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Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.

zona-cero-486-aDel total de estas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 140 se han dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución responsable de dos de las Fuerzas Armadas: el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Sí, la Sedena –a cargo del general de división diplomado de Estado Mayor Salvador Cienfuegos Zepeda desde que asumió Enrique Peña Nieto la Presidencia de la República– ha tenido que hacer frente al 80.45 por ciento de las violaciones documentadas. La Sedena cuenta con alrededor de 250 mil elementos.

Lo preocupante no es el número de observaciones. Muchas de las quejas interpuestas ante la CNDH –por motivos múltiples– no llegan a convertirse en recomendaciones. Lo que sorprende es una clara constante: 1) militares privan de la libertad a víctimas (sean delincuentes o no); 2) militares no presentan ante el Ministerio Público o el Poder Judicial a las víctimas (generalmente las retienen en cuarteles sin que la autoridad civil sea formalmente avisada); 3) militares “interrogan” (torturan) a las víctimas (la agresión puede ser también de tipo sexual); 4) militares privan de la vida a las víctimas, y 5) militares ocultan o intentan borrar todo tipo de evidencias de su participación en los hechos.

Se trata de un modus operandi. Es el horror revisar las recomendaciones y, a través de ellas, conocer las historias de mexicanos víctimas de “sus” Fuerzas Armadas. Los casos se multiplican por toda la geografía nacional. De las 140 recomendaciones a la Sedena, en 107 se advierten que se cumplen, al menos, tres de los pasos del modus operandi que hemos señalado. Es escandaloso saber que en la mayoría de ellos, los militares se llevaron a los cuarteles a las víctimas, lugar donde fueron torturadas.

De este modus operandi, el caso más reciente de la Sedena –documentado por la CNDH– se emitió en octubre de 2015. Los hechos ocurrieron en 2009. En la síntesis se señala que “elementos del Ejército Mexicano detuvieron injustificadamente a tres de las víctimas […] mismas que fueron trasladadas a instalaciones militares siendo objeto de tortura”.

La madre de las víctimas inició la queja cuando sus hijos “se encontraban arraigados en el 28 Batallón de Infantería, y durante su detención y retención ilegal habían sufrido diversos abusos, incluyendo toques eléctricos, golpes, maniobras de asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, daños físicos causados en dedos y uñas, heridas en la mandíbula y maltrato sicológico”, se lee en la recomendación.

El caso es sólo una muestra de lo que la CNDH ha documentado hasta superar la centena. Los militares parecen actuar como si ésas fueran las políticas que se siguen normalmente. ¿Cuántos casos se quedan sin salir a la luz pública? ¿Cuántas personas están hoy detenidas ilegalmente en los cuarteles militares? ¿Cuántos mueren ahí sin que se entere nadie? Las recomendaciones de la CNDH son elocuentes. Por ello no bastan las disculpas del general secretario. Si, en serio, se compromete con los derechos humanos, que abra los cuarteles, en especial el del 27 Batallón de Infantería, situado a unos metros de donde desaparecieron los 43 alumnos de Ayotzinapa. Luego de conocer el modus operandi de militares mexicanos, los estudiantes sí pudieron haber sido conducidos a esas instalaciones castrenses.

Fragmentos

¿Y qué pasó con el “clamor” por que se “recuperara” (para la burocracia universitaria) el auditorio Che Guevara? ¿No que la “comunidad” de la “máxima casa de estudios” del país avalaba, incluso, la entrada de la fuerzas policiacas con tal de que se desalojara a los colectivos que lo ocupan? Luego de semanas de campaña en medios de comunicación, cámaras empresariales y foros con legisladores y otros funcionarios, el “clamor” se diluyó. En realidad quedó en evidencia que se trataba de una petición creada artificialmente cuando la organización “estudiantil” convocante al desalojo no pudo realizar ni un mitin por falta de quórum. Por cierto, ¿cómo se llamaba esa “organización” que se trató de incrustar en la Facultad de Derecho? Ah, Orgullo UNAM (sic). ¿Y cómo se llamará uno de los “ejes rectores” de la política que oficialmente llevan en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los de la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACU)? Sí: Orgullo universitario. Pero no pensemos mal. Seguro es una coincidencia, porque esas instancias nada tienen que ver con el porrismo ni la contrainsurgencia en la UNAM.

 

 

 

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