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Organizaciones alemanas exigen compromiso real al gobierno de México

La Embajada de México en Alemania invitó para el día 16 de diciembre a una presentación y espacio de discusión con el Subsecretario Ruiz-Cabañas, sobre el estado de los derechos humanos en México. En el evento participaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil alemana y personas interesadas por la situación del país.

Después de su presentación, Ruiz-Cabañas se reunió de manera bilateral con integrantes de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, Dmkrm). Ante las preocupaciones y cuestionamientos expresados por los miembros de la Coordinación sobre las diferentes violaciones de derechos humanos en México, no se tuvieron respuestas convincentes y creíbles por parte del Subsecretario.

La doctora Carola Hausotter, secretaria ejecutiva de la coordinación, dijo que “desde el inicio de la conferencia fueron notorias las contradicciones fundamentales entre el discurso oficial del diplomático y la información sobre la situación de derechos humanos en México que la Coordinación Alemana recibe a través de sus organizaciones contrapartes en México y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos”.

Miguel Ruiz-Cabañas sostuvo que “en México la población pide y ha pedido la presencia de las fuerzas armadas” para combatir la delincuencia organizada y que de acuerdo con las estadísticas nacionales, esta institución es la más confiable para la población mexicana. Para la Coordinación esta afirmación pasa por alto las graves violaciones de derechos huamnos que estos cuerpos de seguridad nacional cometen, los cuales han sido denunciados por las organizaciones civiles mexicanas y documentados en los informes de organismos internacionales.

Según el Subsecretario Ruiz-Cabañas, el origen de la violencia y de las violaciones de los DH en México está en el crimen organizado y en el narcotráfico, negando la existencia de una violencia estructural en el país y de violaciones de DH cometidas por servidores públicos.

Con respecto de la desaparición forzada de personas en México, los familiares de las víctimas y el Grupo de Trabajo de la ONU han exigido desde el 2010, la creación de un Registro único de Personas Desaparecidas. El subsecretario no mencionó una cifra exacta de las personas desaparecidas forzadamente en México, así como tampoco reconoció la necesidad del registro único. Sólo se refirió a la existencia de un registro estatal, sin reconocer las limitaciones que éste tiene, pues no distingue entre desaparición forzada de personas y personas no localizadas. Además recalcó que, según su propia experiencia laboral, “algunas veces las personas no quieren ser encontradas”, revictimizando y estigmatizando a los familiares de las personas desaparecidas.

En cuanto al problema de la impunidad en México, Ruiz-Cabañas reconoció que ésta existe, pero descalificó la tasa de 98 por ciento, cuestionando las fuentes oficiales que sostienen dicha cifra. En relación con las visitas de procedimientos especiales a México, mismos que han citado la alarmante tasa de impunidad, el subsecretario mencionó que México es “un país sobrediagnosticado”. Sin embargo no se refirió a las numerosas recomendaciones con carácter vinculante que México ha recibido y que no se han cumplido en su mayoría.

Asimismo, Ruiz-Cabañas constató que hay tortura en México “pero no corresponde al gobierno ni a la sociedad civil comprobarlo, sino que es competencia de los jueces”. Con esta afirmación deslindó la responsabilidad del Estado en la prevención y combate de tan grave violación a los derechos humanos, y no consideró que instrumentos como el arraigo impiden el acceso a la justicia para los presos, al mismo tiempo que facilita la práctica de la tortura.

En lo que concierne a la sociedad civil organizada, solamente se refirió al buen funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin reconocer que la gran mayoría de los casos de agresiones en contra de estas personas permanecen en la impunidad. Tampoco problematizó la criminalización de que estos actores sociales son objeto.

Tomando en cuenta la actitud evasiva en reconocer la grave situación de los DH por parte de un representante de alto nivel del gobierno mexicano, los integrantes de la Coordinación Alemana exigimos al gobierno mexicano:

Que plantee un plan concreto de medidas para implementar en un tiempo establecido las recomendaciones en materia de derechos humanos, que los organismos internacionales han formulado, reconociendo su validez y legitimidad.

Que se establezca un espacio eficaz de participación para las organizaciones de la sociedad civil y para los grupos de víctimas en la generación y aplicación de normativas en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Coordinación Alemana expresa su indignación ante la reticencia de un funcionario de alto nivel del gobierno mexicano al no reconocer que México atraviesa una crisis profunda y generalizada de derechos humanos en todo su territorio. Este reconocimiento es un requisito indispensable para enfrentar realmente la gravísima situación de violaciones generalizadas a los derechos humanos que se vive en México.

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, Dmkrm)

Defensoras de derechos humanos, preocupadas por amenazas contra Evelia Bahena y Diana Brito

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, presente:

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), conformada por 189 defensoras de derechos humanos pertenecientes a 103 diversas organizaciones no gubernamentales de nuestro país, nos ponemos en contacto con usted para manifestar nuestra preocupación por las defensoras de derechos humanos Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito, dirigentes de la Colonia Tlachinollan, ubicada en el Municipio de Iguala, Guerrero, México.

