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Al descrédito y desgaste acumulados en que metieron a la Procuraduría General de la República (PGR) en los primeros 3 años de gobierno, cuando su entonces titular Jesús Murillo Karam inventó la “verdad histórica” de Ayotzinapa sobre los 43 normalistas rurales desaparecidos (que afortunadamente le valió su renuncia), ahora se suma el injustificado acoso que la sucesora Arely Gómez ha ordenado en contra de la actriz Kate del Castillo, por reunirse con Joaquín Guzmán, el Chapo, en busca de una producción fílmica, así como la nueva arbitrariedad de abrirle un expediente penal al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, por el supuesto delito de fraude por 2 millones de dólares.

oficio-papel--482El mismo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, calificó como “no sería” la acusación en contra de Álvarez Icaza, interpuesta por el derechoso José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal; sin embargo, a la procuradora Gómez le pareció adecuado o simplemente siguió instrucciones, para darle celeridad a esa denuncia penal que busca continuar el golpeteo gubernamental en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que han puesto en jaque las indagatorias oficiales sobre los 43 estudiantes desaparecidos.

Mientras que la abogada de la nación pierde el tiempo en perseguir a inocentes, hay varios casos delicados que esperan respuesta en la PGR y que simplemente no avanzan por diversos motivos. Por ejemplo, una pulcra investigación, como nos tiene acostumbrados la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre un caso de lavado de dinero y defraudación fiscal en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, alias el Mai, dedicado a la venta de facturas apócrifas para que empresas y personas públicas puedan justificar gastos ante el fisco, así como la instrumentación de agresivos esquemas operativos que les permitan ocultar dinero y eludir el pago de impuestos.

Pues resulta que la UIF, a cargo de Alberto Bazbaz, presentó la querella respectiva ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde da cuenta de todas las operaciones financieras de Álvarez Puga y del manejo sucio que hace con “sus empresas” para ocultar dinero mal habido de políticos y empresarios y uno que otro miembro de la delincuencia organizada –aunque a ves son los mismos–, mediante la creación de decenas de empresas fantasma y de cuentas bancarias volátiles que desparecen a la menor investigación, pero antes son utilizadas para triangular recursos y bancarizar el dinero.

A pesar de la evidencia de manejos ilícitos de recursos de dudosa procedencia, la SEIDO determinó el “no ejercicio de la acción penal” y archivó la querella de la UIF, pero igual de grave fue que esta Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dirige Luis Videgaray, omitió inconformarse –al igual que la Procuraduría Fiscal de la Federación– por la decisión injustificada de la PGR.

Aunque el responsable de ordenar el cierre de dicho proceso penal fue Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien hasta septiembre pasado se mantuvo al frente de la SEIDO, fue su sucesor Gustavo Salas quien debió firmar el no ejercicio de la acción penal porque, aseguran en la PGR, “no se reunían los elementos suficientes para consignar el expediente ante un juez federal”; es decir que la UIF habría hecho una mala integración de la información y recopilación de pruebas, lo cual es muy poco probable, por lo que la procuradora Arely Gómez debería poner atención en estos sensibles casos que sólo confirman la impunidad y negligencia en la impartición de justicia y la corrupción y los sobornos al interior de la PGR.

En su descargo, la PGR sostiene que al margen de esa querella de la UIF que fue desechada, hay otra averiguación previa abierta en la SEIDO en contra del mismo sujeto, Víctor Manuel Álvarez Puga, por el delito de blanqueo de capitales. De ser cierta esta información que proporcionaron fuentes de la PGR, a ver si ahora si esa Subprocuraduría hace bien su trabajo y finalmente se procesa a ese empresario que ya debe muchas.

Otro de los muchos casos que la PGR deja de investigar por distintos intereses ajenos a la impartición de justicia, es una denuncia penal en contra del gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, a quien pobladores de aquel estado acusaron desde 2014 de peculado, enriquecimiento ilícito, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, pero como es parte de la estructura priista, la PGR ha congelado el expediente.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la PGR el 23 de septiembre de 2014, el gobierno de Duarte habría cometido violaciones a las normas relativas a la transparencia en el origen y procedencia de recursos ilícitos para la constitución de una institución bancaria, Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, cuya autorización para su funcionamiento está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La acusación la presentó el abogado Jaime García Chávez, quien sostiene que Duarte participó en actos de corrupción al utilizar recursos públicos para su beneficio personal, al celebrar actos jurídicos dentro de un proceso de maquinación fraudulenta de la ley y de recursos económicos que administra.

“Han sido los medios institucionales bancarios utilizados por el gobernador de Chihuahua, como instrumentos para maquinar una parte de su enriquecimiento ilícito que se deriva de utilizar los recursos económicos del Estado en beneficio propio y de su esposa, así como de los funcionarios que en complicidad con César Horacio Duarte Jáquez, han propiciado e instrumentado el engan?o a las autoridades financieras del país para lograr dicha fusión, dado que su pública participación como impulsor de la fusión de las empresas citadas y la consecuente creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, la distracción y utilización de recursos económicos del Estado para la publicidad de la autorización del nuevo banco como logro de su gestión gubernamental, ocultando ante la población chihuahuense su haber accionario del capital social del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, y que toda esa maquinación delictiva, bajo el disen?o de actos jurídicos de aparente legalidad, no tenía otro fin que obtener su propio beneficio, por fusionarse también en él los roles de gobernador y socio de la empresa bancaria mencionada, con un evidente conflicto de intereses en razón de las decisiones de carácter financiero que como gobernador tomó en beneficio de las instituciones financieras que se fusionaron y por ende en el suyo propio así como de sus allegados y cómplices, que ahora son socios del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV”.

En lo que se refiere a la mencionada participación accionaria tanto de César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, la denuncia asegura que se deriva del Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público número 6, en noviembre del 2012. En ese contrato, los fideicomitentes César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong aportaron 65 millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) siguiendo sus instrucciones realizara la adquisición de acciones del banco (Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV).

En más de 1 año, este expediente que aporta pruebas sobre supuestos actos de corrupción del gobernador de Chihuahua se mantiene congelado en las oficinas de la procuradora Arely Gómez.

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