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Pequeños y medianos productores del campo registran ingresos menores a 17 mil pesos anuales, mientras agroempresarios –como el priísta Jesús Vizcarra– obtienen subsidios por 50 millones de pesos. Ante la crisis, campesinos se movilizan

La conmemoración del natalicio del general Emiliano Zapata será el punto de partida para exigir al gobierno federal políticas públicas que beneficien al sector más desprotegido del país y no a los agroindustriales, que actualmente acaparan los recursos del gobierno federal destinados al campo.

La pobreza en la que viven millones de familias se traduce en ingresos anuales menores a los 17 mil pesos, según cálculos oficiales. En tanto, agroempresarios, como el priísta Jesús Vizcarra, obtienen apoyos de hasta 50 millones de pesos, por un solo programa federal.

Más de 130 mil personas de diferentes estados de la República se organizan para concentrarse en el Zócalo capitalino, el próximo 8 de agosto. Ésta es una de las acciones que llevará a cabo el Frente Auténtico del Campo (FAC), conformado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Social por la Tierra (MST).

En ese contexto, las cifras del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013- 2018 indican que en México existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, “de las cuales 3.9 millones se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos; 442 mil 400 unidades económicas rurales se encuentran en transición, dejando de ser de subsistencia para incursionar al mercado y registrar ventas anuales promedio de 73 mil 931 pesos”.

El programa menciona que el 9.9 por ciento de las unidades económicas de producción, 528 mil 400 tienen una actividad empresarial con “rentabilidad frágil” y los ingresos por ventas promedio anuales ascienden a 152 mil pesos.

Asimismo, 448 mil 100 unidades desarrollan una actividad empresarial con ingresos anuales superiores a 562 mil 400 pesos, y poco menos de 17 mil 600 unidades pertenecen a un estrato empresarial dinámico, “con escala productiva que se compara con empresas de la industria o del sector servicios, y cuyo principal problema es el de alcanzar niveles de competitividad de largo plazo. Este estrato dedica una parte importante de sus ventas al mercado internacional y es el que presenta mejor desarrollo de capacidades”.

El PSDAPA 2013-2018 es contundente, indica que “en el campo mexicano existe un segmento comercial altamente competitivo con empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales. En contraste, la gran mayoría de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo”.

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Las asimetrías

En entrevista con Contralínea, Marco Antonio Ortiz Salas, líder nacional de Coduc, dice que desde que inició el actual gobierno las organizaciones trazaron una ruta de cuestionamiento de la política pública orientada al sector y plantearon la firma de un pacto para el campo, “desafortunadamente ni para los partidos ni para el gobierno ha sido un tema de interés.

 “Los campesinos les interesan para el tema del voto, para la promoción de sus programas y de los eventos que generan, pero nada más. No hay ni voluntad ni disposición para modificar las políticas públicas. Hoy, la pobreza sigue creciendo, hay más de 55 millones de pobres y no hay voluntad política para cambiar las cosas”, comenta.

Contrario a ello, indica Ortiz Salas, se hacen anuncios espectaculares y electoreros de la entrega de apoyos por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero que no han modificado la situación en el sector.

Entre los puntos que considera urgentes de atención están el acceso al crédito para los productores del campo, la reorientación del presupuesto, apoyos en el diésel agropecuario (que sigue sin ocurrir después de que se firmó un decreto en diciembre de 2015), así como en el costo de los insumos y las tarifas eléctricas.

En la retahíla de necesidades del agro mexicano, el líder agrario menciona que tampoco hay precios de garantía y no hay quién regule el mercado, papel que debería jugar el gobierno, “pero nos deja a merced de los coyotes [intermediarios] para que te compren los granos como se les dé su regalada gana”.

Muestra de ello es lo documentado por Contralínea, con la actualización de los padrones de la Sagarpa. El documento Incentivos para administración de riesgos de mercado, padrón participantes a marzo 2016, elaborado por la Coordinación General de Administración de Riesgos de Precios de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Sagarpa, coloca a Cargill como la principal beneficiaria de este programa con 154 millones 671 mil 575 pesos.

Los montos asignados por la dependencia que encabeza José Calzada Rovirosa también registran a Minsa, la segunda compañía más importante en la elaboración de harina de maíz, con 57 millones 651 mil 887 pesos. A Graneros San Juan SPR de RI con apoyos por 42 millones 470 mil 496 pesos. Sabritas obtuvo 4 millones 533 mil 746 pesos y Bachoco, el gigante comercializador de pollo en el país, se benefició con 18 millones 702 mil 930 pesos.

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Irregularidades en el PIMAF

Además del coyotaje de los granos básicos que padecen los pequeños y medianos productores, la administración de los recursos públicos que se opera a través de la Sagarpa, a cargo de Calzada Rovirosa, registró diversas observaciones en varios de los programas que opera.

Los daños registrados por la Auditoría Superior de la Federación ascendieron a 307 millones 773 mil 400 pesos. Así lo revela el documento Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, que también señala que la Sagarpa “no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.

