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La estrategia de seguridad Escudo Yucatán contribuiría a un estado de indefensión ciudadana ante acciones policiales, expresaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) a través de un comunicado conjunto. El 3 de mayo hubo una confrontación entre habitantes de Chablekal, Yucatán, ante la intervención de policías estatales en el desalojo de Salvador Euan Chi, de 95 años de edad, de su casa.

La estrategia fue presentada por el gobernador, Rolando Zapata Bello, en marzo. Con ésta se pretende endurecer las penas a delitos como robo a casa habitación. El centro de derechos humanos Indignación, AC, por su parte, emitió un comunicado en el que valora esta acción como contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos por anular el derecho a enfrentar su juicio en libertad bajo caución incluso a personas que hayan robado sin violencia y sin importar el monto.

El EZLN y el CNI consideran en su comunicado que el abuso de autoridad y los delitos que derivan de ello se enmarcan en el contexto de la implementación del Escudo Yucatán. Especifican que el trato a los grupos críticos a la actuación policial es una de las “desviaciones” que se deberían analizar antes de su imposición.

La estrategia se pondría en marcha si la mayoría calificada del Congreso aprueba la propuesta de 1 mil 500 millones de pesos por medio de la monetización de recursos de dos fondos federales. De acuerdo con Alfredo Dájer Abimerhi, secretario de administración y finanzas de Yucatán, en entrevista con la sala de prensa del gobierno estatal, esto representaría que se adelantara dicho monto del presupuesto, lo que representa el dos por ciento de lo que el estado calcula recibir de ambos fondos durante los próximos 13 años.

Indignación señala en su comunicado que, de concretarse, ésta sería la mayor deuda en la historia de Yucatán y que “ha habido reticencia al informar el destino de la deuda que se quiere asumir”. También expresaron en su comunicado que ni el gobierno de Yucatán, ni el congreso del estado han hecho públicos los documentos que discuten del Escudo Yucatán.

Los hechos del 3 de mayo se registraron cuando pobladores intentaron impedir el desalojo, ante lo cual los agentes policiales respondieron con por lo menos 40 granadas de gas lacrimógeno. Jorge Fernández Mendiburu y Martha Capetillo Pasos, colaboradores del centro de derechos humanos Indignación, AC, fueron golpeados y esposados de manera agresiva, de acuerdo con el comunicado.

Además de ellos fueron arrestadas cuatro personas: Pedro Euan Flores, Alfonso Tec, Pedro Euan Santana y un joven de 15 años. Pasado el plazo de 72 horas en que podían ser retenidos, todos habían sido liberados. El comunicado indica que la incidencia de la policía en el arresto arbitrario de los defensores de los derechos humanos es un intento de intimidación tanto para los activistas como para los pobladores, que se han organizado para defender su territorio y recursos naturales.

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