Los expedientes ministeriales del caso de los 43 normalistas rurales desaparecidos en Iguala ya ha revelado, al menos, la existencia de una organización trasnacional dedicada al trasiego de heroína desde Guerrero hasta distintas ciudades de Estados Unidos. Un operativo permanente de trasiego de drogas y dinero sólo pudo haberse realizado con complicidades que rebasan a las autoridades locales

En testimonios ministeriales de policías presos por la masacre de Iguala de hace 1 año –seis muertos, 40 heridos, 43 normalistas rurales desaparecidos bajo una lluvia de balas– aparece no solamente el modus operandi del tráfico de drogas en la zona, sino cómo se permitió pasar cargamentos ilícitos la tarde de ese mismo 26 de septiembre, que muy probablemente fueron colocados en clavos de alguno de los tres autobuses que esa noche, accidentalmente, tomaron en préstamo forzado los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

¿Cuántos viajes en automóviles, camionetas, autobuses, tractocamiones y demás vehículos de carga desde las ligeras estaquitas hasta los ruidosos torton se requieren para sacar decenas de toneladas de goma de opio de las zonas amapoleras de Guerrero? ¿Cuántos contrabandos hormiga para sacar la heroína ya obtenida en decenas de laboratorios, o cocinas como familiarmente las llaman los traficantes? La heroína guerrerense alimenta a más de la mitad del mercado de los adictos estadunidenses. La droga mexicana invade al país vecino: de eso no hay duda. ¿Y cómo sale desde aquí? El cotidiano tráfico de los opiáceos se concentra en Iguala sin problemas. En los alrededores se han instalado retenes cuya función es encubrir y proteger cargas ilícitas. No tienen otra razón de ser que la cobertura al narco.

En los momentos precisos, en las horas y para los vehículos pactados, simple y convenientemente dejan pasar automotores previamente “aprobados”, que no son revisados por orden de la autoridad. Los policías comisionados en los filtros carreteros deben hacerse de la vista gorda o simplemente ausentarse cuando así lo ordenan sus jefes. Este sistema de falsa vigilancia ha sido la tradicional coladera para el trasiego de drogas, pero con careta de tarea cumplida.

Consulté miles de páginas del expediente sobre la agresión conjunta de autoridades y delincuentes en Iguala y hallé el ADN del tráfico de drogas como pretexto y causa de la desaparición de 43 normalistas, el asesinato de seis personas y de heridas a 40 más.

El 4 de octubre de 2014 rindió su declaración uno de los policías de Iguala con más experiencia. Interrogado por el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Cuevas Aparicio, el hombre comenzó a describir este modus operandi consentido 1 día sí y otro también por autoridades de Iguala y los policías encargados de los retenes.

Honorio Antúnez Osorio ya no es un jovencito. Pero lo era cuando causó alta en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, adscrito a la 35 Zona Militar en 1984. Después de pertenecer, entre 1991 y 1993, a la Jefatura Regional de Servicio de Materiales de Guerra en la Novena Zona Militar, fue enviado a Ciudad Juárez en funciones similares. Se jubiló y, ya cuarentón, en 2006 ingresó a la Policía Municipal de Iguala.

Hoy tiene 51 años, y a partir de 2012 fue asignado a filtros y puestos de revisión en El Tomatal, El Naranjo y Loma de Coyotes, en las afueras de Iguala.

En septiembre de 2014 se le encomendó ir a Loma de Coyotes a bordo de la patrulla 007, una Ranger de doble cabina, con sus compañeros Alfonso Reyes Pascual, alias Guanchope, y Julio Salgado. Allí, el exmilitar Antúnez escuchó a Reyes Pascual (o Rey Pascual) comunicarse, vía Radio Matra, con otro policía de apellido Vieyra, alias el Taxco, quien le dio instrucciones de que, cuando pasara una camioneta roja de Protección Civil, “los demás elementos nos moviéramos de ahí y que no se revisara ningún vehículo”, porque estaba pasando la camioneta oficial, casi siempre seguida de otros vehículos, autorizados para transportar droga y personas que se iban desde allí al poblado de El Naranjo, que está por la salida a Taxco.

