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La población de adultos mayores, que representa el 10.4 por ciento de la población del país, aumentará en más de 4 puntos porcentuales para 2030, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). Se prevé que este sector aumente a 14.8 por ciento, lo cual incrementará la demanda de servicios de salud, vivienda, pensiones y espacios urbanos adecuados para el libre tránsito de los adultos mayores.

Según estas proyecciones, el sector de los adultos mayores crecerá a una velocidad más acelerada: respecto a 1990 y hasta 2015, la población de adultos mayores se incrementó en 4.2 puntos porcentuales en un lapso de 25 años; con esta nueva proyección, se prevé que este grupo poblacional incrementará en 4.4 puntos porcentuales en un lapso de 15 años.

El Reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015, elaborado por ONU-Hábitat, señala que “las personas con discapacidad y los adultos mayores enfrentan serios obstáculos para trasladarse, ya sea como pasajeros o peatones, además de sufrir maltrato y discriminación. Las acciones para atenderlos se han limitado por lo general a construir rampas la mayoría mal diseñadas y a establecer tarifas preferenciales en el transporte público, las cuales no resuelven sus necesidades”.

Según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, del total de adultos mayores de 60 años, 26 por ciento señala tener alguna discapacidad: 64.7 por ciento reportan dificultad para caminar, subir y bajar usando sus piernas; 41.4 por ciento tiene dificultades para ver, pese a usar lentes; y 25. 9 por ciento tiene problemas para escuchar aunque use aparato auditivo. Asimismo, 36.1 por ciento de los adultos mayores dice tener alguna limitación: 55.4 reporta tener limitación para caminar, subir y bajar usando sus piernas; y 54.5 por ciento tiene limitaciones para ver aun usando lentes.

La especialista en envejecimiento demográfico Verónica Montes de Oca, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), explica en entrevista que “hay toda una política internacional para tener ciudades amigables para las personas mayores, pero en la Ciudad de México eso no se está implementando porque estamos secuestrados por desarrollistas especuladores que lo que están haciendo es construir y construir, lo cual quita accesibilidad. No hay una entidad que realmente vigile que los entornos físicos en los que vivimos en la ciudad sean amigables y puedan prevenir riesgos de accidentes”.

Respecto al acceso a los servicios de salud, según el Censo de Población y Vivienda 2010, el 71.4 por ciento de adultos mayores tenía acceso a estos servicios, pero todavía tres de cada 10 ancianos no era derechohabiente. De los que sí son derechohabientes: 53.4 por ciento está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 28.1 por ciento se atiende con el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que se conforma por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación; el 12.8 por ciento está afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Montes de Oca menciona que “el problema no es el acceso [sino] la calidad del servicio. Y en muchos casos el acceso a las medicinas que, muchas veces, no se proporcionan de la manera adecuada porque los adultos mayores tendrían que tener acceso a medicinas gratuitas, pero muchas veces no existen las medicinas porque el gobierno no las compra, porque no están en la clínica”.

Asimismo, la seguridad social y las pensiones sólo cubren a aquellas personas que cotizaron al sistema de pensiones durante su vida laboral. Según cálculos de la Dirección General de Análisis y prospectiva (DGAP) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sólo el 51.2 por ciento de adultos mayores está afiliado al sistema de seguridad social, 23.5 por ciento tienen algún tipo de asistencia social por parte del gobierno y 25.3 no tiene ninguno de los dos beneficios.

“En México tenemos muchas leyes para adultos mayores pero no necesariamente todas dicen lo mismo, ni tienen la misma perspectiva de protección de los derechos. Tenemos una ley general, pero también hay leyes estatales y a veces no están en el mismo espíritu. Esta ley nacional protege a las personas adultas mayores pero hay una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y México todavía no [la] ratifica y esto es muy importante para potenciar las leyes que existen en el país. (…) En esa medida nos falta mucho por trascender en nuestras leyes”, concluye la investigadora.

Karen Carrillo

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