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Las asociaciones público privadas (APP) y los proyectos de prestación de servicios (PPS) son dos esquemas que han cedido servicios considerados públicos hasta hace 10 años, entre los cuales incluso hay algunos que implican la cobertura de derechos (como salud y educación).

Aunque ambos se han publicitado como promotores de la inversión privada, en realidad son esquemas de privatización velada cuya discrecionalidad ha garantizado la ausencia de cualquier oposición social. Es así como supuestos hospitales públicos son construidos y después manejados en su totalidad por empresarios. Lo mismo ocurre con universidades, prisiones de máxima seguridad y carreteras.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que entre los más recientes proyectos de APP se encuentra la construcción y operación del nuevo Hospital General Doctor Gonzalo Castañeda, en el Distrito Federal, cuyo costo ascenderá a 956 millones 300 mil pesos. Éste se edificará en el mismo predio que el antiguo, ubicado en Tlatelolco, y que es propiedad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho nosocomio tendrá una capacidad de 120 camas y 28 especialidades, pero ya no será del todo público.

En el caso de los PPS están las carreteras –que debería construir y operar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero que ha cedido a la iniciativa privada– Mitla-entronque Tehuantepec II (con costo de 6 mil 643 millones de pesos); Nuevo Necaxa-Ávila Camacho (2 mil 255 millones de pesos); Querétaro-Irapuato (1 mil 753 millones); Río Verde-Ciudad de Valles (1 mil 725 millones); Irapuato-La Piedad (904 millones); Tapachula-Talismán con ramal a Ciudad Hidalgo (839 millones); y Nueva Italia-Apatzingán (499 millones).

Más beneficios a la iniciativa privada

En el caso de las APP, algunas medidas que regulan su operación están a un paso de desaparecer: la Comisión de Presupuesto prepara una reforma para que la Cámara de Diputados ya no esté obligada a aprobar cada proyecto en lo particular, sino que cada año se tenga un presupuesto global con cobertura para todas las dependencias de gobierno.

De aprobarse, las propias secretarías y organismos –incluidos los del sector energético– serán los que decidan, en forma discrecional, los proyectos que se cederán a la iniciativa privada, así como los montos que se invertirán en los mismos.

Según información del diario Reforma, el predictamen se basa en una propuesta del Ejecutivo federal que argumenta que esta modificación agilizaría la inversión y el desarrollo de los proyectos. La reforma no es menor, pues entre otras cosas busca que ya no haya plazos para su ejecución determinados por la administración pública, sino que sean las empresas las que los establezcan. Además plantea ser retroactiva.

Otro punto que desaparecerían los diputados con esta reforma es el criterio de que todo contrato de APP que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos debe haber sido autorizado por una comisión intersecretarial entre enero y agosto del ejercicio fiscal previo.

Así, de lo anterior se desprende no sólo el tema de la discrecionalidad en las asignaciones de contratos, sino los nuevos beneficios para la iniciativa privada, como el de los plazos.

Ejemplo de ello es el retraso en la obra del Centro Federal de Readaptación Social 16 que construyó la empresa IDEAL –de Carlos Slim–, ubicado en Coatlán del Río, Morelos. Pese a que éste operó con las normas vigentes que fijaron como año de entrega 2012, la filial de Grupo Carso concluyó hasta septimbre de 2015.

El penal de máxima, media y mínima seguridad tiene una capacidad de 2 mil 528 internas. De acuerdo con información del periodista Víctor Fuentes (Reforma, 26 de septiembre de 2015), IDEAL cobrará cada año durante 2 décadas 1 mil 80 millones de pesos por los servicios del reclusorio, excepto los de seguridad.

Los PPS, discrecionales: ASF

El caso de los PPS no es mejor. En su más reciente informe de fiscalización, publicado a inicios de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mostró su preocupación por estos esquemas operativos, promovidos por dependencias del Ejecutivo federal desde hace 10 años.

Con los PPS, indica, el Ejecutivo federal “adquiere compromisos de pago a largo plazo para la realización de inversiones adicionales al presupuesto que le autoriza la Cámara de Diputados, así como para la contratación de servicios de construcción y modernización de carreteras federales libres de cuota y de hospitales de alta especialidad, contando para ello con la participación de particulares”.

El Informe general de la Cuenta Pública 2013 detalla que, en el tema de carreteras federales, los proyectos de prestación de servicios “consisten en un mecanismo integral de financiamiento a largo plazo instrumentado por la SCT, cuyos compromisos de pago no se transparentan en los registros de la propia dependencia, además de no considerarse como deuda pública ni rendirse cuenta de los mismos en la Cuenta Pública federal”.

La ASF señala, además, que dicho mecanismo “tampoco permite distinguir cuánto de los pagos que se efectúan a los particulares corresponde a gasto de inversión (obra pública) y cuánto a gasto corriente (prestación de servicios), propiciando ello opacidad en el tipo y conceptos de gasto en que se incurre, así como del monto de pasivo que, a lo largo del tiempo, se cubrirá a estos prestadores de servicios”.

Para los auditores federales es un hecho que en los próximos años el Programa de Infraestructura Carretera recurrirá tanto a los PPS como a las APP, “lo cual hace suponer que los compromisos futuros de pago por este concepto irán incrementándose”.

Respecto de los PPS para hospitales de alta especialidad, la ASF fiscalizó tres: el de Ciudad Victoria (Tamaulipas), el de Ixtapaluca (Estado de México) y el del Bajío (Guanajuato), y encontró que estos proyectos implican compromisos financieros por 25 años al Estado; que no se reconocen como deuda pública, y que no se revelan en la Cuenta Pública federal, al no registrarse como pasivo de la Secretaría de Salud.

Así operan las privatizaciones veladas. Y, de aprobarse las nuevas reglas, en breve aumentará la discrecionalidad y, con ella, el abuso de poder. Por cierto, entre las empresas beneficiadas por los PPS está Tradeco, SA de CV –la favorita de Felipe Calderón–, a la que la extinta Secretaría de Seguridad Pública le encomendó, el sexenio pasado, la construcción –bajo este esquema– de dos prisiones por 12 mil millones de pesos.

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

 

 

Contralínea 460 / del 26 de Octubre al 01 de Noviembre 2015

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