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La tendencia a la adopción de políticas educativas para la globalización económica condujo a nuevas relaciones laborales entre el Estado y los docentes, que han ido deteriorándose en la medida que lo educativo ya no se concibe como un proceso de humanización y se convierte en una relación de consumo, donde los maestros son simples insumos para la producción de la educación como mercancía.

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Siguiendo esa corriente, desde hace 30 años se produjo en México una serie de transformaciones administrativas, políticas, jurídicas y pedagógicas que impulsaron la educación para el libre mercado. En algunas entidades de la república se realizaron ciertas particularidades; tal es el caso del estado de Morelos donde iniciaron varios programas piloto, como el de informática y el de inglés en el nivel básico, los cuales demandaron profesores con esos perfiles específicos para atender estas modalidades.

El Programa de Inglés en Morelos, que abarca 443 escuelas primarias y nueve preescolares, ha sido mostrado como una medida ejemplar, merecedora de reconocimientos nacionales e internacionales, cuenta con la certificación de ISO 9000 desde el 2011, ha recibido menciones durante la Tercera Reunión Nacional de Coordinadores de Programas de Inglés para educación primaria y le asiste el Consejo Británico, el cual recomienda su implementación en todo el país; sin embargo, pesa sobre él el estigma de ser un modelo educativo que ha crecido al amparo de la explotación de los docentes que le han dado vida.

A los docentes de este programa modelo no se les paga aguinaldo completo, no tienen plaza presupuestal, ganan en promedio la mitad de una plaza base, no tienen acceso a ningún estímulo; por ejemplo, el de antigüedad, aun cuando algunos han trabajado por más de dos décadas, tampoco tienen compensaciones de ningún tipo, de forma que su ingresos se ven afectados constantemente porque la docencia en inglés es sumamente demandante para la compra de materiales didácticos.

Los maestros habían sido contratados temporalmente por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos para el pilotaje del Programa de Inglés, pero ya han pasado más de 20 años y continúan en la misma incertidumbre laboral. Lo que había sido una excepción, ahora es la regla contractual para los nuevos docentes que ingresan al programa.

Su condición es tan precaria que se les ha negado como “trabajadores al servicio de la educación” y en su defecto son contratados bajo el engañoso concepto decontratos por honorarios”, muy similar al de “prestadores de servicios” que realizan los profesionistas particulares como los abogados o los contadores, pero que no tienen ningún efecto en la obligación de quien los contrata para garantizar las prestaciones de ley, es decir, derecho a jubilación o servicios de salud, entre otras cosas.

Morelos y su Programa de Inglés no son una isla en el mar de arbitrariedades; otros programas estelares de la Reforma Educativa como las Escuelas de Tiempo Completo han incurrido en las mismas violaciones laborales; al subcontratar personal para complementar la jornada educativa, estos trabajadores no pasan por el Contrato Colectivo, no se sujetan a las Condiciones Generales del Trabajo, tampoco han ingresado al nuevo Servicio Profesional Docente por medio del examen nacional, no los ampara prácticamente ninguna ley promulgada por el mismo estado que los utiliza para desempeñarse en el sistema de educación pública.

Preocupan también la condiciones laborales en lugares como Baja California Sur, en los cuales uno puede encontrar escuelas primarias con una planta docente de profesores donde el único que tiene una plaza de base o fija es el director, los demás han renovado trimestral o semestralmente contratos que no les generan ninguna estabilidad en el empleo. Para estos trabajadores eventuales, que los hay por todo el país, los periodos que deberían ser vacacionales y para el disfrute recreativo del tiempo libre, en realidad son una pesadilla, porque se convierten en intervalos de desempleo en los que no reciben salario alguno.

En otros casos, aunque el nuevo Servicio Profesional Docente es una medida regresiva en educación básica, para los docentes de varios estados de la República pertenecientes al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la posibilidad de obtener un contrato de más de 6 meses por medio de este mecanismo representa un pequeño avance, pero pone en contradicción al objetivo principal de la autoridad educativa, es decir, el despojo total de cualquier resquicio de estabilidad en el trabajo, así que decidieron no permitirles participar en él.

La lógica que orienta el Servicio Profesional Docente no ha sido pensada para escalar en los derechos laborales de los maestros; por el contrario, sigue la tendencia universal de todo el sistema educativo, desde el nivel básico hasta el superior, que se encamina hacia la precarización del trabajo y si algún programa o subsistema está más cerca del punto último de descenso al que deben llegar todos los docentes, no hay regreso sin la organización decidida del trabajador para luchar por su derecho, más bien se convierte en el modelo de despojo a seguir.

Es así que hoy se libran batallas campales, jurídicas y políticas por toda la nación, no sólo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es el sector más visible: también las llevan a cabo los agremiados al Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Suacobaej) que por el número de cesados, alrededor de 100, quizás sea el caso más grave de violaciones laborales a una sección estatal por oponerse a la Reforma Educativa.

El caso de los docentes del Colegio de Bachilleres es emblemático, porque encendió la maquinaria represiva del gobierno tricolor en el bajío mexicano a raíz de que puso al descubierto los verdaderos mecanismos para suplantar a los docentes; no serán relevados conforme a la nueva ley, sino por relaciones clientelares con los afanadores de las campañas priístas, por citar un ejemplo, que ya aparecen como sustitutos de los docentes injustamente despedidos.

Los docentes del Programa de Inglés, en su caso, han entablado movilizaciones y acciones jurídicas desde al año 2011; en este justo momento están en medio de un proceso legal en el que se encuentran a punto de ganarle a Morelos el reconocimiento de 20 años de servicio como trabajadores con las prestaciones de ley que eso implica, pero en las circunstancias en las que operan las formas de disuasión hacia quienes se atreven a desafiar al gobierno de Graco Ramírez, su preocupación y la de sus defensores legales José Lenin Velázquez y Pedro Ponce Bello, se ha trasladado a la antesala de un nuevo escenario más preocupante que lo laboral, el de la posibilidad de perder su propia libertad.

Sólo hemos situado algunos casos de violaciones sistemáticas contra el derecho humano al trabajo que respalda a las y los maestros mexicanos, pero si pudiéramos hacer un mapeo por todo el país, nos daríamos cuenta que se construye un denominador común que comenzó hace varias décadas en los sectores del magisterio más vulnerables, y que se agudiza en los menos propensos a la organización social, víctimas de los sistemas de control y sometimiento ejercidos desde los gobiernos estatales más totalitarios y las secciones sindicales pro patronales. Sin embargo, en esta coyuntura política de movilizaciones contra el proyecto neoliberal, protagonizada por el magisterio, se dan las condiciones para que todos coincidan en una latente rebelión magisterial que ya está en puerta.

Lev Moujahid Velázquez Barriga

*Doctor en pedagogía crítica y educación popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN ARTÍCULO]

Contralínea 491 / del 06 de Junio al 11 2016

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