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El éxito de un país se mide por la eficacia de su sistema de seguridad social. En Estados Unidos, la crisis de su sistema de salud ha sido, en cada elección, materia de debate por parte de los políticos.

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En España, la debacle de su sistema financiero e inmobiliario se transformó en un cisma que colocó a este país en una difícil situación para responder con el nivel y calidad de vida que había prometido a sus ciudadanos. David Stuckler y Sanjay Basu en su libro El costo humano de las políticas de recorte, por qué la austeridad mata, documentan cómo los recortes que se presentaron después de la crisis de 2008, a raíz de la debacle de las hipotecas subprime, generaron retrocesos muy graves en España. En México, lamentablemente, ya se presenta un fenómeno similar: desde 2012 se agudizaron los problemas de falta de recursos.

Primero, fue la corrupción y después de los recortes al gasto público para programas sociales. En 2016 se recortó en 2.2 por ciento el presupuesto para el Seguro Popular, el programa insignia de la cobertura universal. Para la Secretaría de Salud, el presupuesto que distribuye entre las entidades federativas luego de que la crisis del sistema de salud de Tabasco, generó cambios a la Ley General de Salud, el recorte fue de 5.12 por ciento.  El catálogo de intervenciones y enfermedades que cubre el Seguro Popular se detuvo y el objetivo de lograr la cobertura universal y mayor atención para enfermedades crónicas también está en riesgo.

En México, de acuerdo con la OCDE, el gasto en salud equivale al 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) mientras que el promedio de inversión en sistemas sanitarios de los países de ese organismo multilateral es del 9 por ciento.

Ante la caída en los precios del petróleo, el gobierno mexicano tuvo que acudir a los recortes que ejecutó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Poder Legislativo aprobó el escenario y montos propuestos sin que, hasta ahora, se presente una adecuada rendición de cuentas. El Centro de Análisis e Investigación, Fundar, publicó un estudio en el que pide una respuesta al Poder Ejecutivo y Legislativo sobre las consecuencias de los recortes de los servicios de salud.

¿Qué sucedió en España?

La situación en otros países no es diferente. En España, como parte de una de las reformas que impulsó el gobierno de Mariano Rajoy, el Parlamento no protagonizó un debate sobre este tema y emitió un real decreto para redefinir que el acceso a la atención médica está reservado a los ciudadanos no a los residentes, con lo que se excluyó a la población de trabajadores inmigrantes indocumentados. También se aprobó una reforma del sistema sanitario para incrementar las aportaciones de los usuarios por la atención médicas. Las consecuencias, según la investigación de Stucler y Basu eran totalmente previsibles: En 2007, el 0.1 por ciento de la gente se declaraba incapaz de acceder a la asistencia médica por resultarle demasiado cara.

Este porcentaje en pocos meses aumentó a 0.4 por ciento, al menos 180,000 personas.  Los ricos de Europa y España no padecieron esta situación; fueron los pobres por que el 20 por ciento de la población con mayores ingresos no perdió la asistencia médica; es más la refrendó porque estuvo convencida de que la cobertura en este tema resulta invaluable. En cambio, el 80 por ciento con menores ingresos experimentó algún tipo de desatención de sus necesidad sanitaria. El tiempo de espera para las operaciones quirúrgicas en España aumentó 40 por ciento, lo que supuso un incremento del riesgo de empeoramiento de la salud que será más costos y riesgoso de enfrentar en un futuro.

¿Qué viene en  las estadísticas de la salud?

Ahora, el gobierno mexicano busca revertir la caída en el porcentaje de la población con cobertura de servicios médicos al afiliar a jóvenes que cursan educación básica y superior. El registro es gratuito porque el costo y riesgo de esta población es muy bajo. ¿Por qué el gobierno mexicano no afilia a personas mayores de 50 años entre quienes el riesgo de un problema de salud es mayor? En España, las cifras muestras que el descuido de las políticas públicas de salud provocó el aumento de los suicidios, del alcoholismo y la desatención de las necesidades sanitarias y la mortalidad de las madres. A través del IMSS que lleva Mikel Arriola se ofrece ya la cobertura para los estudiantes. Buenas intenciones pero como vemos el impacto es poco.

Claudia Villegas

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: IQ Financiero]

Contralínea 487 / del o9 al 14 de Mayo 2016

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