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El proceso electoral del 5 de junio está inmerso en graves riesgos incluso para la seguridad nacional, debido a la penetración de los miembros del crimen organizado en el 40 por ciento de los políticos que participarán en la contienda y en un escenario en donde diversos factores configuran a México como un narcoestado y frente a la falta absoluta de alternativas políticas y de soluciones de sus problemas básicos de la población del país.

Habla el politólogo, filósofo y especialista en seguridad nacional Emilio Vizuarreta Rosales, quien advierte que el país está en una situación lamentable de riesgo porque cada vez que hay un proceso electoral se incrementa la escalada de violencia.

“Hay que decirlo con mucha responsabilidad pero con mucha firmeza: tenemos un grado aproximado de un 40 por ciento de narcopolítica, y es una situación que no podemos darnos el lujo de permitirnos pensar siquiera que no existe; no solamente es un tema que están tratando los distintos actores en las entidades; no es un tema de candidatos; no es un tema de partidos, no es un tema de campañas de lodo. No. Es un tema, dicho con toda la expresión, de seguridad nacional, porque está afectando la estabilidad y la participación de la democracia de los ciudadanos en México”.

Advierte que existe una intervención de la delincuencia organizada que está generando situaciones de narcoelecciones que deviene en una especie de narcopolítica en este proceso electoral.

La violencia, la inestabilidad y la pobreza son variables que en un escenario de inseguridad nos ponen en una situación de estado de indefensión social, política, jurídica. Y “lo más grave que hemos visto” en Tamaulipas, Veracruz, el triángulo dorado: Chihuahua, Durango, Sinaloa. Son los cinco estados donde en alguna medida había una especie de granero electoral para los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) que en este momento entraron en inestabilidad por el tema de delincuencia y de pobreza.

Esto significa que los programas dedicados a resolver estos asuntos no han tenido el resultado deseado. “El caso es difícil porque entonces entramos en una estrategia de campaña electoral de carácter mediático que lo único que está haciendo es volver a revolver o a tocar las heridas en el tejido social”.

Por ejemplo, en términos estrictos los dimes y diretes en cada uno de estos estados de que los candidatos, los representantes de partidos o las dirigencias tienen vínculos con la narcodelincuencia  ponen en entredicho realmente la seguridad de la propia elección en los estados. Si eso ocurre a nivel gobernador, a nivel municipal el tema se reproduce como un efecto en cascada y entonces se vuelve realmente insostenible para ninguna política pública.

“No quiero decir que estamos a un paso de la revolución social o a un paso de la invasión o de la presencia de cascos azules como se llegó a mencionar. No, pero el grado de blindaje que antes se tenía en procesos electorales, fuera un blindaje social, fuera un blindaje jurídico o electoral, en este momento está socavado.”

El especialista señala que los partidos van a ir a una elección en los estados donde hay situaciones realmente endebles, “en donde no sabes si los candidatos el día de mañana sean legisladores o ejecutivos municipales o estatales están vinculados, controlados por la delincuencia y entonces vamos a tener un problema grave”.

Vizuarreta Rosales expone que toda vez que los cárteles se incrustaron en las áreas del gobierno y en el tejido social, ya cada vez es más difícil señalar que los narcodelincuentes (que en algún momento se llegó a considerar de un tamaño de 2 millones en la población). Se considera que tienen vínculos directos e indirectos con una población cercana a los 10 millones.

Para el investigador, estamos ante un narcoestado. “No solamente es un tema de un grupo aislado, ni del gobierno, ni de la sociedad: la delincuencia organizada entró en una faceta en donde se involucró con la sociedad y se involucró con autoridades locales y en algunos casos federal. Se han señalado, están los registros, los señalamientos, las prácticas”.

Aclara que no se trata de un Estado fallido, no estado débil. “No. Una parte del Estado se está inclinando hacia intereses perversos, delincuenciales. Están socavando literalmente la fuerza social”.

Agrega que “lo que estamos teniendo en el fondo es la pérdida del estado de derecho. El tema se vuelve complejo, deja de ser un tema de seguridad pública porque se trata de un poder de facto que estaría rebasando el poder nacional del país”.

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