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Cientos de soldados colombianos, panameños, chilenos y salvadoreños se encuentran en Yemen. No representan a sus gobiernos, ajenos a los conflictos de Oriente Medio, sino al gobierno de Emiratos Árabes Unidos que los contrató y que desde hace años construye un Ejército para luchar contra la “insurgencia” en Yemen.

Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias

carlos-miguelez-300Al principio, el proyecto estaba en manos de Erik D Prince, salpicado por abusos de algunos exmilitares que su empresa Blackwater contrató durante la ocupación de Irak y de Afganistán. Estas violaciones graves de derechos humanos reabrieron un debate internacional sobre la utilización de empresas militares “privadas” en conflictos armados.

En un proceso de lavado de imagen, Blackwater cambió de nombre a Xe Services y luego a Academi. Esa búsqueda de “perfil bajo” pudo conducir al abandono en Yemen para que tomaran el relevo los Emiratos Árabes que, junto a Catar y a Arabia Saudita, han adoptado estrategias militares más agresivas en la región.

La solvencia económica de estas monarquías les permite solucionar el problema de desafección de su población local al intentar crear ejércitos eficaces para luchar contra las “insurgencias” surgidas desde 2010. La predilección por estos soldados también se debe a su experiencia y sus conocimientos de guerrillas urbanas. Para los soldados latinoamericanos, una aventura yemení les permite ganar entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales, muy superiores a los 400 que ganan en Colombia.

No es nueva la contratación de soldados latinoamericanos. Casi 1 mil soldados chilenos participaron en distintas operaciones tras la invasión de Irak en 2003, contratados también por Blackwater. Algunos de estos soldados se entrenaron con el ejército de Chile en la época de la dictadura, según contaba Naomi Klein en La doctrina del shock.

También está documentada la presencia en Irak y Afganistán de “contratistas privados” nepalíes, rusos, canadienses, filipinos, chinos, ucranianos; de Pakistán, India, Turquía, Macedonia, Bosnia, Corea del Sur, Zimbabue, Bangladesh, Alemania, Irlanda, Japón, Birmanianmar, Sudáfrica y los Emiratos Árabes.

Para los soldados latinoamericanos, una aventura yemení les permite ganar entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales. En Colombia ganan sólo 400 dólares”

Los gobiernos argumentan que las empresas militares que subcontratan cumplen funciones de seguridad, de protección, de logística, de apoyo y de limpieza, y no de combate. Sin embargo, la experiencia ha demostrado las dificultades prácticas a la hora de trazar una línea entre lo militar y otras funciones en escenarios donde se tienen que proteger constantemente, como ocurría en Irak o Afganistán. Estos escenarios se parecen al que ahora hay en Yemen y en otros países árabes azotados por guerras civiles con intereses extranjeros.

En este contexto, la formación de un Ejército con soldados extranjeros podría confirmar los temores de un posible resurgimiento de “mercenarios” en el escenario político global, por mucho que empresas y gobiernos huyan del término por sus connotaciones. Por eso prefieren hablar de “contratistas” y de “empresas privadas”.

Por su parte, estas empresas dedican millones de dólares en marketing para dar una imagen de eficiencia, de transparencia, de buenas prácticas e incluso de “perfil humanitario” y de “reconstrucción”. Así lo muestra la International Stability Operations Association (ISOA), que agrupa a centenares de empresas privadas.

Ante la importancia de este tema, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene desde 2005 un Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios, que depende del Consejo de Derechos Humanos.

Muchas de las cuestiones que preocupan a este grupo tienen que ver con la responsabilidad en casos de abusos y violaciones de derechos humanos. Llevar a un tribunal a un “contratista” por abusos o exigir responsabilidades civiles para una indemnización se convierte en una carrera de obstáculos. La utilización de soldados extranjeros por parte de empresas privadas subcontratadas por gobiernos complica la exigencia de responsabilidades. Pero se puede: el año pasado, un tribunal estadunidense condenó a cuatro empleados de Blackwater por la matanza de 17 civiles desarmados en Irak.

La utilización de soldados extranjeros por parte de gobiernos o de empresas subcontratadas plantea muchos otros problemas. Por eso no se puede dar por cerrado un debate al que deben contribuir los medios de comunicación ni deben menguar los esfuerzos de la ONU por presentar propuestas y vigilar para evitar que crezca un monstruo surgido del sueño de la razón.

Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 468 / del 21 al 27 de Diciembre 2015

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