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En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.

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La tardanza en impartir justicia se debe, pues, a la cadena de complicidades que buscan dar impunidad a los que atacan a los periodistas. Y agreden a los defensores de derechos humanos. En este contexto es que los gobiernos federal, municipales y de las entidades, con las Fuerzas Armadas, constantemente reciben, de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, severas críticas no solamente por sus intervenciones contra la prensa para coartar las libertades de expresión, sino también porque no atienden las demandas o es tal la tardanza que los agresores no son sancionados como determinan las leyes.

En el caso de la reportera de El Heraldo, en Silao, Guanajuato, no obstante la denuncia penal presentada por ella, apenas fue detenido el expresidente municipal, con lo cual ya se cometió negligencia judicial. No es el único caso. El informe de Gobernación sobre los resultados del programa Mecanismo para la Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, al que también refiere la nota de Fabiola Martínez, indica que 369 periodistas y defensores habían solicitado la protección, debido a que demostraron, con pruebas, que eran objeto de amenazas o de plano agresiones por parte de funcionarios que buscan venganza, porque tanto comunicadores como activistas exhiben las conductas agresivas de policías, militares y otros funcionarios.

También los particulares se han dedicado a presionar y atacar a reporteros y defensores de derechos humanos, buscando que éstos no publiquen ni den a conocer los hechos, como el caso de la reportera Silva Guerrero, con el agravante de que apenas fue detenido el autor intelectual, como aparece en la nota de Carlos García (La Jornada, 12 de marzo de 2016). Los periodistas y defensores de derechos humanos están entre los cientos de miles de mexicanos que siguen siendo víctimas de la violencia sangrienta que se extiende por todo el país. Es una inseguridad aterradora donde los homicidios son el factor común en el listado de secuestros, feminicidios, desapariciones forzadas y otros delitos que los gobernantes no se dedican de lleno a erradicar.

Las estadísticas manipuladas, difundidas y defendidas desde la élite gubernamental acerca de que han disminuido esos delitos son puro y vil maquillaje, para tratar de engañar a la opinión pública y encubrir su ineficiencia. Se ataca a los periodistas para tratar de impedir que circule la información, particularmente la que versa sobre los hechos de la actual barbarie delincuencial en la que, incluso, también participan los funcionarios. Y éstos lo hacen abusando del poder y de que es difícil proceder contra ellos, en el clima de impunidad donde unos a otros se encubren, y de esa manera sus víctimas no reciben justicia.

Tenemos, pues, un panorama agresivamente adverso para el trabajo del periodismo y para quienes ejercen funciones en la defensa de los derechos humanos. La secretaría de Gobernación solamente expide un informe, pero su tarea –con el resto de las dependencias de seguridad– de mantener la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente. Y mientras tanto, toda clase de agresiones y amenazas hacia los trabajadores del periodismo y quienes defienden los derechos humanos de los mexicanos son una constante. Hay una pavorosa delincuencia que no se detiene y embiste a la nación. Y son funcionarios, marinos, militares y policías quienes encabezan la lista delincuencial contra los periodistas, buscando la manera de intimidarlos a golpizas en un clima de impunidad.

Álvaro Cepeda Neri

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: DEFENSOR DEL PERIODISTA]

Contralínea 481 / del 28 de Marzo al 02 de Abril, 2016

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