Entre el 26 y 27 de septiembre del año pasado, cuando desgobernaba a Guerrero el corruptísimo Heladio Aguirre, con los esposos Abarca en el municipio de Iguala, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en una maniobra policial, militar y de la delincuencia organizada. Desde entonces solamente se han generado informaciones mentirosas y se han dado largas para ganar tiempo y alcanzar el final del sexenio peñista, dejando la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam como el único logro de la Procuraduría General de la República (PGR). Ésta, ahora en manos de la señora Arely Gómez, sigue plantada en más de lo mismo, es decir, no hay nada nuevo. Hay más de 100 detenidos y ninguna consignación, y el estado de derecho no ha podido abrir la Zona Militar de Iguala del 27 Batallón de Infantería.
Y si bien los padres, familiares y la sociedad civil que integran la democracia directa no han dejado de insistir en su demanda-petición de que la democracia representativa del gobierno federal permita que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevisten a los soldados y militares involucrados, la única respuesta, por medio de Miguel Ángel Osorio Chong, es que tal planteamiento no prosperará. Lo cual hace suponer que algo ocultan, y que funcionarios estatales y federales fueron los que desaparecieron a los normalistas. La cantada transparencia es un mito, en el caso, una cortina de impunidad, ya que una investigación penal no puede ni debe tener cotos prohibidos.
Los eventos de Ayotzinapa, con los de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, entre otros, son hechos representativos de la pavorosa y sangrienta inseguridad que busca atemorizar y crear miedo en los mexicanos para someterlos a la despiadada política económica; y son la soga al cuello del peñismo, que no ha querido facilitar las investigaciones. Socialmente, la desaparición de los 43, los cuatro que fueron asesinados y uno de ellos hasta desollado, demuestran que no hay voluntad política-democrática, y sí, en cambio, negligencia, omisiones y hasta intención de obstruir la impartición de justicia, en un caso más de impunidad. Enrique Peña no debe ignorar que aún cuando concluya su sexenio y no se haya resuelto el problema, ya no podrá escapar a un deslinde de responsabilidades. Ya pasaron los tiempos del presidencialismo, en su calidad de jefe de gobierno, que no respondía de sus actos. Y si está encubriendo a los militares, obviamente que es mucho más grave su conducta.
Dejar el asunto enredado como está es la intención. Para lo cual se han destruido pruebas, como lo informan los reporteros Pablo de Llano, César Martínez y José Antonio Román (El País, Reforma y La Jornada, 18 de agosto de 2015). Las protestas por la desaparición de esos 43 estudiantes es ya un clamor mundial que el peñismo debe aclarar y que no pueden pasar los años sin que sepamos quiénes ordenaron semejante barbarie. Y como no hay nada mágico, procede que la PGR apure las investigaciones y, con las declaraciones de los detenidos, integre ya un expediente, para que vayamos conociendo la verdad jurídica-penal y no salir con la estupidez de Murillo Karam de una “verdad” en tono de farsa.
La enésima petición de los comisionados de los derechos humanos para entrar a la Zona Militar estacionada en Iguala y escuchar lo que tengan que decir los militares entonces de guardia ha sido desechada por el señor Osorio Chong, obviamente, por instrucciones de Peña. Nada gana éste con encubrir a los soldados que deben saber mucho sobre los acontecimientos del 26-27 de septiembre, cuando los secuestraron y hasta la fecha están desaparecidos. Sus padres han estado alerta y en constantes manifestaciones públicas denunciando la desaparición de sus hijos. Y la nación atenta y comprometida, exige, por medio de los cientos de miles que se manifiestan, que la PGR y el gobierno federal se apliquen a cumplir con su obligación de entregarlos vivos, “porque vivos se los llevaron”… Lo de Ayotzinapa no va a detenerse. Se trata de un asunto de lesa humanidad. Queremos los mexicanos saber dónde están, cómo y por qué los secuestraron. Los 26 militares de Iguala deben ser puestos a disposición de la comisión investigadora. No debe haber excusas. Y nadie de quienes hayan sido y sean señalados puede quedar al margen de la legalidad. Este asunto exige que prevalezca el estado de derecho, y éste no excluye ningún hecho ni evidencia, si es que la investigación ha de llegar hasta sus últimas consecuencias.
Ya transcurrió 1 año. Y ni los padres, ni los familiares ni los mexicanos comprometidos en saber sobre el paradero de los 43 normalistas vamos a ceder en ejercer el Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para continuar protestando contra el peñismo por su obstrucción a la investigación, al negarse a que los militares del 27 Batallón de Infantería que estaban en servicio cuando acontecieron los hechos también sean investigados. Este suceso no debe ni puede ser olvidado. No lo será. Se trata de un problema político, penal y social que importa demasiado.
Álvaro Cepeda Neri*
*Periodista
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: CONTRAPODER]
Contralínea 457 / del 05 al 11 de Octubre 2015
