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Durante 10 años –2003 a 2012– Jaime Loe Rangel se desempeñó como representante legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el área de Recursos Humanos, lo que le permitió conocer y litigar decenas de juicios laborales y reinstalaciones ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, juzgados, tribunales e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Pero todos esos juicios que atendió Loe Rangel y cuya firma como abogado y funcionario de la SHCP rubricó en documentos oficiales, podrían ser anulados porque incurrió en falsedad de declaración ante una autoridad judicial y en uso de documentos apócrifos, al usurpar una cédula profesional y mentir sobre su trayectoria académica.

Por las fechas en que trabajó en Hacienda dicho servidor público, las irregularidades cometidas en cientos de casos jurídicos correspondieron a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón; sin embargo, es al gobierno de Enrique Peña Nieto y directamente a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quienes les ha estallado este grave problema que puede echar abajo juicios ganados por esa dependencia. Por ello, algunos afectados por las gestiones de Loe Ragel han presentado amparos ante la justicia federal, e incluso han recurrido a la Procuraduría General de la República para presentar denuncias penales en contra de servidores públicos de la SHCP.

Este hecho está confirmado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control, bajo el expediente PAR-478/2013. Y aunque se trata documentos clasificados como reservados, se puede consultar un extracto en la siguiente liga (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5347094&fecha=03/06/2014&print=true).

De acuerdo con lo publicado por la propia SFP en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2014, dicho exfuncionario “en el ejercicio de su puesto como subdirector de Área NB23, adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda y como apoderado legal de dicha dependencia, durante el periodo comprendido del 5 de junio de 2006 al 11 de julio de 2012, se ostentó como licenciado en derecho sin poseer título profesional legalmente expedido y debidamente registrado, y por consiguiente, sin haber obtenido de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública la patente de ejercicio correspondiente (cédula profesional), como lo prevé el artículo 25 fracciones II y III de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 constitucional”.

No obstante, el periodo en el que usurpó la profesión podría ser mayor, pues hay un caso que Loe Rangel litigó desde 2003. Se trata del expediente laboral 1418/03 de Lilia Cortés García contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que la primera exigía su reinstalación por considerar que su despido era injusto.

Según se deprende de la información de la SFP, el exapoderado legal de Hacienda se ostentó en todos los juicios laborales como abogado. Pero ese órgano de control descubrió que “la cédula profesional número 1605805, de fecha 4 de septiembre de 1991 (hoja 342 Tomo III), supuestamente expedida a su favor y que exhibió como propia ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para acreditar su grado de estudios, con efectos de patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, presuntamente expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, resultó apócrifa y, por ende carente de validez oficial”.

Para confirmar o desmentir la veracidad de la documentación presentada por Loe Rangel sobre su trayectoria académica, el Órgano Interno de Control acudió a la SEP. Con el oficio DCP/SCP/2020-AP/12, folio 7157, del 9 de agosto de 2012, el subdirector de Colegios de Profesionistas dependiente de la Dirección General de Profesiones, informó: “No se tienen antecedentes del C Jaime Loe Rangel como profesionista”.

Además, la SEP le comunicó al Órgano Interno que “con fecha 3 de septiembre de 1991, se expidió la cédula profesional número 1605805, a favor de la C María de Lourdes Corona Guerrero, que la faculta para ejercer como contador público”. Loe Rangel utilizaba el número de la cédula profesional de esta mujer para acreditarse como abogado.

Para la Contraloría, Loe Rangel incurrió en ejercicio profesional indebido, pues se entiende por ejercicio profesional “la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo”; “lo anterior, al haber suscrito 57 documentos oficiales relacionados con la defensa jurídica de los juicios laborales promovidos en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Expediente laboral 1418/03 de Lilia Cortés

 “Durante 14 años he luchado por salvar mi vida y la de mi familia, porque como funcionaria de la SHCP no acepté corromperme cuando me ordenaron transferir 450 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos a partidas diferentes a las autorizadas por el Congreso de la Unión y desde ese momento, en 2002, he sufrido todo tipo de vejaciones, lesiones, crueldad, tortura, barbarie, injusticia, discriminación, amenazas, infamias, persecución y agresiones de todo tipo.

“Acudí a las instancias de impartición de justicia y tutela de mis derechos, afortunadamente me dieron la razón y pacientemente he esperado mi reinstalación durante 14 años, y que Hacienda cumpla con lo mandatado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual determinó que fui ilegal e injustificadamente despedida a través de un proceso amañado al margen de la ley, siendo testigo presencial Max Alberto Diener Sala, actual procurador Fiscal de la Federación, ya que fuimos compañeros y vecinos de oficina, por lo cual se percató de todo lo ocurrido, además que durante el proceso de mi defensa le marqué copia de mis escritos para su atención y conocimiento.

 “Sin embargo, lo único que he recibido de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de manera reiterada y dolosa es maltrato, discriminación, violación de mis derechos y garantías, negándose a cumplir con los tres acuerdos plenarios emitidos por los magistrados de la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los cuales fueron notificados legalmente en tiempo y forma por dicho tribunal, tipificándose el delito de desacato como consta en el expediente laboral 1418/03, pudiendo confirmar lo aquí expresado con la revisión de los archivos de la propia Secretaría de Hacienda, concretamente en la oficina del secretario y en la Oficialía Mayor.”

Lilia Cortés García es una de las muchas víctimas del exservidor público Jaime Loe Rangel, quien fue el apoderado legal de la SHCP en el juicio de esa mujer que lo único que exige es justicia y su reinstalación después de haber sido despedida injustamente hace 14 años por oponerse al entonces secretario Francisco Gil Díaz a cometer un acto de corrupción.

Miguel Badillo

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: Oficio de papel]

Contralínea 498 / del 25 al 30 de Julio 2016

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