El resultado de la revisión al Programa de Fomento a la Agricultura- Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) identificó una diferencia de 551 mil 300 pesos entre los importes incluidos en la base de datos de los beneficiarios y lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; 3 mil 609 apoyos de paquetes tecnológicos por 32 millones 720 mil 600 pesos excedieron los montos máximos establecidos.

También, existieron 1 mil 483 beneficiarios apoyados de manera duplicada por 19 millones 730 mil 400 pesos, revela la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-08100-02-0265 DE-013.

El máximo órgano de fiscalización identificó “siete apoyos por 30 mil 800 pesos, cuyas actas de entrega-recepción amparan la recepción de paquetes tecnológicos por menor importe; se observaron 271 productores apoyados por 1 millón 225 mil 300 que fallecieron antes del periodo de apertura de ventanillas de las solicitudes del componente; 295 beneficiarios entrevistados informaron que no eligieron a su proveedor, no obstante que era su derecho; cinco proveedores concentraron el 50 por ciento de los recursos ejercidos en el componente objeto de la revisión, cuya actividad principal no corresponde a la venta o distribución del tipo de insumos que comercializaron y, en algunos casos, su precio fue superior al del mercado, además de que éstos no eran productos de buena calidad; cuatro de los proveedores citados tienen socios o representantes legales comunes y realizaron ventas entre sí de los insumos de paquetes tecnológicos”.

En Colima, la ASF identificó que “la elección del proveedor fue realizada por nueve organizaciones de productores que no forman parte del padrón de beneficiarios, además de que no existió evidencia de que se realizó una convocatoria para integrar un catálogo de proveedores que sirviera de base para su elección por parte de los beneficiarios”.

También, un sobreprecio por 28 millones 99 mil 300 pesos en los insumos que integran los paquetes tecnológicos; 40 mil 990 beneficiarios apoyados por 122 millones 454 mil 600 pesos no fueron localizados en la base de datos de los comprobantes fiscales digitales a través de internet; 37 mil 556 beneficiarios cuyas facturas amparan un importe menor al del apoyo por 102 millones 961 mil 100 pesos.

Entre las denuncias que los productores hicieron ante los auditores se menciona que “personal de la Sagarpa les pidió entre 50 y 100 pesos a cambio de otorgarles los paquetes tecnológicos”.

El agroparque de Vizcarra

El impulso al sector empresarial del campo por parte del gobierno mexicano no sólo se queda en la falta de regulación del mercado, también contribuye en el incremento de su riqueza mediante la asignación millonaria de recursos públicos, qué además, se van a “fondo perdido”, dice el líder nacional de la Coduc.

Muestra de ello, los 50 millones de pesos asignados al priísta Jesús Vizcarra para el proyecto Sukarne Agroindustrial. El padrón del Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria, del concepto del Sistema Nacional de Agroparques, ubicado en Tlahualilo de Zaragoza, Durango.

Vizcarra fue el beneficiario indicado como 1-5AO1U1, la entrega de 50 millones fue asignada por concepto de infraestructura y equipamiento para postproducción agraria, el 11 de septiembre de 2015, evidencian documentos oficiales.

Ortiz Salas dice que mientras que al excandidato a la gubernatura de Sinaloa, se le asignan millones a través de éste y otros programas del gobierno federal, los campesinos que el FAC representa obtienen del Pimaf 2 mil 200 pesos y “resulta que el gobierno pretende desaparecer este programa, porque dice que en el marco de cómo está operando no reditúa. Entonces, ¿qué es más importante, acabar con la pobreza y generar estabilidad social en el campo o seguir manteniendo a los grandes agroricos de este país, como Jesús Vizcarra?”

Frente obrero

Otro de los sectores que pretenden manifestarse en contra de la política actual de gobierno es el de la clase obrera, que se organiza para formar uno de los frentes de lucha más fuertes del país.

Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, comenta que se lleva a cabo una coordinación de organizaciones constituidas: sociales, populares, de maestros, mineros, con las que se tienen reuniones permanentes para buscar alianzas entre todos, ver coincidencias y echar adelante el frente.

—¿Cómo cohesionar?

—Estamos haciendo un esfuerzo en todos los procesos, ha sido complejo porque todo el mundo tiene sus demandas, pero el escenario es el mismo para todos. Hoy estamos haciendo un esfuerzo para identificar que el objetivo que perseguimos es que se restablezca la legalidad y que nuestros sectores puedan salir adelante; de lo contrario, va a seguir la dispersión y el gobierno va a aprovecharla para seguir golpeando a los movimientos. Hay avance, por lo menos ya acordamos movilizarnos el 8 de agosto.

 “Vamos todos y el objetivo, también, es entrarle a la solidaridad con los maestros, que desde el 15 de mayo pasado se encuentran en paro por la oposición a la reforma educativa.”

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: CAMPO]

Contralínea 499 / del 01 al 06 de Agosto 2016

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