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El 12 de diciembre pasado, la presidenta del Comité Directivo de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional, Liliana Velázquez, recibió en su oficina una carta firmada por 60 personas. Entre los nombres que aparecen en el documento se encuentran los de Ana María Fortanet, Arturo Ávila Salazar, Brenda Piña Burgoa, Daniel Giménez Cacho, Esaul Arroyo, Francisco Cerezo Contreras, Mariana Gurrola Yáñez, Martha Elena Welsh Herrera, Michael Chamberlin, Sol Herrera… por sólo tomar algunos de ellos al azar. De distintas profesiones y actividades, todos son parte de la membresía de la organización.

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El motivo de la misiva era exigir el respeto a los acuerdos tomados en la Asamblea General 2015 y protestar por las represalias tomadas contra integrantes de la oficina que habían alertado del mal uso de los recursos financieros. No sería la primera vez, ni la única, que los miembros de Amnistía Internacional fueran ignorados o, peor, timados.

El diferendo había iniciado meses atrás, con la llegada de Perseo Quiroz Rendón –procedente de la Secretaría de Gobernación– a la dirección ejecutiva de la oficina en México de la prestigiada organización global. El viernes 13 de noviembre el total del personal que entonces integraba las coordinaciones de Activismo, Comunicación e Incidencia en Políticas Públicas (nueve personas) dirigió una carta a la Presidencia del Comité Directivo de la Sección Mexicana (Liliana Velázquez) en la que se exponían las principales irregularidades detectadas y solicitaban el inicio de una investigación.

En su mayoría mujeres, quienes firmaron se preocuparon por mantener las observaciones sólo al interior de la organización. Todo lo hicieron según la política de denuncia de irregularidades prevista por el movimiento global (conocida como whistle-blowing policy). Dicha política promueve el esclarecimiento de los asuntos que generen preocupaciones internas de Amnistía Internacional y, al mismo tiempo, garantiza que no haya represalias contra las personas que denuncien probables irregularidades. Para el 16 de noviembre otras siete personas, éstas de la Coordinación de Financiamiento, también enviaron un documento en el que expresaban su preocupación por las anomalías que se estaban documentando y manifestaban su intención de participar en lo que, entonces creían, sería una investigación transparente para aclarar las dudas.

Entre las anomalías detectadas se encontraban que el director, Perseo Quiroz, se había subido el sueldo y desde hacía meses cobraba alrededor del 40 por ciento más de lo que reportó a la Coordinación de Financiamiento. Además, asignó directamente un contrato por 600 mil pesos a una amiga, cuando debió haberse puesto a concurso dicho contrato. Encima, pidió a sus subordinados que realizaran tres cotizaciones falsas por valor de 600 mil pesos y con fechas anteriores. Todo para tapar la irregularidad en que había incurrido. Como los subordinados se negaron simular y participar en ese fraude, sabían que podrían sufrir represalias. Se trata de sólo una muestra de las irregularidades denunciadas (con documentos) y que con más detalle abordamos en la nota “Crisis en Amnistía Internacional México”, publicada el 14 de enero pasado.

El 28 de noviembre de 2015 se realizó la Asamblea General Anual y, a pesar de los esfuerzos de Perseo Quiroz, director ejecutivo, y de Liliana Velázquez, presidenta del Comité Directivo, porque el asunto no fuera tratado, el tema se anotó al final del orden del día. Luego de abordarse de manera ríspida y apresurada, la Asamblea acordó, entre otros puntos, que se realizaría una investigación para transparentar lo que se había denunciado y que se garantizaría que no habría represalias contra quienes demandaron aclarar las irregularidades.

Al parecer, la palabra de la Asamblea de poco valió: varias de las personas firmantes fueron despedidas de manera fulminante. Se les convocó individualmente a una reunión para supuestamente tratar las irregularidades y con lo que se encontraron fue con abogados para decirles que formaran su “carta de separación”. Y que ya no podían ingresar a sus oficinas. Además, Perseo Quiroz intentó usar su cargo como director de Amnistía Internacional para presionar a otras organizaciones y afectar hasta la vida privada de los denunciantes. De todo hay documentación que soporta lo que aquí se señala de quien dirige en México a Amnistía Internacional.

Las chicanadas (que no corresponden con una oficina que defiende derechos humanos) continuaron y no dejan de sorprender. En al menos una de las demandas que han entablado los denunciantes por despido injustificado, Amnistía Internacional ha dicho que no hubo tal despido, que la persona afectada “abandonó” el trabajo. ¿Pues de qué tipo de organización estamos hablando?

Ante el incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea, una nueva misiva de algunos integrantes de la membresía fue enviada al Comité de Supervisión. A cada una de sus demandas de cumplimiento de los acuerdos les argumentan que “no ha lugar” y que todo sigue bajo “investigación”. Los malabares discursivos no alcanzan para ocultar que las personas que denunciaron irregularidades en el manejo de fondos de Amnistía Internacional México, antes que ser reconocidas por su valentía, fueron despedidas.

Las puertas que tocaron en el Comité Directivo, controlado por Liliana Velázquez, no les fueron abiertas. Tampoco, las de la Dirección para las Américas del Secretariado Internacional. Su titular, Érika Guevara Rosas, ¿estará al tanto de las irregularidades financieras y administrativas que se han cometido en la oficina mexicana y de las cuales hay respaldo documental? ¿Las aprueba? ¿A oídos de secretario General del Movimiento Derechos Humanos Amnistía Internacional, Salil Shetty, habrá llegado algo de lo que pasa en la oficina mexicana? ¿Guevara y Shetty de veras no sabrán nada? ¿O estarán de acuerdo con el rumbo que toma la Sección México?

Abierto está el espacio para lo que tengan que decir Perseo Quiroz y Liliana Velázquez. Con Quiroz sostuve una entrevista en la que no pudo negar ninguna de las irregularidades y se limitó a decir que no podía decir nada al respecto porque el asunto estaba bajo “procesos internos”. Prometió una conversación amplia; pero desde finales de enero no ha habido respuesta a la solicitud de entrevista que solicité con él y con Liliana Velázquez.

A este asunto se suma el que comentamos en la entrega anterior: el cambio en los estatutos y reglamento con el objetivo de que sea aceptada como organización “donataria” ante el gobierno mexicano.

Lo peor es que luego de conocer este tipo de irregularidades contra su propio personal, ¿con qué cara Amnistía Internacional México dirá que defiende derechos humanos?

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]

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Contralínea 497 / del 18 al 23 de Julio 2016

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