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Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.

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Los antecedentes de arbitrariedades y abusos cometidos por militares son muchos y se incrementaron desde que el expresidente Felipe Calderón les ordenó dejar los cuarteles y salir a la calle para librar una “guerra” contra el crimen organizado y hacer el papel de vigilancia que los cuerpos policiacos podridos en corrupción no han podido realizar. Esto incrementó la violencia y la represión en contra de la población civil y, por supuesto, en nada disminuyó la presencia de bandas del narcotráfico en México. Aquel y el actual gobierno siguen sin entender que no es mediante la fuerza como lograrán pacificar al país, sin antes adoptar medidas sociales y económicas necesarias para combatir el hambre, el desempleo, la corrupción, la injusticia y la impunidad.

La semana pasada, en una entrega más de reconocimientos a elementos de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto tuvo que aceptar las violaciones a manos de militares. Por ello, les advirtió: “Tengan siempre presente que, al ser los primeros defensores de la patria, son también los primeros obligados en actuar con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos”, en una clara alusión a las demandas ciudadanas.

Pero todo iba bien hasta que tocó el turno al almirante Vidal Francisco Soberón, a quien al igual que al secretario Cienfuegos, le incomodan los juicios de la sociedad y de la misma prensa que hacen justificadamente señalamientos de los abusos de integrantes de las Fuerzas Armadas, y exigen que los responsables de tales atropellos sean sometidos a juicio en tribunales civiles, haciendo un lado su fuero militar.

Ante el primer mandatario, el titular de la Secretaría de Marina salió en defensa de los marinos acusados de desaparición forzada y pidió que se reconozca su presunción de inocencia, como debe ocurrir en un estado de derecho. Afirmó que “han sido señalados por organizaciones de derechos humanos y la sociedad por presuntas violaciones”.

Tiene razón Vidal Soberón: en un proceso legal, ante tribunales, todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario y un juez determine la culpabilidad del acusado. Pero ésta es la verdad legal, una razón y principio jurídicos, en aquello que también se equivocó el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y que determinó su salida del gabinete, cuando alegó una verdad histórica en lugar de una verdad legal en la tragedia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y cuyos cuerpos aún nadie sabe dónde están.

En lo que el almirante se equivoca es en pretender que la población civil guarde silencio y que no pueda hacer juicios a priori del proceso legal. La crítica basada en opiniones de la ciudadanía es parte de los derechos constitucionales en sus artículos séptimo, de la libertad de expresión, y en el caso de los periodistas, en su artículo sexto, de la libertad de prensa. A esto secretario Soberón, se le conoce como opiniones y más científicamente como el juicio social, en donde la población emite críticas sobre la actuación de los gobernantes y de los miembros de las Fuerzas Armadas, como un derecho constitucional que todos los militares están obligados a aceptar, cumplir y respetar.

Desde que los civiles al frente del Poder Ejecutivo decidieron usar al Ejército y a la Marina como policías de calle para vigilar y resguardar la seguridad pública, así como hacerle frente al crimen organizado en sustitución de las distintas corporaciones policiales y de seguridad que se han corrompido y se han mezclado con la delincuencia, todo se echó a perder y los miembros de las Fuerzas Armadas se han vuelto muy sensibles a la crítica más que justificada por las violaciones que éstas cometen en contra de los civiles. Es cierto que no les toca a los militares hacer el papel de policías, pero su jefe máximo así lo ordena y tienen que enfrentar las consecuencias.

El almirante Cienfuegos Zepeda se equivoca en pretender que la población civil guarde silencio y que no haga juicios a priori del proceso legal: la crítica basada en opiniones es parte de los derechos constitucionales”

La queja del almirante Soberón responde a la recomendación que emitió en su contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la desaparición y ejecución de Armando Humberto del Bosque Villarreal el 3 de agosto de 2013, hace ya casi 2 años y medio, cuando fue detenido ilegalmente en el municipio de Anáhuac, en el norteño estado de Nuevo León, por efectivos navales.

A esto se refiere Vidal Francisco Soberón, de que nadie debe hacer opiniones, análisis o recomendaciones, como en el caso de la CNDH, mientras un juez no determine la culpabilidad de los procesados.

En la Recomendación 11/2016, la Comisión no deja lugar a dudas: “las evidencias recabadas acreditan que sí fue detenido de manera arbitraria por aproximadamente ocho elementos navales y que ellos fueron los últimos con quienes vieron a la persona (Armando Humberto del Bosque Villareal) con vida, lo que conduce a inferir que son los responsables de la desaparición forzada”.

Puntos suspensivos… Hace unos días el presidente de la República declaró que la corrupción no sólo se daba en el sector público, sino que también está presente en el sector privado, pues no se puede dar uno sin el otro. Y, efectivamente, así es. Pero más allá de discursos y de aceptaciones ya conocidas por todos, qué hacen el gobierno y los empresarios para combatirla, por qué no funcionan las instituciones gubernamentales para frenarla con acciones y medidas ejemplares que inhiban, por ejemplo, el desvío multimillonario de recursos públicos, dinero que pertenece a todos los mexicanos. Mientras sean los mismos órganos de gobierno supeditados al primer mandatario los responsables de combatir la corrupción en la administración pública federal, muy poco o nada, como sucede ahora, se podrá hacer, ni por más discursos y reclamos que se hagan.

Miguel Badillo

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: Oficio de papel]

Contralínea 481 / del 28 de Marzo al 02 de Abril, 2016

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