Todas las cargas seguían la misma ruta de la heroína. Por el rumbo está otro filtro que custodiaba usualmente el policía Pánfilo Quintero, alias Pangola, y en algunas ocasiones Rey Pascual, “quien siempre se hace acompañar de su hermano Marco Antonio Pascual, alias la Mula; siempre andaban juntos”. Delante de Fernando Pantoja y Pánfilo Quintero, “en una ocasión, le pregunté a mi B12 Alfonso Reyes Pascual, alias Guanchope, que por qué se le permitía el paso libre a ese vehículo. Que eso me valía madres, me respondió, ya que era ‘del jefe’. Entonces le dije: ‘¿de Valladares?’, situación que le molestó aún más y me gritó: ‘¡Cállate el hocico!’, que no mencionara el nombre del jefe”.

Honorio, el policía exmilitar, cuenta que corroboró estos hechos con su compañero Guadalupe Arriaga, quien, cuando pasaba la camioneta oficial, decía: “Ahí van esos coches de nuevo; vienen a hacer sus chingaderas y luego se van”, refiriéndose a que siempre se entrevistaban, antes de ingresar a Iguala, con Francisco Salgado Valladares, director de la Secretaría de Seguridad Pública, el mismo que la noche del 26 de septiembre ordenó por radio y teléfono parar los autobuses “a como diera lugar”, por instrucciones precisas del A-5, clave con la que se identificaba el entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez.

Ese jefe al que urgía impedir que los autobuses salieran de Iguala, Francisco Salgado Valladares, era ni más ni menos el controlador principal del paso de droga y de las cantidades que se manejaban. De ninguna manera iba a permitir que se extraviara un cargamento ya contabilizado por los Guerreros Unidos, ya sumado al activo del cártel. No era posible que, por un error de logística de quienes se encargaron de empaquetar y colocar la droga en el autobús o por la ignorancia de quienes secuestraban el camión, la droga tuviera un futuro incierto, después de pactada y colocada de manera que ninguna revisión oficial pudiera ubicarla, embarcada ya con ruta y destino previstos, ya con mercado y paga asegurados.

Que no le daban dinero por hacerse de la vista gorda, aseguraba Honorio, pero sí lo amenazaban con enviarlo a la policía de Cocula, municipio de Teloloapan, si hablaba del asunto. Que la camioneta tolerada, con permiso de circular con cargas ilícitas que ha mencionado, tiene las siguientes características: es roja, tiene una torreta, luces, un tubo sobre la ceja, que tiene dos luces arriba; la tapa de atrás es blanca, no cuenta con placa en la parte trasera. Que este vehículo lo veía como a 20 metros de distancia, porque “mi B12 (jefe de grupo) Reyes Pascual siempre nos ordenaba alejarnos de allí” cuando pasaba la camioneta.

La mujer policía Verónica Bahena era la encargada de avisar a su pareja sentimental, Héctor Aguilar, alias el Chombo, cuando iba a pasar algún convoy de militares o policías federales. Usaba la clave 67, que quiere decir “alerta”, y también le informaba directamente al jefe Salgado Valladares para que no coincidieran y se toparan los vehículos con droga y los convoyes de vigilancia federal.

Por reportar actividades y movimientos, o por simplemente cerrar la boca, Guerreros Unidos repartía al menos 2 mil pesos mensuales a cada uno de los policías-halcones, por medio de sus jefes, a quienes les tocaba más dinero. Era un sobresueldo, porque los policías continuaban cobrando del erario y fingiendo que cumplían con sus deberes de vigilancia.

La tarde del 26

Otro policía, Salvador Herrera Román, confirmó ante el Ministerio Público (14 de octubre de 2014) que estaba comisionado en el puesto de revisión que está a unos 20 minutos al Poniente de Iguala, justo a la entrada del pueblo de Ahuehuepan, rumbo a Teloloapan, y actuaba “bajo las órdenes del policía tercero Rey Flores”.

