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Los pueblos de Bolivia y Chile están separados y las diferencias entre sus gobiernos se profundizan. Desde 1978 ambos países no mantienen relaciones diplomáticas. Chile, con exorbitantes tarifas portuarias, parece intentar desestabilizar la economía boliviana

Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina

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La Paz, Bolivia. El alza de tarifas en puertos chilenos para el trasiego de mercancías bolivianas y la demanda sobre los manantiales del Silala mantienen tensos los vínculos entre La Paz y Santiago, sin relaciones diplomáticas desde 1978.

El escenario había subido de tono cuando el gobierno del presidente Evo Morales inició en 2013 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con el fin de obligar a la nación vecina a negociar de buena fe la restitución de una salida soberana al mar, perdida en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

En ese momento, las autoridades chilenas cuestionaron la idoneidad de la instancia jurídica para dirimir el contencioso, pero el 24 de septiembre de 2015, la CIJ dictaminó que es el ente competente para resolver las diferencias entre ambos países respecto al tema.

Recientemente, las administraciones privadas de los puertos de Arica y Antofagasta, por donde fluye preferentemente la carga boliviana a ultramar, sobre todo de minerales, anunciaron el incremento de las tarifas aduaneras.

Tal disposición provocó el cierre de sitios de almacenamiento, lo que ha traído pérdidas al sector del transporte y la economía en general, aseguran aquí líderes sindicales y autoridades de la Cámara de Comercio.

El 22 de junio un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano se pronunció en contra de la elevación unilateral de los pagos por concepto de manejo de cargas.

El documento consideró que las acciones de Santiago van en desmedro del comercio exterior, afectan la economía, limitan las posibilidades de desarrollo de Bolivia y contravienen tratados binacionales.

En este sentido, la Cancillería recordó que el artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado con Chile establece que ese país “reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”.

Asimismo, dice que ambos Gobiernos acordarán en actos especiales la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, los propósitos expresados.

La Paz expresó que cualquier acción o inacción del gobierno chileno que limite este libre tránsito irrestricto atenta contra la normativa vigente.

También identificó como una limitación al libre tránsito la falta de inversiones en los puertos de Arica y Antofagasta, así como en las carreteras de acceso y demás infraestructura logística.

Según el documento, Bolivia solicitó de forma reiterada la posibilidad de concurrir con inversiones conjuntas, a lo cual se negó el gobierno de Chile.

Añadió que, sin embargo, las radas fueron entregadas en concesión y de forma unilateral a empresas privadas “que lucran con la injusta situación de un enclaustramiento marítimo impuesto al pueblo boliviano”.

Al respecto, el presidente Evo Morales afirmó en su cuenta de Twitter que Santiago busca debilitar la economía boliviana, en alza sostenida desde 2006, y perjudicar las exportaciones e importaciones del país andino-amazónico.

Durante una intervención televisada, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde efectuó un recuento histórico sobre las consecuencias de la Guerra del Pacífico que en 1879 privó a Bolivia de más de 400 kilómetros de costas y unos 120 mil kilómetros cuadrados de territorio, lo cual condicionó su actual situación mediterránea.

Señaló que Antofagasta era el mayor puerto boliviano; “era nuestra conexión con el mundo y dieron un golpe mortal y certero a nuestro comercio exterior”.

Recordó que en 1904, ambos países firmaron lo que consideró “un mal llamado acuerdo de paz y amistad”, por el cual Santiago se comprometió a garantizar un libre tránsito por los puertos del Pacífico y no imponer de manera unilateral ninguna norma, tarifa o regulación arbitraria a las mercancías sin contar con La Paz.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Guillermo Poumont, denunció las pérdidas del sector durante 18 años debido a lo que calificó como arbitrariedades por parte de autoridades chilenas.

Hemos perdido unos 30 millones de dólares por concepto de pago adicional de fletes desde 1998, aseguró Poumont en conferencia de prensa.

El presidente Morales anunció que el canciller David Choquehuanca prevé visitar puertos chilenos para constatar si allí aplican los principios del Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Además, sin precisar fecha, dijo que en esa visita las autoridades bolivianas compartirán experiencias con los transportistas nacionales que regularmente llegan a esas dársenas.

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Manantiales en disputa

Los manantiales del Silala, nacidos en suroccidental departamento de Potosí, también generan fricciones en las relaciones binacionales.

El 23 de marzo, el presidente Evo Morales anunció la defensa de los surtidores, ante el uso ilegal y sin contraprestación que hace Chile de esas aguas.

Santiago sostiene que el Silala es un río internacional que atraviesa la frontera común, mientras La Paz mostró que los manantiales fueron desviados mediante canales artificiales al territorio vecino.

En abril de 2009, ambos gobiernos llegaron a un preacuerdo, en virtud del cual Chile se comprometió a pagar por el uso del 50 por ciento de las aguas de esa vertiente, mientras se realizaba un estudio hidrológico profundo.

Pero el convenio nunca se cumplió y finalmente fue descartado cuando en 2010 ese país decidió interrumpir las negociaciones de una agenda de 13 puntos sobre problemas pendientes, donde se incluían los recursos hídricos compartidos.

Estudios precisan que 180 litros del vital líquido pasan a la nación vecina cada segundo sin que medie retribución alguna, donde son utilizados para abastecer a varias ciudades e, incluso, empresas mineras.

El 8 de junio, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet anunció el establecimiento de una demanda contra Bolivia ante la CIJ relacionada con el uso de los surtidores.

El gobierno de Morales anunció que presentaría una contrademanda al respecto. Días atrás, los agentes de ambas naciones se reunieron en La Haya para determinar los tiempos de presentación de las respectivas memorias sobre el tema.

Como reflejo de la voluntad del gobierno boliviano de buscar estrategias pacíficas para sentar soberanía sobre ese recurso natural, el 19 de junio sesionó en La Paz la primera reunión del Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala.

El agente boliviano ante esa instancia, Eduardo Rodríguez Veltzé, detalló que se analizaron los alcances del recurso legal presentado en la CIJ.

Aseguró que, oportunamente, se darán a conocer las etapas procesales del caso, así como los nombres de los profesionales y expertos que trabajan en el mismo.

Además, consideró posible que los plazos establecidos por el tribunal internacional sean los mismos de la demanda marítima que Bolivia instauró contra Chile ante La Haya, en abril de 2013.

Rodríguez Veltzé insistió en que ministerios e instituciones nacionales laboran de forma coordinada para velar por los intereses del país.

Como parte de las acciones para sentar soberanía, la Cámara de Diputados boliviana sesionará el 4 de julio en áreas de esos recursos hídricos, lo cual consideran un acto de reivindicación.

El diputado Víctor Borda afirmó que la actividad parlamentaria servirá para que el mundo conozca la posición de la nación andino-amazónica en torno a la actitud abusiva de la nación vecina en este tema.

Vamos a sacar algún tipo de pronunciamiento respecto a la demanda que nos ha iniciado Chile, y después presentaremos el documento a la Cancillería del Estado Plurinacional, señaló.

De igual forma, una delegación integrada por movimientos sociales, líderes comunitarios de la zona y autoridades darán la bienvenida el 15 de julio a una comisión parlamentaria chilena que visitará el Silala, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

Pueden venir, nos conviene. Estamos convencidos sobre la utilidad de que ingresen a nuestro lado y comprueben que es manantial y no un río, al igual que el daño ambiental y uso abusivo al medio ambiente, complementó el titular en conferencia de prensa.

Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina

*Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.

 [BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 496 / del 11 al 16 de Julio 2016

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