Autor:

Señor Zeid Ra’ad Hussein, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

opinionUna parte sustantiva de la crisis generalizada que vivimos ahora es por el modelo económico vigente en México y que además amenaza la vida de las próximas generaciones. El modelo económico actual está agudizando las condiciones que afectan a grandes colectivos campesinos, indígenas y poblaciones urbanas. La privatización de recursos naturales estratégicos, los pactos comerciales que han desregulado la tierra, así como el despojo del agua, las selvas y bosques. La reforma energética y la Ley Minera son agravantes que ya están afectando el patrimonio y la vida de cientos de comunidades y están ocasionando conflictos socioambientales, represión política y despojo de los bienes a sus propietarios y ejidos en su mayoría pobres.

Los megaproyectos o grandes proyectos de desarrollo tienen graves impactos en lo ambiental y en lo social. La minería extensiva, el fracking, la creación de presas, acueductos, termoeléctricas, gasoductos, proyectos carreteros, turísticos, parques eólicos, siembra de soya y maíz transgénicos son ejemplo de la devastación de grandes regiones.

La realización de estas obras se realiza sin la consulta a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, como debiera hacerlo, de acuerdo con el Convenio169 de la Organización Internacional del Trabajo. La reciente consulta de Juchitán, Oaxaca, la cual pretende ser modelo, tuvo enormes irregularidades. Todos los principios fueron violentados y finalmente dicha consulta fue una simulación.

Cuando los pueblos afectados presentan los recursos jurídicos, éstos le son negados sin argumentos suficientes (no se comprueba la afectación o no hay interés legítimo). A pesar de existir sentencias que las amparan o les otorgan la suspensión de actividades, según lo dictado por jueces, las comunidades se enfrentan a que éstas resoluciones no se cumplan o han tenido grandes dificultades para lograr que se cumplan, ya que son las empresas y las mismas autoridades quienes  incumplen con ellas; y aunque caen en desacato, no hay mayores sanciones. La raíz de todo esto es que no existe la independencia judicial.

Por ejemplo, el pueblo yaqui cuenta con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspenden la construcción del Acueducto Independencia. Sin embargo, y a pesar de que este proyecto no cuenta con la manifestación del impacto ambiental, se llevó a cabo.

Con esto se pone en juego la vida misma de las comunidades, a quienes les une un vínculo espiritual con la tierra. Ésta no es una mercancía como pretenden hacerlo ver: el territorio es concebido como algo muy profundo, en el que se cimientan sus relaciones, sus valores y cultura; los espacios son parte de su cosmovisión que los une con sus ancestros y es el legado para las generaciones futuras.

Las consecuencias de estas políticas carentes de perspectiva de sustentabilidad son el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus bienes, derrames de sustancias tóxicas, el riesgo de algunas especies animales y vegetales de desaparecer, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión del suelo, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación del agua y el aire. Además de la afectación a los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda, la cultura, al medio ambiente y con ello la afectación devastadora de una mayor pobreza.

Ante esto las comunidades se han organizado para proteger su territorio y con ello la vida de las generaciones futuras; sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido condenar a la cárcel a los líderes de los pueblos, judicializar la lucha con órdenes de aprehensión y promover los ataques a las personas defensoras.

Las consecuencias para quienes se han opuesto al saqueo ha sido un combate incesante. Por ejemplo en la zona nahua de la costa michoacana han asesinado a más de 32 personas indígenas, entre ellos un niño de 12 años, este último asesinado por un convoy militar. Así en otras regiones. Además, ante la fuerza con la que ha surgido el crimen organizado en los últimos años, estos grupos delincuenciales, en connivencia con autoridades, han despojado de bienes comunes en múltiples regiones.

La documentación del Comité Cerezo reporta que de junio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 448 eventos de agresiones contra 248 personas defensoras, 47 organizaciones y 35 comunidades. Esto refleja un aumento constante durante los últimos años. Las agresiones en el periodo de Enrique Peña Nieto han crecido de manera alarmante. Además han surgido varias iniciativas de ley que pretenden legalizar la represión política para controlar cualquier tipo de disidencia. En este contexto, las empresas privadas se han constituido en agresores frecuentes de las personas defensoras de la tierra y el territorio, junto con las autoridades y los caciques locales y regionales.

Por otro lado, la cosificación de la vida humana ha tenido consecuencias culturales terribles. México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial. Según un informe sobre Feminicidio en México, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde 2007. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, y según datos de las procuradurías de Justicia de los estados, cada día en México se asesinan seis mujeres: en 2012 y 2013 se asesinaron al menos a 3 mil 892 mujeres en el país. Además, una de cada tres personas desaparecidas es mujer y casi la mitad de ellas es menor de edad.

La respuesta ante los efectos del modelo económico ha sido la ejecución de programas sociales que no han aportado cambios sustanciales, pues estamos en los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. Estos programas asistenciales dividen y crean dependencia y, por si fuera poco, son utilizados como propaganda y manipulación política.

Por otro lado, como consecuencia de una política que favorece la desigualdad, nos encontramos con porcentajes de pobreza muy similar que la de hace 20 años (46.2 por ciento, y en extrema pobreza 9.5 por ciento). Donde solamente los “no pobres” y no vulnerable es de sólo el 20.5 por ciento de la población. Esto tiene su explicación en que los beneficios del insuficiente crecimiento económico se refleja en un reducido porcentaje de la población. El 10 por ciento más rico posee el 64 por ciento de toda la riqueza del país; los 16 mexicanos más ricos acumulan 142 mil 900 millones de dólares. La desigualdad ha significado que millones de hogares se encuentren con ingresos que no cubren las necesidades mínimas, mientras los hombres más ricos se encuentren en esta posición con base en despojar a las comunidades de sus bienes y recursos más preciados.

Denunciamos que este modelo económico traerá más muerte, despojo y riesgo para las próximas décadas de seguir así. (Participación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos en el marco de la visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 5 al 7 de octubre de 2015)

Fernando Ríos Martínez*

*Secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 460 / del 26 de Octubre al 01 de Noviembre 2015

contralinea-460-m