Además de Salvador, hay otros tres elementos que utilizan la patrulla 09, una Ford con cabina, y un radio de comunicación Matra, que en ese lugar no funciona bien: “No tiene buena señal porque la red está caída”. Tampoco hay señal para los celulares en Ahuehuepan.

El fatídico 26 de septiembre de 2014 los policías fueron, como era la rutina diaria, por sus armas largas, fusiles .223 marca Beretta, y pistolas también Pietro Beretta de 9 milímetros. No había mayores novedades en el retén. Después de la comida, pasó el comandante Rey Flores y ordenó a sus hombres ir a hacer “un recorrido de rutina” por el pueblo. “¿Y qué hacemos con el retén?”, tímidamente preguntaron los subalternos. El jefe reiteró la orden de manera tajante. Tardaron poco más de 1 hora y media en esa rara y distractora tarea, sin aparente razón de ser, pero dejando sin vigilancia el filtro carretero. Saben que en el lapso pasó la droga en vehículos oficiales. Volvieron al puesto de inútil revisión y pasaron allí toda la noche, hasta que a las 07:30 horas nuevamente el jefe pasó por ellos para llevarlos al edificio de la policía estatal.

Se les indicó a estos policías del retén, ahora retenidos, que caminaran por un pasillo rumbo a una cancha de básquetbol. Y en el recorrido vieron que estaban varios individuos encapuchados quienes los señalaron con el dedo moviéndolo en sentido afirmativo.

“Como a las 11[:00] horas me enteré que unos futbolistas habían ido a Iguala a jugar un partido de fútbol y que había habido un desbarajuste, sin saber de qué se trataba [ni siquiera nombra a los normalistas], razón por la cual estoy en la mejor disposición de que se realicen las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que se me haga el dictamen en materia de rodizonato o lo que se necesite, pues la última vez que disparé fue hace más de 1 año, cuando fui a realizar prácticas”, decía inocentemente Salvador Herrera Román, a quien su propio jefe había entregado a la autoridad, sin deberla ni temerla, según su primeras declaraciones.

La maniobra distractora realizada por el jefe Rey Flores, justamente el 26 de septiembre por la tarde, con el consecuente abandono en la vigilancia del retén instalado en Ahuehuepan para revisar cada vehículo que por ahí transita, tiene todos los visos de haber franqueado el paso de heroína o goma de opio bajo control de mandos superiores.

Los tiempos dan para que la droga haya podido colocarse o programarse para ser ubicada dentro del autobús Costa Line que llegó de México a Iguala el viernes 26 a las 18:30 horas y que saldría, operado por Ismael Sánchez Hernández, a las 07:50 del sábado 27 de regreso al Distrito Federal. Transcurrirían más de 12 horas de estancia del transporte en la terminal de Iguala. Las 2 y media primeras horas, el chofer se ausentó de la unidad y regresó por sus llaves, que casualmente había dejado pegadas en el tablero, hasta las 21 horas. Muchas veces un conductor ni siquiera está enterado si se utiliza el autobús a su cargo para algún trasiego ilícito. Este Costa Line 2510 era un vehículo ideal para ser “cargado” con droga.

De hecho podría ser cualquiera de los otros dos, pues los transportes de pasajeros van lo mismo a la capital del país que a Chilpancingo, Acapulco, y otros puntos de posible entrega-recepción de cargamentos ilícitos. Ya hay corridas directas desde Iguala hasta la frontera Norte, asunto que jamás ha inquietado a las autoridades antidrogas ni lo ven sospechoso.

Lo cierto es que aparece, en actas ministeriales, la descripción de un descuido ordenado y programado en un retén carretero a unos pocos kilómetros al Poniente de Iguala. Eso ocurrió a las 17:00 horas, 4 horas antes de que comenzara la embestida contra los normalistas por la orden tajante del “párenlos a como dé lugar”.

Otro posible portador de la droga era el autobús 2513 de Costa Line, que recién llegaba de Acapulco y que no pudieron tomar los normalistas, porque el chofer Alejandro Romero Bustos encerró a los estudiantes que lo acompañaron desde la entrada a Iguala. Después se escondió para que los normalistas no pudieran encontrarlo.

Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) halló múltiples irregularidades respecto de un quinto autobús, el Estrella Roja 3278, el último en salir esa noche con normalistas y que se fue por detrás de la terminal de Iguala hacia Periférico Sur, el cual fue parado por la Federal de Caminos frente al Palacio de Justicia, los jóvenes bajados y amenazados por federales y municipales hasta que huyeron por los cerros cercanos.

El quinto autobús tomado por los normalistas, el Estrella Roja 3278, “nunca fue identificado ni investigado como escena del crimen” ni de las desapariciones de los estudiantes. Ese vehículo fue “desaparecido” del informe oficial de la Procuraduría General de la República (PGR); se mintió diciendo que había sido inutilizado por los propios normalistas en cuanto salieron de la Terminal de Iguala. El chofer dio varios testimonios contradictorios. Fue examinado por los expertos en julio de 2015, 10 meses después de la masacre. Pero… ¡no era el autobús original, sino otro que lo suplantó! La bitácora fue alterada, como si hubiera ido a Jojutla, pero en realidad fue a Cuautla, ambas ciudades en Morelos.

“Se da la circunstancia que fue el único [entre seis autobuses] que no fue atacado en la aciaga noche de Iguala. La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas podría haberse cruzado con la existencia de drogas ilícitas o dinero en uno de los autobuses, específicamente en ese Estrella Roja”, concluyeron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El trasiego de toneladas de goma de opio y de heroína hacia y desde Iguala se opera en autobuses de pasajeros y en camiones de carga, en tractocamiones, en vehículos particulares y rutas de colectivos que conectan poblaciones cercanas. ¿Hay modos más económicos y accesibles para sacar la droga desde los campos amapoleros hasta Chicago, Los Ángeles, o cualquier ciudad del país vecino que irá a parar a las venas, bocas, narices y gargantas de los adictos estadunidenses?

Para trasegar droga o dinero en efectivo, lo mismo en la República Mexicana que a través de su frontera Norte con Estados Unidos, se utilizan clavos o compartimientos secretos fabricados exprofeso, que, en la mayoría de las ocasiones, logran cruzar retenes, aduanas y todo tipo de controles (electrónicos, rayos láser, arcos detectores, binomios caninos, etcétera), pero gracias, siempre y principalmente, al elemento que suele aceitar la maquinaria de la corrupción con generosos sobornos monetarios. También es posible llevar cargas en pipas de gas, en los neumáticos o amarradas en los sitios más inverosímiles, bajo contenedores o junto al motor de un tractocamión o autobús (aire acondicionado, adosadas a la caja de velocidades, aparejadas al depósito de combustible, bajo el camastro en que suelen descansar los choferes detrás del asiento del conductor), o simplemente en maletas dentro del compartimiento del equipaje, con o sin doble fondo, todo ello en algún autobús de pasajeros.

Que se sepa, no hay alguna investigación sobre el envío de opiáceos desde Iguala; aunque la PGR presumió que sí, pero sin ofrecer detalles.

Se indaga, pero en Estados Unidos, donde autoridades capturaron a media docena de mexicano-estadunidenses que enfrentan cargos federales en una Corte de Chicago, precisamente por haber diseñado una estructura de transporte –crearon dos empresas legales– para desplazar heroína y goma de opio en autobuses de pasajeros y, en esos mismos vehículos, regresar millones de dólares a México.

Pablo Vega Cuevas, de 40 años, y su cuñado Alejandro Figueroa, de 37, en diciembre de 2004, cuando fueron arrestados y se exhibió el trasiego de droga en autobuses, movieron al GIEI a pedir información de esta presunta célula de Guerreros Unidos en Chicago y Oklahoma a las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

¡Párenlos a como dé lugar!

“¡Captúrenlos a todos!”, vociferaba en aquella noche de septiembre el radio operador José Natividad Elías Moreno, según contó el supervisor de tránsito municipal Francisco Narciso Campos.

Pero lo hacía por órdenes precisas del entonces secretario de Seguridad Pública Francisco Salgado Valladares, el mismo que autorizaba el paso de camionetas cargadas a través de los retenes, ordenando que nadie las revisara.

