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En las protestas magisteriales por la instrumentación de la reforma educativa y su sistema de evaluación fallido –el cual se sostiene con un carácter punitivo que sanciona a maestros disidentes, hasta la expulsión y el encarcelamiento de los dirigentes–, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha preferido priorizar las voces de medios de comunicación afines al gobierno, empresarios y burócratas que exigen  reprimir a los manifestantes en lugar de escuchar a los que proponen privilegiar el diálogo y la razón en bien de la educación nacional (escritores, académicos, intelectuales, grupos de la sociedad civil y periodistas).

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En esa disputa por la reforma educativa basada en la imposición y el autoritarismo gubernamental, que ha polarizado a la población y que ya costó la vida de nueve personas, se ha instalado una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en donde las partes siguen muy enfrentadas, en un absurdo del gobierno que se resiste a entender los argumentos del magisterio y en donde las autoridades deberían estar abiertas a escuchar las demandas de un importante sector de la población, y no ver a los maestros como “rivales” sólo por no estar de acuerdo con una evaluación universal que pretende aplicar sin antes convocarlos a cursos y talleres que los preparen para dicho examen.

En esta crisis que mantiene en alerta a todo el país –y de manera principal a los órganos de inteligencia y seguridad pública, que esperan la orden de volver a reprimir a maestros y a la sociedad civil que los apoya– ha vuelto a la escena un pésimo actor, como ha sido desde el principio del conflicto: el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien de manera bipolar se opuso primero a cualquier diálogo y negociación con el magisterio y ahora aplaude que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya sentado a la mesa a los maestros para negociar y tratar de resolver el conflicto que él creó.

Pero aún más, con el propósito de entorpecer las negociaciones, como ha sido su intención desde que tomó posesión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Nuño ha enviado a su “empleado” Juan Díaz de la Torre –presidente charro oficialista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que sirvió por más de 20 años a la exlideresa Elba Esther Gordillo, hasta que fue detenida y encarcelada por corrupción– para involucrarse en las negociaciones bajo el falso argumento de exigir también un nuevo sistema de evaluación educativo, cuando anteriormente había aplaudido y aceptado todas las medidas y condiciones impuestas por los burócratas de la SEP.

El propósito de Nuño y de este líder magisterial corrupto –baste recordar que fue él quien firmaba los cheques millonarios que Gordillo sacaba de las arcas del sindicato oficial– de sentar en la mesa de diálogo al SNTE es involucrarse en las negociaciones y romper los acuerdos para que aumenten las protestas sociales y se dé la represión con la fuerza pública.

Este líder sumiso y corrupto, que pretende sentarse a la mesa de diálogo con el gobierno y los líderes de la CNTE, fue cómplice de Gordillo en el manejo financiero de los miles de millones de pesos, que durante más de 20 años le exprimieron al gobierno federal a través de partidas presupuestales especiales que le entregaba la SEP, por instrucción del presidente en turno (Carlos Sainas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón), así como de las cuotas sindicales que les pertenecían a los maestros y que ella se apropiaba de manera ilícita mediante cheques que firmaba el ahora dirigente del SNTE.

Lo encontrado hasta ahora por las autoridades en cuentas bancarias del saqueo al sindicato magisterial son 2.6 mil millones de pesos, lo cual es apenas una pequeña parte del dinero robado a los trabajadores. Tan visible era el despojo que esos recursos servían como caja chica para las necesidades inmediatas de la maestra: compra de residencias; adquisición de joyas, arte, ropa, zapatos y bolsas; cirugías plásticas, y diversión. Toda la opulencia en la que vivía Gordillo y su familia y de la que Juan Díaz de la Torre era cómplice.

Años después, cuando la exlideresa magisterial fue detenida, Díaz de la Torre la traicionó y en reuniones privadas con el secretario de Educación Pública  entregó información sobre las operaciones financieras que él mismo realizaba y cuyo dinero tenía como beneficiaria final a Elba Esther Gordillo.

Por esa “colaboración” con las autoridades, Díaz de la Torre fue excluido en la denuncia penal por los delitos de fraude, uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada con los cuales acusaron a la exlideresa, a pesar de que Díaz de la Torre junto con el tesorero eran quienes autorizaban y firmaban todos los cheques, así como ordenaban todas las transferencias bancarias de las cuotas sindicales a las cuentas que la maestra decía, para de ahí usar los recursos en lo que ella dispusiera.

Es este líder del SNTE el que ha sido enviado por Nuño para sumarse a la queja de la Coordinadora en contra de la evaluación educativa, que insistentemente el presidente Enrique Peña Nieto ya dijo que por ningún motivo se va a modificar.

Ante los funcionarios de la SEP, Díaz de la Torre “exigió” la “instalación inmediata de un mecanismo de revisión y análisis riguroso de las primeras etapas de evaluación”, a efecto de replantear y redefinir todo el proceso, considerando las observaciones, reclamos justos de los sustentantes y reclamos de la organización sindical, de acuerdo con lo publicado el jueves pasado por el diario Reforma, en una nota de Sonia del Valle.

Entonces mientras Nuño se reúne en lo oscurito con el líder del SNTE, los representantes de la CNTE discuten con el secretario de Gobernación sus demandas de reestructurar el modelo educativo con la inclusión de los maestros y no como se pretende imponerles una evaluación general para todos, que sólo ha conseguido incendiar al país.

Miguel Badillo

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: Oficio de papel]

Contralínea 496 / del 11 al 16 de Julio 2016

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