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Para el cumplimiento de los servicios que presta el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al Estado mexicano, no hay política de austeridad que valga. Y es que estamos hablando de los servicios de inteligencia civil para preservar la “¡seguridad nacional!”: la palabra mágica con la cual todo se justifica, desde la entrega de millonarios recursos hasta la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los mismos.

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Los agentes y los funcionarios de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) –siempre secretos, aunque muchos de ellos no realicen labores operativas– dispondrán en este año de 63 millones 104 mil pesos para el desempeño de sus trabajos. No estamos hablando, por supuesto, de sus sueldos, prestaciones, seguros y demás prebendas a las que tienen “derecho” (esos recursos suman más de 2 mil 700 millones de pesos… por cierto, aquí no hay locutores que despotriquen contra lo oneroso que resultan las prestaciones de quienes laboran para este tipo de instituciones y que las hacen “inviables”). Tampoco, de las erogaciones en papelería, equipos de cómputo y demás gastos de oficina. Estamos hablando de los viáticos que requerirán en cada uno de sus lances por la protección de la “nación”.

Sólo en pasajes gastarán antes de que finalice 2016 casi 19 millones y medio de pesos: 14 millones 908 mil pesos para el pago de “pasajes aéreos internacionales”, además de 4 millones 339 mil pesos para “pasajes aéreos nacionales”. También erogarán 167 mil pesos por concepto de “pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión” y otros 70 mil pesos consignados sólo como “pasajes terrestres nacionales”.

En el documento Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 2016 –elaborado por la Dirección General Adjunta de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de la Segob– se especifica también que antes de que concluya el presente año los servidores públicos del Cisen habrán erogado otros 15 millones 611 mil pesos en el difuso concepto de “servicios integrales nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”.

No es todo. También dispondrán de 8 millones 982 mil pesos para pagar el seguro de los automóviles que utilizan y otros 8 millones 178 mil pesos para el “mantenimiento y conservación de vehículos terrestres”. Asimismo, destinarán 24 mil pesos al pago de estacionamientos. Adicionalmente, erogarán 8 millones 863 mil pesos para el seguro de los bienes muebles e inmuebles con los que cuentan.

Además, nuestros duchos agentes participarán en “congresos y convenciones”. Se ha previsto que gasten 1 millón 850 mil en estos menesteres. Y aunque en las oficinas centrales de Contreras cuentan con una cocina donde se sirven manjares que ya quisiera el agente Simonini de El cementerio de Praga (como lo documentamos en otra entrega), los “servidores públicos de mando en comisiones oficiales” dispondrán de 112  mil pesos para “gastos de alimentación”.

Fragmentos

En el gobierno federal decidieron que los enemigos del sexenio serían los maestros. La reforma laboral-administrativa –a la que llaman “reforma educativa”– está estancada por haberse aprobado sin consenso con los principales afectados. Y ahora, en una carrera hacia delante, el gobierno de Peña Nieto –en voz del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y “precandidato” a la Presidencia, Aurelio Nuño– anuncia que cualquier persona con licenciatura de lo que sea podrá dar clases. Buscan acabar desde la raíz con lo que consideran un problema: el magisterio. Según las disposiciones que entran en vigor en este año, cualquier título de licenciado (de universidades públicas y privadas) servirá para concursar por una plaza. Es claro que lo que buscan los tecnócratas que despachan desde la SEP es la desaparición de todas las normales del país, rurales, indígenas, urbanas, federales y estatales… Lo que deja en claro la medida, es la ignorancia y el menosprecio con que los gobernantes (y medios que les aplauden) tratan al normalismo. Como si la pedagogía y la educación se aprendieran en cursillos exprés y el proceso de enseñanza-aprendizaje en escuelas de primaria y secundaria no requiriera de una formación seria… El choque de trenes entre el gobierno (y sus aliados: cámaras empresariales y consorcios mediáticos) y los maestros democráticos, largamente anunciado y pospuesto, podría desatarse en las próximas semanas. A la par de la “ruta jurídica” (con amparos y demandas laborales, principalmente) que lleva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se desarrolla la “ruta pedagógica”, que rendirá frutos el 23 de abril próximo con la celebración de la Primera Sesión del Diálogo Nacional, en la que se presentarán y serán sometidas al análisis y discusión ante pedagogos, sociólogos, periodistas e investigadores, las propuestas teóricas y prácticas desarrolladas por los maestros de la CNTE. Finalmente, con la “ruta política y organizativa” se prepara una serie de movilizaciones que desembocarán en el estallamiento de una huelga nacional, tentativamente a iniciarse el 1 de mayo próximo. Los maestros saben que con la huelga se jugará el destino de la reforma y del propio movimiento magisterial. Entre las movilizaciones previas están la Jornada Global por Ayotzinapa y por México, del 26 de marzo; la Jornada Política, Cultural y Pedagógica por la Soberanía Territorial y por la Defensa de la Tenencia de la Tierra, para el 10 de abril (aniversario luctuoso de Emiliano Zapata); la jornada de “acciones y bloqueos” en todo el país para el día 15 del mismo mes; y para el 1 de mayo la Movilización Nacional Unitaria.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]

Contralínea 481 / del 28 de Marzo al 02 de Abril, 2016

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