, histórico y artístico y también una de las más asoladas por el tráfico ilícito.

El propio INAH estima que el patrimonio cultural de México se conforma por “más de 42 mil sitios arqueológicos reportados, 11 mil inmuebles de carácter histórico, más de 200 mil objetos históricos de los siglos XVI al XIX; cerca de 1 millón 800 mil bienes muebles arqueológicos o correspondientes a culturas prehispánicas, a los que se suman poco más de 200 mil paleontológicos”.

Además, en este patrimonio se incluye un millar de bienes relacionados con equipo de transporte marítimo y terrestre, cerca de 4 millones de documentos bibliográficos (manuscritos, cartografías y artes gráficas), y aproximadamente 200 mil fotografías del siglo XIX.

Respecto de las colecciones biológicas, indica que para los restos humanos se han identificado unos 25 mil individuos y más de 9 mil cajas de material procedente de osarios, colecciones arqueozoológicas que suman aproximadamente 50 mil elementos y acervos arqueobotánicos que se acercan a las 20 mil unidades.

Pese a ello, fue hasta 2011 cuando el INAH –que entonces dependía del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes– puso en operación el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, para organizar y clasificar el patrimonio cultural del país.

A este contexto de descuido y negligencia se suma el gran problema de la justicia en México: la impunidad. Este tema no es nada ajeno al robo de piezas arqueológicas y de arte sacro. Es un hecho que tampoco hay avances en las investigaciones ministeriales que lleva la Procuraduría General de la República. Además, no se ha desmantelado ninguna banda involucrada en este tipo de flagelo.

De acuerdo con la PGR, entre 2013 y 2015 se aseguraron 263 bienes de este tipo: tres de carácter arqueológico en Colima; en la Ciudad de México, 70 piezas arqueológicas, una de arte sacro, una escultura y una pintura; en Hidalgo, 21 piezas arqueológicas; en Morelos, 11 piezas arqueológicas y en Veracruz, seis.

Con los cambios en el INAH, el tema debe ocupar un lugar prioritario en la agenda del nuevo titular.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 502 / del 22 al 27 de Agosto 2016

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