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A los líderes de los partidos y todo su séquito de ayudantes no les basta los miles de millones de pesos que consumen del dinero público que sale de los bolsillos de los contribuyentes, en una simulación democrática que sale muy cara a los mexicanos y que nunca ha podido garantizar un comportamiento honesto y transparente en el procesos electorales, ahora quieren responsabilizar al Ministerio Público Federal de sus corruptos y delincuentes candidatos que en cada elección proponen para ocupar cargos populares.

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A la procuradora general de la República, Arely Gómez, sólo le alcanzó para decir que se necesita querella o denuncia previa para investigar y perseguir delitos federales, con lo cual trata de atajar la descabellada propuesta de los líderes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) –que en los últimos años junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han visto envueltos en escándalos de corrupción y narcotráfico por algunos de sus gobernadores, alcaldes y legisladores que han designado– de pedir a la Procuraduría General de la República (PGR), al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Secretaría Gobernación que califiquen sus listas de aspirantes a puestos de elección y con ello poder responsabilizar al gobierno federal cuando se vuelva a descubrir que muchos de ellos tienen nexos con la delincuencia organizada.

Los cínicos dirigentes partidistas han sido incapaces, con tantos miles de millones de pesos que manejan, de establecer controles internos, como les corresponde, para investigar a sus propios militantes que designan a ocupar cargos públicos, y pretenden que sean las autoridades federales las que hagan su trabajo y así justificar la corrupción y complicidad delincuencial de sus miembros.

Por supuesto que ni la PGR, ni Gobernación o el Cisen pueden palomear o dar cartas de buena conducta a los políticos que militan en los partidos, simplemente porque no deben revelar las investigaciones que estén curso por delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero, fraudes financieros o desvíos de recursos públicos, entre muchos otros, que tan de moda están entre la clase política mexicana. Y si lo hace la procuradora o el secretario de Gobernación en uno de sus arranques por quedar bien con los partidos políticos, estarían violando el debido proceso. Además, sería como avisarle a los políticos-delincuentes que han sido descubiertos y que son investigados por sus actividades ilícitas, lo que les daría tiempo para huir o esconder mejor sus fortunas acumuladas ilícitamente.

A la lista de corporaciones gubernamentales que realizan investigaciones y que por ahora nadie ha señalado, y que es de suma importante, están la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Servicio de Administración Tributaria, dependientes del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, los cuales tienen acceso a las cuentas financieras y los bienes de todos los mexicanos y por ello han establecido una lista de lo que se conoce como personas políticamente expuestas (PPE), quienes por su encargo o desempeño pueden ser vulnerables a verse vinculadas con mafias o en actos de simple corrupción, por lo que son revisadas permanente en sus ingresos y egresos, en sus bienes, seguros y cuentas bancarias en México y en el extranjero, y si les descubren algo irregular presentan las denuncias respectivas en la Procuraduría Fiscal o en la PGR.

Lo que deberían considerar el Congreso y el Poder Ejecutivo es reducir las voluminosas partidas presupuestales que se destinan a los partidos políticos en un país en donde la mayoría de la población se debate en la miseria extrema y con problemas graves de salud, alimentación, vivienda y educación.

Un final infeliz en Veracruz

Todo hace suponer que el gobierno del veracruzano Javier Duarte tendrá un final infeliz. Nos dicen que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta la propia Procuraduría General de la República (PGR) tienen expedientes en contra de funcionarios y políticos de ese estado que abusaron de sus encargos públicos y, por lo menos, desviaron recursos federales.

Para la ASF el estado con más graves problemas en el manejo de las finanzas públicas es Veracruz, mientras que informes de los órganos de vigilancia y del fisco de la Secretaría de Hacienda ordenaron un rastreo minucioso de las cuentas bancarias, inversiones financieras, negocios y propiedades de los funcionarios estatales, al presumirse que pudieran estar implicados en el desvío y malversación de recursos federalizados. Para lo cual se revisan las actuaciones de la administración priísta desde 2010 a la fecha y el área que lleva a cabo las investigaciones es la Dirección Adjunta de Análisis Financiero de la UIF, supervisada muy de cerca por su titular Alberto Bazbaz.

Hace unos días la prensa publicó denuncias de supuestos nexos del diputado veracruzano Antonil Tarek Abdala Saad, quien también se había desempeñado como tesorero del gobierno de Duarte, y por supuesto que el legislador niega cualquier relación con el crimen organizado.

Lo que sí afirman fuentes financieras es que se investigan tres empresas con las cuales tendría alguna relación Tarek Abdalá Saad: Veintiocho Construcciones, SA de CV; Siete Caminos, SA de CV, y Sheba Constructora e Inmobiliaria, SA de CV.

El SAT realiza también un monitoreo y cruce de datos de la situación fiscal de funcionarios, empresarios vinculados en negocios con el gobierno de Duarte y diversas compañías que pudieran haber sido utilizadas para lavar dinero producto de fraudes, desvíos de recursos, enriquecimientos ilícitos, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

En los resultados de las auditorías practicadas por la ASF, se revela que en el caso de Veracruz se encontraron desvío de recursos, subejercicios, dinero federal empleado para fines distintos a los etiquetados, así como gastos que no beneficiaron directamente a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Puntos suspensivos… Mientras en la torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) su director general, Emilio Lozoya, puso en marcha la semana pasada un Programa de Ética e Integridad Corporativa, que “incorpora los más altos estándares y prácticas internacionales en materia de ética, integridad, estrategias anticorrupción, conducta y valores institucionales”, en Los Pinos se comenta que la suerte del funcionario habría terminado y que ya se tiene a su sustituto. Uno de los que aspiran a dirigir lo que queda del desastre petrolero es el senador hidalguense David Penchyna, quien no pocas veces ha manifestado su aspiración para sustituir a Lozoya en el cargo; y como el secretario Osorio Chong lo dejó fuera de la contienda electoral para la gubernatura por Hidalgo, podrían darle como premio de consolación lo que fue la principal empresa del Estado… En una fotografía que subió a su cuenta de Facebook el militante de Morena Gustavo Pedro Cortés, quien busca por sexta vez ser diputado local en Durango (lo ha sido por otros partidos), aparece abrazado con José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, y entre otros militantes del partido de izquierda que posaron para la foto en las oficinas de AMLO en la Ciudad de México está Sandra Angélica Vázquez Parra, quien ha sido Ministerio Público, vicefiscal y candidata a diputada por el primer distrito federal electoral, ubicado en lo que se conoce como el triángulo dorado del narcotráfico, y quien fue esposa hasta hace unos cuatro años de Mario Martínez Álvarez, excomandante de la Policía Ministerial de Durango, investigado y cesado por supuestos vínculos con el narcotraficante Arturo Hernández González, alias el Chaky, brazo armado del cartel de Juárez, según reportes de la prensa local.

Miguel Badillo*

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: OFICIO DE PAPEL]

Contralínea 474 / del 08 al 13 de Febrero 2016

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