Autor:

De los 16 aspirantes registrados a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Junta de Gobierno eliminó a seis candidatos y a partir de este lunes se inició la comparecencia de los 10 universitarios restantes, de cuya lista se elegirá a quien suceda al doctor José Narro para el periodo 2015-2019.

En la pasarela ante los medios de comunicación, los destacados académicos e investigadores universitarios han hablado de sus proyectos que buscan mejorar la docencia, la investigación y la cultura de esta universidad de masas que tanta falta le hace al país; sin embargo, a nadie le hemos escuchado que, de llegar a la Rectoría, se proponga transparentar la información en esa institución académica y mucho menos que haya rendición de cuentas ante malas administraciones y actos de corrupción que, al igual como ocurre en casi todos los sectores del país, se ha enquistado en diversas áreas universitarias y de las cuales nunca se sabe ni se dice nada, todo se oculta y se maneja en lo oscuro sin aplicar sanciones, como parte de una estrategia de los directivos para mantener impoluta la imagen de la UNAM, lejos de los reflectores de la opinión pública.

Por tal motivo, tendría que ser la próxima administración universitaria, con una nueva rectora o rector, la que transparente y exija una rendición de cuentas de los actuales directivos universitarios, a fin de evitar anomalías administrativas y académicas que se cometen en la máxima casa de estudios.

Diversos órganos universitarios han denunciados irregularidades y desvíos, pero nadie hace algo al respecto. Por ejemplo, aquella auditoría número DGRIRP/DERE/01/2015, firmada el 8 de junio por el director general de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, Humberto Moheno Diez, y enviada al contralor de la UNAM, Pablo S. Reyes, y al director general de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, Severino Rubio Domínguez, por ser esta área la que se vio afectada con el mal manejo de recursos públicos federales que entregó la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

A pesar de lo detallado y preciso de dicha auditoría universitaria –que consta de 34 páginas–, en donde la Dirección General de Responsabilidades da cuenta de cómo se dispuso del presupuesto universitario para financiar de manera irregular pagos para la realización de las Olimpiadas Nacionales 2014, no hay sancionados y simplemente se cerró el expediente sin responsable alguno.

Son estos malos manejos que la máxima autoridad de la UNAM debe sancionar, dada su autonomía, y ante la imposibilidad de que otros órganos de vigilancia y control puedan intervenir. Por supuesto ya no será la actual gestión de José Narro Robles la que resuelva este caso, pues lo que sabemos –de acuerdo con fuentes universitarias que lo conocen en detalle– es que ya fue cerrado el expediente sin responsables de por medio, así que corresponderá a quien a partir de este próximo 17 de noviembre ocupe el cargo de rector de la UNAM.

En columnas anteriores había explicado ampliamente cómo la Tesorería de la UNAM, a cargo de José Manuel Covarrubias Solís, desvió recursos del presupuesto universitario debido al mal manejo administrativo de fondos federales (20.7 millones de pesos) por parte de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (DGADYR), al aportar en calidad de préstamo 2.3 millones de pesos para que la Universidad cumpliera como sede de dicha Olimpiada, pues la Conade no entregó a tiempo el presupuesto prometido a la Universidad.

Ente otras muchas anomalías, el informe de la Contraloría explica que se pagaron sobreprecios en artículos deportivos, se desviaron recursos y materiales, se simularon pagos en hoteles y se ignoró la normatividad e instrumentación de controles para el buen uso de recursos financieros por parte de la DGADYR.

Puntos suspensivos… Este lunes iniciaron las comparecencias de los aspirantes a la Rectoría de la UNAM ante los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, y los primeros examinados ayer fueron Sergio Alcocer, exsecretario general de la Universidad y exsubsecretario para América del Norte de la cancillería, y Francisco Bolívar, excoordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República. Este martes comparecen Fernando Castañeda y Javier de la Fuente; el miércoles, Enrique Graue y Héctor Hernández; el jueves, Juan Pedro Laclette y Leonardo Lomelí, y el viernes, Suemi Rodríguez y Rosaura Ruiz. Sólo coincidencia que las únicas dos mujeres universitarias contendientes sean las últimas de la lista. Ya veremos.