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Graco Ramírez se considera “aspirante” a la Presidencia, pero gobierna una de las entidades más golpeadas por la violencia. En 2013, recibió más de 165 millones de pesos de los fondos federales. Pero predominó el mal manejo de recursos y la opacidad: Auditoría Superior de la Federación

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En julio de este año, Graco Ramírez, gobernador de Morelos, admitió sus intenciones de contender por la Presidencia de la República en 2018. El perredista dijo a los representantes de los medios de comunicación que le gustaría ser el candidato no sólo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sino “de un conjunto de fuerzas”.

Durante el Encuentro del Foro de São Paulo añadió que, como carta de presentación, mostrará sus logros como gobernador de Morelos, que, dice, “dejó de ser el estado más peligroso y violento”.

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu llegó al cargo desde el 1 de octubre de 2012 bajo una coalición de la izquierda electoral. Tabasqueño de nacimiento, reside en Morelos desde 1984. La trayectoria de Ramírez Garrido incluye tres periodos como diputado federal y uno como senador.

Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue fundador del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del PRD.

Luego del operativo de la Secretaría de Marina Armada de México en la capital del estado, en 2009, en donde habría sido abatido Arturo Beltrán Leyva, Morelos es uno de los estados más golpeados por la violencia.

Tan sólo después de Guerrero, ocupa el sitio con mayor presencia de grupos criminales. Allí se asientan cuatro grandes organizaciones del narcotráfico y 19 de menor nivel: La Familia Michoacana y tres de sus pequeños cárteles, células o pandillas; Los Caballeros Templarios y uno de sus grupos aliados; el cártel de la Barbie, con 10 organizaciones menores; los Beltrán Leyva, de donde se escindieron cinco grupos. En ese estado también se ubica la 24 Zona Militar (Contralínea 337).

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Con el fin de llevar acciones para disminuir los niveles de violencia, en 2013, bajo la administración del “aspirante” a la Presidencia, el gobierno de Morelos recibió 165 millones 640 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

No obstante, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que predominó fue el mal manejo de recursos y la opacidad: “el control interno para la gestión del Fondo no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la normativa y la transparencia en su operación”.

Por ello se determinaron 15 observaciones, de las cuales nueve fueron solventadas por la entidad fiscalizada, y de las seis restantes se generó una solicitud de aclaración y cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, el órgano señala que el gobierno de Morelos carece de acciones de control que permitan ejercer los recursos del Fondo con oportunidad; que no se llevaron a cabo medidas de control para evitar transferencias de recursos hacia otras cuentas del estado; que no se contó con mecanismos que aseguren que la información emitida en los reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sea congruente; que no existió un control para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas ejecutivos con prioridad nacional; y que no se establecieron mecanismos de control que garantizaran la terminación de las obras en tiempo y forma.

En Morelos se asientan cuatro cárteles del narcotráfico –La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva– y 19 células ligadas a éstos”

Los más de 165 millones de pesos asignados estaban destinados a los programas con prioridad nacional: Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro; Implementación de Centros de Operación Estratégica; Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento; Acceso a la Justicia para las Mujeres; Nuevo Sistema de Justicia Penal; Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional; Red Nacional de Telecomunicaciones; Sistema Nacional de Información (base de datos); Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089; Registro Público Vehicular; Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica; Evaluación de los Distintos Programas o Acciones; Genética Forense, y al Fortalecimiento a Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia.

Pero al 31 de diciembre de 2013, el gobierno de Morelos sólo había ejercido el 27.1 por ciento de los recursos, 44 millones 821 mil pesos del Fondo; y al 31 de marzo de 2014 aún no se ejercía el 68.3 por ciento del dinero, alrededor de 118 millones 75 mil pesos, “importe que aún está pendiente de aclarar” y que incluye 4 millones 893 mil pesos de rendimientos financieros.

La ASF también constató que la Secretaría de Hacienda del gobierno de Morelos realizó indebidamente traspasos por 100 millones de pesos a otras cuentas bancarias, durante noviembre de 2013; monto que fue reintegrado en enero de 2014, previo al inicio de los trabajos de auditoría, con los rendimientos financieros respectivos por 604 mil pesos.

Por ello, la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales efectos integró los expedientes EXP/13-0495-03-2.2/2014, EXP/13-0495-05-4.1/2014 y EXP/13-0495-06-4.2/2014.

En el ejercicio de los recursos, el estado de Morelos registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transparencia, obra pública y registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

Adicionalmente a lo anterior, y de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2013 sólo se había alcanzado el 4.7 por ciento de las metas programadas.

Ver/ocultar gráfica: Denuncias presentadas

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En 2013, los índices delictivos del estado registraron un incremento en comparación con 2012. El número de delitos cometidos por cada 1 mil habitantes fue de 27.9 por ciento, en tanto que en 2012 fue de 26.3 por ciento.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2013 se presentaron ante ministerios públicos de la entidad 49 mil 647 denuncias por delitos del fuero común: robos, lesiones, homicidios, patrimoniales, secuestro, violación, amenazas, entre otros. Lo que representa un incremento de 2 mil 983 denuncias con respecto a 2012.

En cuanto a la incidencia de delitos del fuero federal, el Secretariado reporta 612 denuncias en 2013, frente a las 649 que se denunciaron en 2012. Se trata de delitos contra la salud por producción, transporte, tráfico, comercio, suministro o posesión, y delitos cometidos por servidores públicos contra el ambiente y la gestión ambiental, contra la integridad corporal, electorales, en materia de derechos de autor, falsedad, patrimoniales, vías de comunicación o correspondencia.

El número de internos que ingresaron en 2013 a los centros de readaptación social fue de 3 mil 225, lo que implicó un aumento del 3.6 por ciento respecto de 2012.

“De los elementos anteriores puede concluirse que el estado no realizó una gestión eficaz del Fondo”, concluye la Auditoría.

En su más reciente informe, correspondiente a 2013, la Auditoría Superior de la Federación publicó 14 reportes de igual número de auditorías realizadas al estado de Morelos.

Contralínea solicitó entrevista con el gobernador Graco Ramírez, a través del subdirector de Información de la Secretaría de Comunicación e Información, Martín Sánchez. Al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Elva Mendoza, @elva_contra

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]

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