Según la información recibida, dicha colonia fue fundada en 2006, luego de un fraude cometido contra las y los pobladores de la colonia, quienes cuentan con títulos de compraventa de los predios que posteriormente les han intentado arrebatar, a través de la destrucción e invasión a sus casas. No omitimos aclarar que el proceso judicial para resolver la propiedad continúa en espera de resolución.

A través de la organización, las y los colonos defienden su derecho a una vivienda digna. Se ha iniciado una labor fundamental al no recibir la atención de las autoridades municipales y estatales para la resolución de la problemática.

Dicha labor ha derivado en diversas agresiones realizadas por agentes estatales y no estatales contra quienes encabezan la exigencia, principalmente contra las defensoras comunitarias Evelia Bahena García y Diana Carolina Brito. Si bien durante todos estos años han recibido agresiones como campañas de difamación y desprestigio, hostigamiento y amenazas, éstas incrementaron a mediados de 2015.

El 30 de julio de este año, Evelia Bahena recibió una llamada telefónica a las 19:16 horas, a través de la cual recibió una amenaza de muerte: “¡Ah!, contigo quería hablar, tú eres la que se siente líder chingona y que todos te la pelan, te aviso que te tienes que largar de aquí, tú, el licenciado Félix Rodríguez y Diana Carolina, porque se los va a cargar la verga”. Luego de colgar, la defensora recibió un mensaje de texto del mismo celular en el que reiteraban la amenaza de muerte.

Dichas amenazas derivaron en el desplazamiento forzado de ambas defensoras y sus familias; así como en la solicitud de su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Si bien Evelia Bahena García, Diana Carolina Brito y Víctor Roberto Brito Bahena fueron rechazadas injustificadamente el 27 de agosto, el Mecanismo revaloró su decisión y las incorporó el 18 de septiembre de 2015, aunque lamentamos que la única acción implantada fue la notificación al gobierno del estado de Guerrero sobre su incorporación al Mecanismo.

Como Red Nacional de Defensoras nos preocupa sobremanera que, a pesar de que el propio Mecanismo ha reconocido la situación de riesgo y vulnerabilidad en el que se encuentran las defensoras, a través del Análisis de Riesgo realizado, el pasado 13 de noviembre el propio Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas notificó a las defensoras la no implantación del Plan de Protección desconociéndolas como defensoras, a pesar de que durante 3 meses estuvieron incorporadas a dicho mecanismo; asimismo han argumentado que su riesgo no está vinculado a su labor como defensoras de los derechos humanos.

Lo anterior evidencia el cuestionamiento de las propias autoridades para reconocer la labor de las defensoras de derechos humanos.

Cabe recordar que según la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, de la Organización de las Naciones Unidas: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Asimismo, según el artículo 2 de dicha Declaración: “Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades”.

En ese sentido, es importante mencionar que, además de la defensa del derecho a una vida digna, las defensoras han tenido una participación activa y fundamental luego de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Además de la denuncia y la búsqueda, las defensoras recibieron algunas de las notificaciones en sus casas, hecho que incrementó también su riesgo y agresiones; pues luego de ello se identificaron a personas rondando sus casas.

Ante ello, las 189 defensoras de derechos humanos que conformamos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos a las autoridades del gobierno federal:

  1. Reconocer la labor de Evelia Bahena García y Diana Carolina como defensoras de derechos humanos.
  2. Otorgar e implantar medidas de protección en el lugar de desplazamiento, previas a su retorno a Iguala, Guerrero.
  3. Implantar de manera urgente medidas eficaces que permitan a corto plazo su retorno a Iguala, Guerrero, en condiciones de seguridad.
  4. Implantar acciones que garanticen a las defensoras continuar su labor en condiciones de seguridad y libertad.
  5. Garantizar la seguridad de las defensoras y de las y los defensores acompañantes del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Hacemos un llamado a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero a mantenerse atenta de la situación de las defensoras en Iguala y a realizar las acciones a su alcance para contribuir a la protección de Evelia Bahena y Diana Brito.

De igual manera, instamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a tomar acción frente a la situación de riesgo de las defensoras, cuya queja, CNDH/5/2015/5949/R, fue abierta ante este organismo.

Como defensoras de los derechos humanos reivindicamos y exigimos reivindicar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, y nos mantendremos atentas de las acciones que desde el gobierno federal se emitan e implanten para salvaguardar la vida e integridad física de las defensoras Evelia Bahena y Diana Brito.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones ubicadas en 24 estados de la República

¿En qué se invierten los recursos lavados?, pregunta

Interesante el reportaje “En PGR, 52 averiguaciones contra casinos”. Hay que hacer equipo. Sería de un enorme impacto para nuestra sociedad indagar a cuánto asciende esta vía del lavado, a cuánto asciende el flujo monetario total del narcotráfico y armas, en dónde se invierte lo lavado en México y, sobre todo, externamente.

José Goti

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Contralínea 469 / del 28 de Diciembre de 2015 al 03 de Enero de 2016

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