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Incapaz de generar mejores condiciones sociales y económicas reales que permitan cambiar la situación de vida de millones de mexicanos en pobreza extrema –indígenas en su mayoría–, el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) –que dirige uno de los aspirantes presidenciales priístas, Juan Antonio Meade– se colude con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para modificar la metodología de medición de la pobreza y reducir en las estadísticas el número de los más necesitados, acreditándoles supuestos ingresos que jamás reciben, porque un alto porcentaje del dinero destinado a programas sociales se queda en las estructuras del corrupto sistema político.

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Esto explica cómo cada sexenio se genera una camada de nuevos ricos, que no son otros más que presidentes, secretarios de Estado, directores generales de paraestatales o empresas descentralizadas, titulares de órganos independientes que le cuestan muy caro a la democracia, legisladores y líderes de partidos políticos que han hecho un modus vivendi mamando del erario.

En esa complicidad que ha caracterizado al Inegi desde su fundación, estadística hechas a modo para manipular la opinión pública y complacer al gobierno en turno para asegurar que las cosas no andan tan mal, hace unos días este Instituto difundió datos que causaron molestia e irritación entre especialistas y encargados de medir la pobreza, pues afirma que los hogares con el decil (décima parte de la población) más alto de ingresos recibieron en promedio 161 mil 598 pesos al trimestre, contra 8 mil 169 pesos para el mismo periodo en el 10 por ciento de la población más pobre del país.

De inmediato el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –que desde hace 1 década es el organismo encargado de realizar la medición de la pobreza cada 2 años, así como de evaluar los programas sociales de todas las dependencias federales– descalificó los datos del Inegi y sostuvo que no es transparente el proceso que siguió, porque cualquier modificación técnica a las variables económicas y sociales debe ser realizada con planeación a fin de generar certidumbre entre la población de los datos que se entreguen, y lo que hizo el Inegi fue romper la evolución histórica de las mediciones de pobreza que el Coneval ha presentado desde 2008.

Con las cifras del Inegi, sostiene el Coneval, se pretende hacernos creer que hubo un incremento real de 11.9 por ciento en el ingreso corriente en los hogares a escala nacional y más de 30 por ciento en algunas entidades federativas, entre 2014 y 2015.

Pero la farsa oficial continúa cuando, según el Inegi, hay un aumento real de 33.6 por ciento en las percepciones en los hogares más pobres en 1 año, lo cual dice el Coneval, no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del Inegi y con otras variables económicas. El último reporte del Coneval indica que el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se redujo en términos reales en 3.5 por ciento entre 2012 y 2014.

La explicación del Inegi de esos incrementos en las percepciones de los hogares más pobres es que “en todo el mundo medir los ingresos es complejo, pues los informantes tienden a declarar menos de lo que realmente perciben”; es decir, ahora hasta sicólogos son los encuestadores de ese Instituto bueno para nada y que nos cuesta a los mexicanos una fortuna para que nos entreguen datos falsos y manipulados.

Además, afirma el Inegi, se ha contabilizado como ingreso de los hogares más pobres toda la ayuda que otorga el gobierno a través de los programas sociales, pero el problema es que sus “especialistas” utilizan la información en bruto que arroja el presupuesto y todos sabemos que anualmente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reasignan las partidas presupuestales y en el peor de los casos simplemente se desvían o nunca llegan a su destino, por la corrupción que se ha creado entre la burocracia inútil.

De acuerdo con los resultados del Módulo de condiciones socioeconómicas (MCS) 2015, en una muestra total de 64 mil 93 viviendas, las entidades del país donde obtuvieron el mayor ingreso promedio fueron Nuevo León, con 66 mil 836 pesos al trimestre; seguido de la Ciudad de México, con 61 mil 622; Baja California Sur, con 61 mil 361, y Aguascalientes, con 59 mil 434.

Los estados con menores percepciones promedio por hogar al trimestre fueron Veracruz, con 31 mil 328; Chiapas, con 29 mil 648; Oaxaca, con 28 mil 715, y Guerrero, con 27 mil 584 pesos. En Nuevo León, el estado con el mayor ingreso promedio, los hogares obtuvieron el doble de recursos que en Guerrero, el de menores percepciones.

Finalmente el problema para el gobierno Enrique Peña Nieto no es buscar cómo cuadrar las cifras y cambiar la metodología para mostrar que los más pobres sí reciben ingresos raquíticos, sino lograr disminuir la desigualdad social y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, que hasta ahora son pésimas, sobre todo para los más pobres, porque de no ser así será un sexenio más de fracasos.

Miguel Badillo

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: Oficio de papel]

Contralínea 499 / del 01 al 06 de Agosto 2016

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