Además de transmitir sus órdenes al radio operador, Salgado Valladares personalmente llamó a varias patrullas para impedir a toda costa que los jóvenes y los autobuses se fueran de Iguala.

Y en testimonios ministeriales aparece que Salgado Valladares emitió el “¡párenlos a como dé lugar!” por instrucciones precisas del exalcalde Abarca, pero las culpas y las responsabilidades no son tan locales, no se quedan en el ámbito municipal, sino en el estatal y, sobre todo, en el federal, que permitió que toda esta pudrición progresara.

David Cruz Hernández, apodado el Chino, empleado de Protección Civil del municipio de Iguala, le pidió a su comandante Federico León Rubio que lo mandara a cubrir el partido de futbol entre la selección de Iguala y los Avispones de Chilpancingo, en vez de acudir al informe del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde, en la explanada del Palacio Municipal. Se fue en la camioneta Ford con número de serie PC-03:

“Cuando terminó el primer tiempo (21:15 horas), iba ganando Iguala 1-0 y en ese momento escuché por el radio portátil que estaban reportando de la base de Protección Civil una clave 200, que quiere decir ‘balacera’; la reportaban a la altura de la explanada del Palacio Municipal de Iguala”.

El Chino se dirigió al lugar y en el trayecto escuchó por las frecuencias de la policía que había personas heridas a la altura del Puente del Chipote. Al pasar por ese sitio vio que tres o cuatro camionetas de la policía municipal impedían el paso de dos autobuses. De esos transportes “bajaron aproximadamente 40 personas, todos civiles, algunos de ellos portaban armas de fuego, tipo escopetas, pero no escuché disparos, y algunos de ellos abordaron una camioneta modelo Urvan, color blanco, del servicio público, y otros abordaron una Suburban, y enseguida tomaron rumbo a la colonia Loma de los Pajaritos”. Los policías nada hicieron por detenerlos (si es verdad que iban armados, se trataba de sicarios de Guerreros Unidos, pues ni uno solo de los normalistas portaba algún arma y menos tipo escopeta o rifle).

Otra vez por la radio, el Chino David Cruz se enteró que había un herido cerca de Periférico, en la Avenida Juan Álvarez, “por lo cual me dirigí a ese lugar y al llegar observé que había varios policías municipales resguardando el lugar, así como desviando la circulación de vehículos… todos los policías estaban encapuchados” (¿eran todos policías o había sicarios o inclusive militares de negro entre ellos?).

Tienen razón los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Claudia Paz –de Guatemala–, Ángela Buitrago y Alejandro Valencia –de Colombia–, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Martín Berinstáin cuando piden que se esclarezcan perfectamente los tiempos y las circunstancias de la ocupación de los autobuses:

“Primero, hay dos autobuses tomados por los normalistas; en éstos van a tomar otros vehículos. Hay un tercer autobús que los normalistas toman en lo que se llama la Casa del Cura o cruce de Huitzuco (en la carretera, antes de entrar a Iguala), en el que algunos normalistas se suben para ir a la Central de Autobuses de Iguala. Cuando llegan a la terminal [a los jóvenes] los encierran y no pueden salir. Llaman a sus compañeros y los dos primeros autobuses van a la central. En ese segundo escenario hay ya tres autobuses. De ahí salen ya cinco vehículos. Cada uno tiene diferentes trayectorias o rutas.”

