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En solidaridad con la periodista Sanjuana Martínez, y en repudio del proceso en su contra iniciado por el perredista Jesús Ortega, diversos medios de comunicación, reporteros y defensores de derechos humanos se reunieron en el Club de Periodistas de México.

La mesa integrada por Ana Cristina Ruelas, representante de Artículo 19; Sergio Méndez Silva, abogado de la organización Justicia Pro Persona; Jorge Fernández Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi); Pedro Canché, periodista encarcelado durante meses por el gobierno del priísta Roberto Borge; Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas de México, AC, y la propia Sanjuana Martínez, denunció las violaciones al debido proceso en la demanda presentada por el líder de Nueva Izquierda en represalia por los textos intitulados Infierno en el Cadillac: sexo, poder y lágrimas y Consumidores de sexo comercial, publicados en diciembre de 2013 en el portal SinEmbargo MX.

A partir del expediente elaborado por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sobre el caso de trata de personas con fines de explotación sexual en el Cadillac, Sanjuana Martínez publicó los testimonios de las víctimas, incluido uno que señaló directamente a Jesús Ortega como un asiduo cliente del antro propiedad de Alejandro Iglesias Rebollo.

El expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y esposo se la senadora Angélica de la Peña ?presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta?, reviró con una demanda por “daño moral” pues, según Ortega, los trabajos periodísticos habrían afectado su “prestigio” y su “carrera” política.

La querella la presentó en Monterrey, pero después fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ?presidido por Edgar Elías Azar?. Así el expediente se “perdió” y la periodista no volvió a saber del caso sino hasta que Jesús Ortega celebró públicamente su triunfo judicial.

“El Tribunal está coludido con el poder público”, asentó Sergio Méndez Silva, a la vez que anunció la presentación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el caso. Sin embargo, agregó el abogado, “nos preocupa que Perla Gómez [presidenta de la CDHDF] no haya iniciado de oficio una investigación”.

Tras los llamados al respeto al debido proceso, las alertas sobre las implicaciones del caso en libertad de expresión y derecho a la información, la queja por la regresión porfirista, y la denuncia de persecución contra la periodista, Sanjuana Martínez concluyó remarcando el peligro en el que se encuentra y nombrando a “los responsables si algo le pasara” a ella o a su familia: Jesús Ortega Martínez y Angélica de la Peña Gómez.

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