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La semana pasada se realizó en Miacatlán, Morelos, el Encuentro Mexicano de Resistencias contra el Modelo Extractivo. Convocados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales, comunidades de todo el país, investigadores y activistas por los derechos humanos se reunieron durante 3 días para exponer lo que viven: un despojo descarnado de territorios, montes y aguas por parte de capitales trasnacionales y “mexicanos”.

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De la reunión se obtiene un panorama desolador del país. Se trata de un mapa del despojo, en el que las comunidades indígenas y campesinas tienen que luchar contra grandes empresas y contra las propias autoridades: los funcionarios de los tres niveles de gobierno y la ley están de parte de los grandes capitalistas, quienes –además– con su dinero compran voluntades de quienes deberían defender la integridad y el bienestar de los pueblos de México.

A la reunión llegaron representantes de comunidades que luchan contra proyectos extractivos de minería, fracking, gasoductos, presas hidroeléctricas, transgénicos y mercantilización de los bosques.

En esta ocasión sólo nos referiremos a la minería. Entre los datos aportados por los investigadores que participaron en el Encuentro tenemos que el 17 por ciento de la energía nacional es consumida solamente por la minería. Y que la industria minera asentada en este país mueve el 2 por ciento del total de la minería metalera del mundo. Claro, está concentrada en muy pocas manos.

Para empezar, diremos que el 69 por ciento de la inversión minera en México viene de Canadá. Y que las cuatro personas que poseen el 11 por ciento del producto interno bruto mexicano también cuentan con decenas de proyectos mineros. ¿Quiénes son? Carlos Slim (dueño de minera Frisco), Germán Larrea Mota Velasco (dueño del minero Grupo México), Alberto Bailleres (presidente del Consejo de Administración de la minera Industrias Peñoles) y Ricardo Salinas Pliego (dueño del minero Grupo Invecture). Por supuesto, no son los únicos. Otros superricos también invierten en minería.

Los canadienses tienen tan claro todo lo que se pueden llevar del país, que han habilitado sus representaciones (embajada y consulados) para promover las inversiones de sus empresas mineras en México. Se trata de toda una política de Estado ejecutada por el gobierno de Canadá en territorio mexicano.

Y la propia Secretaría de Economía del gobierno actual, de Peña Nieto –como el anterior de Felipe Calderón–, se desvive porque vengan a saquear todo lo que puedan. Total, el país está en ganga. Entre las “fortalezas” de la minería que publicita en su página web se encuentran: “sin límites en extensión de las concesiones mineras; certeza jurídica mediante la aplicación de reglamentos y procedimientos transparentes que facilitan la inversión; depósitos de clase mundial”.

Así que, haciendo equipo, gobierno y trasnacionales mercantilizan porciones de tierra y cuentan con todo un aparato legal, comunicacional y de ingeniería de conflictos para lograr el despojo de las poblaciones. Las estrategias de estos corporativos aliados a los gobiernos incluyen la habilitación de grupos de choque; la criminalización de las protestas y la judicialización del conflicto; la cooptación social, y la “compra” de personajes claves de las comunidades que se oponen.

Y es que para apropiarse de los bienes naturales y territorios de las comunidades indígenas, campesinas y forestales, los megaproyectos golpean, primero, al tejido comunitario. Debilitan sus procesos identitarios y cultura. Vienen enseguida los daños a la salud y a los ecosistemas.

Pero estas empresas depredadoras no están en la “agenda de seguridad nacional”, ¿verdad? Por el contrario, están quienes resisten. Ya vemos qué intereses defienden los de la seguridad nacional. No son precisamente los “nacionales”.

El Encuentro, más allá de la crisis social que revela, también fue el espacio para acordar una defensa integral. Las comunidades no darán batallas aisladas. El terreno se empieza a emparejar. A la agitada vida social mexicana, se sumarán con fuerza las demandas de las comunidades amenazadas por un modelo de desarrollo que las despoja y las destierra. La lucha coordinada de estos pueblos vendrá a enriquecer la lucha popular que ya se libra en las calles, las aulas y los centros de investigación.

Fragmentos

Y los grandes empresarios que tanto celebraron que se aprobara la reforma educativa con base en sus fobias e ideología –y de espaldas a la sociedad–, ahora se quejan del conflicto social que generaron. Ahí se les ve llorando en los rincones, haciendo cuentas de “los costos” que están generando las protestas y movilizaciones de los maestros. Dicen que son miles de millones de pesos y centavos los que han perdido, sin mencionar que ellos fueron la mano que meció la cuna de unas “reformas estructurales” sin consenso y lesivas para las mayorías de la sociedad mexicana. Y ahora, en el berrinche total, exigen al gobierno que le “ponga un alto” a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). ¿Qué quieren decir, señores? ¿Qué metan a la cárcel a todos? ¿Qué los golpeen? ¿Qué se llene e país de muchos Nochixtlán? Acostumbrados a mandar, corromper y exigir, ¿saben lo que piden?… Lejos está la CNTE de aflojar el paso rumbo a la abrogación de la reforma laboral a la que se le ha llamado educativa. Mañana 8 de agosto tendrán una marcha nacional que partirá a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia y que buscará llegar al Zócalo. Y pasado mañana, martes 9, celebrarán el foro Evaluación Educativa Integral hacia la Construcción del Proyecto de Educación Democrática. Para quienes dicen que los maestros no tienen propuestas, habrá que escuchar sus agudas ponencias en el Centro de Convenciones Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social de las 9:00 a las 17:00 horas.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]

Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016

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