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A casi 2 años de que se destapó el fraude de los ahorradores de Ficrea, las resoluciones judiciales han permitido que los afectados por Rafael Olvera y su familia comiencen a recuperar una mínima parte de lo que perdieron. Nadie, sin embargo, está contento. En todo el país y hasta en ciudades de otras naciones, mexicanos afectados por Olvera están convencidos de que las autoridades mexicanas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no actuaron en tiempo y forma para proteger sus intereses. Les reprochan que hubieran autorizado a Ficrea para operar como intermediario financiero; le reclaman una tardía supervisión y, por supuesto, hasta se cuelan acusaciones de colusión con los defraudadores.

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Entre los afectados de Ficrea, prevalecen –lamentablemente– los adultos mayores que, por algún motivo, consideraron que trasladar sus ahorros de fideicomisos bancarios o cuentas de inversión a las arcas de Ficrea sería más seguro y rentable.

Es cierto que Ficrea prometía rendimientos mayores a los que ofrece el sistema bancario. Es cierto que muchos bancos –sobre todos los de capital mayoritariamente extranjero –estaban molestos porque la firma de Olvera atraía clientes como abejas en un panal. Las quejas comenzaron a llegar en contra de Ficrea y no era, precisamente, de sus clientes sino de sus competidores, una acción similar a la que se presentó en contra de las Sociedades de Fomento Múltiple (Sofomes).  Pero entre las quejas de sus competidores y las sanciones de las autoridades, la historia de Ficrea no ha terminado. Los ahorradores reclaman la lenta ejecución de los bienes de Olvera y los activos de Ficrea – que no representan ni el 10 por ciento del monto del descalabro por más de 6 mil 500 millones de pesos– porque esa situación está afectando el valor de las indemnizaciones.

Y como decíamos, muchos adultos mayores esperan una resolución justa mientras Rafael Olvera vive en alguna región de Estados Unidos. Entre Miami, Texas, San Diego y Las Vegas, la familia Olvera sigue detentando la propiedad de casas, propiedades comerciales. Es a través de fideicomisos –a nombre de familiares– que Los Olvera buscan proteger y aislar esos activos y ponerlos muy lejos de las acciones judiciales que pudieran afectarlos.

En autoexilio pero no prófugo

A Rafael Olvera se le giró orden de aprensión por delitos vinculados con el blanqueo de capitales. Para sorpresa de muchos, sin embargo, la acusación simplemente no prosperó porque los abogados de Olvera lograron demostrar una sutileza: los recursos que captó Ficrea fueron resultado de la firma de convenios financieros para su administración.

Ahora los afectados del fraude de Ficrea se preguntan en qué momento las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) cuadrarán el delito y las condiciones para traer a México a Olvera, a su hijo y, por supuesto, recuperar los bienes que mantienen bajo su propiedad.

El problema es que la gran mayoría de los afectados no tiene tiempo para esperar; necesitan recuperar ya sus ahorros. En total, la comunidad de afectados por el fraude de Ficrea está conformada por 5 mil  personas; insistimos, muchas de ellas son adultos mayores que antes no confiaron en el sistema bancario mexicano, en el sistema de pensiones, en el sistema de seguridad social, en el sector asegurador o en sus productos de rentas vitalicias que son seguros y rentables. En fin, una cadena de desconfianza. También es cierto es que Rafael Olvera, como un profesional encantador de serpientes, logró convencer a los ahorradores que hoy se encuentran en desgracia que Ficrea podía convertirse en ese socio financiero que necesitaban para tener un retiro que les permitiera conservar su retiro. Lo triste –también se lo puedo confirmar– es que muchos mexicanos siguen buscando las mismas opciones porque no se conforman con el 5 por ciento que los fondos de renta variable de bancos y casas de bolsa les pueden otorgar. Otra historia (también digna de otra columna) es la de millones de mexicanos que han dejado sus ahorros para el retiro en los cajones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que hoy claman aportaciones voluntarias para elevar la masa de recursos que administran a nombre de los trabajadores afiliados. Las Afores enarbolan la promesa y aseguran que sólo con más ahorro se logrará un retiro digno porque el Estado, desde hace dos décadas renunció a esa responsabilidad.

En redes sociales y a través de fuentes directas vinculadas con el caso, podemos confirmarles que, en medio de la crisis generada por Ficrea, se ha presentado el deceso de al menos 10 ahorradores. La coincidencia de tiempos y lamentables eventos se ve agudizada por el hecho de que algunos de esos ahorradores no pudieron financiar tratamientos médicos o medicinas. Por ello, culpan a Rafael Olvera de esta tragedia.  Una raya más al tigre. Daño moral, por ejemplo, se podría sumar a las acusaciones en su contra. Olvera, además, también tiene cuentas pendientes con algunos de los abogados que lo han defendido en temas vinculados con su supuesta incursión en el mundo del lavado de dinero; su familia no atraviesa por el mejor momento pero aún conserva en su exilio un ejército de asistentes, de guardaespaldas; conserva su vida social y busca reiterar que su negocio era lícito y que sólo se vio interrumpido y fragmentado por la inoportuna e ilegal intervención de las autoridades. Eso dice él allá en Estados Unidos, en domicilio conocido hasta por las autoridades de la PGR.

Claudia Villegas

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: IQ Financiero]

Contralínea 501 / del 15 al 20 de Agosto 2016

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