Autor:

Laura Zamarriego Maestre*/Centro de Colaboraciones Solidarias

La nicaragüense Jeanneth Beltrán, de 30 años, evitó acudir al médico porque temía recibir una factura a la que no pudiera hacer frente. Hasta que su cuerpo se resintió. Parálisis facial, vómitos, convulsiones… Transcurrieron 4 horas en la sala de espera del hospital hasta que finalmente la ingresaron. Murió esa misma tarde. Días después, apareció una carta en su buzón: la Consejería de Sanidad le reclamaba el costo del servicio prestado en las urgencias del Hospital de Toledo, España.

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Jeanneth es un nombre dentro de 1 mil 567 números, los casos de exclusión médica recogidos por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto (Reder) entre enero de 2014 y julio de 2015. Del total de afectados, 1 mil 67 eran inmigrantes. La organización ha registrado centenares de casos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades degenerativas musculares o trastornos mentales.

La decisión de excluir a los inmigrantes de la sanidad pública excepto a menores, embarazadas y urgencias fue impuesta por el gobierno del Partido Popular gracias a su mayoría absoluta. Se hizo mediante un real decreto que se tramitó en 2012 por vía de urgencia, sin debate parlamentario y sin posibilidad de que la oposición pudiera presentar enmiendas. “Amparaban” su decisión en un supuesto ahorro para las arcas del Estado.

Desde entonces se han documentado tres muertes por falta de asistencia, entre ellas la de Jeanneth, y se han retirado 873 mil tarjetas sanitarias a inmigrantes. La derecha neoliberal, que sólo conoce un idioma, el de la rentabilidad, se sacude los pudores y no duda en priorizar el ahorro frente a la garantía de un derecho humano como es la salud.

Y detrás de la forma, el fondo: pura ideología aderezada con mensajes envenenados que señalan al inmigrante como chivo expiatorio del deterioro de la sanidad, además de un maquillaje para disfrazar la privatización impulsada por el gobierno. Durante la crisis, la sanidad pública española ha perdido casi 10 mil millones de euros, a la vez que se disparaban las listas de espera: en 2009 los pacientes que aguardaban más de 6 meses para operarse eran el 5 por ciento del total; en 2013 ya suponían el 13.7 por ciento.

Las acusaciones que pesan sobre los inmigrantes de no contribuir al sostenimiento del sistema de salud o de provocar un “efecto llamada” constituyen un discurso propagandístico que cae por su propio peso. Un buen ejemplo es que los españoles asisten a los centros de salud una media de 8.3 ocasiones al año, frente a las 4.7 de los inmigrantes. Según el Tribunal de Cuentas, el fraude de la asistencia gratuita no proviene de los inmigrantes, sino de los extranjeros que están bien asentados en España o que hacen turismo sanitario. Además, la sanidad ya no se financia con las cotizaciones sociales que se detraen de la nómina de los trabajadores, sino con impuestos que cualquier residente abona al Estado al consumir un producto.

Teniendo en cuenta que el gobierno ni siquiera ha realizado un estudio de impacto social o económico para analizar los resultados del Real Decreto de Ley (RDL) 16/2012, podemos afirmar que más que una cuestión de ahorro se trata de una cuestión de prioridades. De hecho, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por su sigla en inglés) asegura en un reciente informe que los estados miembros de la Unión Europea “gastan menos en la atención sanitaria de los migrantes si se tratan antes, en vez de esperar a que necesiten un tratamiento en urgencias”. ¿Dónde queda el padrenuestro de la rentabilidad?

“En Europa se ha destinado los últimos años muchísimo más dinero en rescatar bancos que en atender a las necesidades básicas de la ciudadanía. Hay recursos suficientes para garantizar una vida digna para toda la población, pero en demasiadas ocasiones se han usado para beneficiar a un pequeño grupo de elites que se han enriquecido enormemente los últimos años”, señala Luis Andrés Gimeno, autor del informe Reder. Radiografía de la reforma sanitaria. La universalidad de la exclusión.

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas pidió, mediante resolución unánime, que todos los países modificaran sus respectivos sistemas sanitarios en pro de una cobertura universal. Porque, como bien dice Ekaitz Cancela, de la Fundación por Causa, “la nacionalidad es una reducción de la humanidad, una forma de legitimar el egoísmo”.

Laura Zamarriego Maestre*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ARTÍCULO]

 

 

Contralínea 463 / del 16 al 22 de Noviembre 2015

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