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Las organizaciones de derechos humanos que conforman la Red de Alerta Temprana expresan, a través de un comunicado, su preocupación por el asesinato del luchador social Juan Carlos Jiménez Velasco la semana pasada. Solicitaron al gobierno federal y al gobierno de Chiapas su intervención urgente en la “ejecución extrajudicial”.

El dirigente de la Confederación Independiente de Organizaciones, AC, (CIOAC), Juan Carlos Jiménez Velasco, de 35 años, fue asesinado de nueve balazos el jueves 24 de marzo por personas no identificadas. El cuerpo del dirigente se encontró dentro de un vehículo Volkswagen Sedan en la prolongación de la calle Francisco León, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El también maestro había denunciado que 20 días antes había recibido amenazas de muerte y persecución que se habían extendido hacia su familia sin que las autoridades le brindaran las medidas de protección correspondiente.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denuncia, a través de un comunicado, que el hostigamiento era por parte de integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), encabezado por el líder indígena Narciso Ruíz Sántiz, vinculado a Marco Cancino González, alcalde de San Cristóbal de las Casas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los enfrentamientos entre los dos grupos se habían presentado desde finales del 2015: en agosto fueron desalojadas 37 familias del predio por un grupo perteneciente a Almetrach; sin embargo, mantuvieron retenidas a otras 20 y cuando CIOAC intentó ingresar al lugar se desató una riña que dejó dos heridos. La confederación denunció que a pesar de que empezó un seguimiento legal de los hechos, las autoridades se han mantenido al margen de la problemática.

Las organizaciones que conforman la Red de Alerta Temprana señalaron que la familia de Juan Carlos Jiménez Velasco fue una de las 50 familias expulsadas de su casa en la colonia Santa Catarina. El desalojo fue encabezado por integrantes de la Almetrach y derivó de una orden del ayuntamiento local, presidido por Marco Cansino.

El comunicado explica que el desalojo se dio después de que la colonia Santa Catarina hizo la recepción de la comitiva de la Caravana Sur de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ante esto, se logró una mesa de negociación para que las familias pudieran volver a ocupar el predio. Los terrenos se encuentran actualmente en un proceso de negociación con el gobierno del estado y el gobierno federal para la obtención de títulos de propiedad.

Mariano Jiménez, líder de la misma organización y padre del occiso, denunció que un día antes de la muerte de Juan Carlos, otro de sus hijos fue víctima de persecución.

La disputa se ha desarrollado por los terrenos de más de 20 hectáreas que pertenecen a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), otrora Instituto Nacional Indigenista (INI), y que fueron invadidos hace más de tres años por los integrantes de la CIOAC para formar la colonia Santa Catarina.

En conferencia de prensa, Rebeca Silvia Pérez López, viuda de Jiménez Velasco, exigió el arresto de Narciso Ruiz Sántiz porque “ya había amenazado diciendo que iba a pagar a sicarios” para asesinar al líder de la Confederación. Ahí mismo hizo un llamado a las autoridades para que tomen las medidas de seguridad correspondientes, pues dijo temer por su vida al igual que las otras 50 familias que luchan por los títulos de propiedad.

Además de liderar la lucha por el retorno de las 50 familias a la colonia Santa Catarina, Juan Carlos Jiménez participó activamente en la lucha del magisterio contra la reforma educativa y se pronunció a favor de la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

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