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Intelectuales, académicos, activistas, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de “la campaña de desprestigio y la brutal represión” que ha desplegado el gobierno federal en contra del movimiento magisterial. Exigieron la liberación de los presos políticos y la cancelación de las órdenes de aprehensión hacia los líderes del movimiento, la instauración de una mesa de diálogo y el cese a la represión y persecución en contra de los manifestantes.

 “Pensamos que las autoridades correspondientes deben apostar al diálogo, reconociendo las justas demandas del movimiento magisterial, y no a la fuerza para solucionar éste y cualquier otro conflicto, sobre todo en un país marcado por la violencia y la impunidad”, expresaron mediante un comunicado.

Pidieron por la instalación de un diálogo resolutivo, pues hasta ahora el gobierno federal no ha atendido a la demanda de diálogo de los representantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quien el documento refiere como el “interlocutor legítimo del movimiento magisterial que rechaza con dignidad la llamada reforma educativa del gobierno federal”.

Melisa Angélica Vértiz Ortiz, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señala, en entrevista, que el documento avala el interés para generar un mecanismo de diálogo como “un espacio de interlocución en el que, de entrada, se está rechazando la reforma educativa”. Precisa que el primer punto del comunicado, sobre la liberación de los presos políticos, pone el acento en aquellas personas que tienen órdenes de aprehensión o que se encuentran en algún proceso por haber participado en las manifestaciones. Y que la petición al cese de la persecución también incluye a las personas hostigadas por mostrar su solidaridad con la movilización.

Explica que las personas involucradas en las movilizaciones “estamos haciendo esta presión hacia el gobierno para que revise la reforma educativa, que evidentemente está lejos de fortalecer una política de estado en materia de educación en México”.

El pronunciamiento fue difundido a través de una misiva firmada por destacadas personalidades del ámbito público como: el sociólogo Pablo Gonzáles Casanova; el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el defensor de derechos humanos, Miguel Concha Malo; el periodista y académico, Carlos Fazio; entre otros.

Además, se suman a esta petición el padre Alejandro Solalinde; el secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza; los escritores Adolfo Gilly y Gustavo Esteva; los políticos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Alejandro Encinas; el periodista Fabrizio Mejía Madrid; el poeta Víctor Toledo, entre otros; más de una lista compuesta por 65 connacionales, 57 internacionales (de 16 países), 17 movimientos nacionales y 80 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Vértiz apunta que el hecho de que haya tantas firmas “habla de que no es algo que solamente sea responsabilidad del magisterio, ni que sólo haya una inquietud del magisterio sino que también ya se está gestando una empatía, pero sobre todo una lucha compartida de distintos sectores de la sociedad. Es una responsabilidad de todos como sociedad y no solamente del magisterio. Como se dice coloquialmente: ‘Tú lucha es mi lucha’ y es la lucha de todos que tenemos que reivindicar que no es algo aislado, es la lucha de la sociedad”.

La CNTE  convocó a una marcha el viernes 17 de junio, que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, para exigir mesas de diálogo con el gobierno federal a fin de debatir la reforma educativa ante el cual se desplegó un cuerpo de 4 mil 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El documento precisa que “cancelar el derecho a la protesta social es, sin duda, característica principal de un Estado autoritario”.

Karen Carrillo

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