Todo parecía indicar que uno de los tres camiones tomados en Iguala pudo haber librado la línea de las balaceras, la muerte y las desapariciones, porque no fue reportado a un corralón ni se le hicieron peritajes por haber recibido disparos. Simplemente no aparece en actuaciones con número económico ni placas y, según testimonios de varios normalistas y los demás choferes, era un Estrella Roja del Sur que pasó por la carretera rumbo a Chilpancingo después de las 21:00 horas, sin encontrarse aparentemente con policías o sicarios ni con nadie más que le ordenara parar. Era demasiada fortuna para ser verdad. En realidad, aunque ya iba tomando la carretera, dejando atrás a Iguala, cerca del Palacio de Justicia, fue retenido en un puesto de revisión de la Policía Federal de Caminos; un policía, apuntándoles con su arma, les gritó: “¡Hijos de su puta madre, alto!”. Los jóvenes retrocedieron y subieron unas escalinatas por el llamado Cerro de la Bandera, mientras los policías disparaban y gritaban: “¡Deténganse, cabrones, o los vamos a chingar!”. A 10 de los jóvenes les dio asilo una mujer en su casa, en donde permanecieron hasta la madrugada del 27, cuando se encontraron con varios compañeros y todos se presentaron ante el Ministerio Público. Los otros cuatro caminaron durante horas, cruzaron un cerro y al final hallaron refugio con una familia, hasta las 05:00 horas, cuando fueron a la Fiscalía de la Zona Norte. Hay que destacar que los normalistas se presentaron voluntariamente a declarar porque no tenían delito, ni el mínimo asomo de conducta ilegal qué esconder. Esta comparecencia ante la autoridad demuestra, por sí misma, cómo los únicos agredidos fueron los normalistas.

Toda esta maniobra encubridora explica el saldo de cientos de muertos, secuestrados, hallados en fosas y desaparecidos en Iguala y sus alrededores en los meses anteriores, horror que se logró destapar después de la infame y absurda desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

“Los crímenes de septiembre de 2014 son sólo los más recientes de una larga historia de atrocidades en Guerrero”, como lo sugiere el descubrimiento de decenas de nuevas fosas con cadáveres, dice el informe de Open Society.

De 80 grupos criminales identificados en la República Mexicana, 26 tienen asiento en Guerrero, dice citando a Contralínea. “Documentos de inteligencia revelan que el gobierno federal sospechaba que al menos 12 presidentes municipales de Guerrero, ocho de ellos del Partido de la Revolución Democrática, tenían presuntos vínculos con organizaciones criminales”, asienta en la página 13, en donde consigna que el Ejército, por falta de confianza en autoridades locales, habría tomado el control sobre 13 alcaldías guerrerenses.

De los 19 mil 434 homicidios dolosos registrados oficialmente en Guerrero de 2005 a 2014, en ninguno de esos años ha llegado al 10 por ciento el porcentaje de sentencias condenatorias. Nadie ha sido consignado en una larga historia de desapariciones forzadas y de torturas. “La impunidad ha sido absoluta”.

Mientras en todo Guerrero su Fiscalía registró 239 denuncias por desaparición en 7 años, solamente en Iguala con “los otros desaparecidos” ya suman 273. Si se agregan los 43 de Ayotzinapa y al menos 100 en el municipio de Chilapa y varias decenas en Cocula, estamos hablando de una tragedia de dimensiones colosales que había permanecido oculta antes de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

En cuanto a la heroína, el negocio es tan próspero que ya hay sucursal de los Guerreros Unidos en Chicago, Estados Unidos. Eso descubrió la Agencia Antidrogas estadunidense en más de 1 año de espionaje telefónico a Pablo Vega, alias el Transformer, y socios, quienes almacenaban en exceso la droga en Aurora, Batavia y otros suburbios de Chicago. Así como están registradas las cantidades de cientos de miles de dólares por cada envío (y son varios a la semana), aparecen las dos líneas de autobús que los traficantes crearon: Vulcano y Monarca, en Guanajuato y Zacatecas, y las claves para autobús (tía), para paquetes de droga (niños), para clavos o compartimientos ocultos (cartera), o para dinero que regresa a México en los mismos autobuses (documentos), según constató el espionaje telefónico de los servicios de inteligencia de Estados Unidos a los Guerreros Unidos.

Nada casual que haya varios teléfonos intervenidos que se comunicaban todos los días a celulares con el prefijo 733, es decir, a Iguala.

 

 

José Reveles*

*Periodista

[PORTADA] [BLOQUE: ANÁLISIS] [SECCIÓN: SOCIAL]

 

 

 

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Contralínea 456 / del 28 de Septiembre al 04 de Octubre 2015