Aclara que no acosa a Contralínea

Saludos.

Recientemente, una compañera y amiga me ha hecho notar que el domingo 9 de agosto de 2015 publicaron en su página la siguiente información:

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/08/09/continuan-acciones-de-intimidacion-contralinea/

Yo soy la persona que aparece en las fotografías y que es descrita de la siguiente forma: “un joven de cabello largo y playera café, con cámara fotográfica y telefoto en mano, tomó imágenes de los alrededores de la sede de este medio de comunicación y de las puertas de acceso. Finalmente, la persona cruza la acera y videograba las instalaciones antes de retirarse apresuradamente”.

Aunque entiendo lo difíciles que pueden estar siendo las cosas para ustedes después de lo ocurrido con Rubén [Espinosa], me gustaría aclarar esta penosa situación.

1. Quién soy yo: mi nombre es César Jurado, soy estudiante de la maestría en filosofía de la ciencia en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y militante activo de la Asamblea General de Posgrado-UNAM (organización estudiantil que surgió a raíz de los hechos ocurridos en Ayotzinapa el año pasado).

2. Como ustedes lo hacen notar, esa foto fue tomada el lunes 3 de agosto por la tarde sobre Av. Río Churubusco a la altura de pueblo de Xoco. Yo no sabía que sus oficinas se encontraban ahí, pero me gustaría aclarar que ese día yo acababa de salir de la Cineteca Nacional y me dirigía de regreso a la Universidad.

3. No, definitivamente no los estoy acosando ni vigilando. Si revisan con detenimiento sus propios videos podrán corroborar que, desde hace al menos 1 año y medio, frecuentemente transito por la zona, ya que es parte de mi ruta habitual para desplazarme entre la Universidad, la Cineteca Nacional y Coyoacán (que son lugares que visito bastante).

4. Sobre la cámara: soy aficionado a la fotografía (una actividad que había dejado de lado y ahora intento retomar) y, como las personas que me conocen podrían corroborar, frecuentemente cargo la cámara conmigo, “lista” para capturar cualquier imagen que llame mi atención; esa ocasión tomé un par de tomas desde el puente peatonal hacia el Poniente y una de los AUTOS (que no de sus oficinas) a la altura de la calle (les adjunto las imágenes, esperando que éstas corroboren que no hay acoso de mi parte).

Con lo anterior en mente, espero que entiendan lo desconcertado que me sentí al leer los señalamientos que sobre mí publicaron. Aunque entiendo el clima de persecución hacia el periodismo independiente (que hoy más que nunca apunta hacia ustedes), no dejo de sentirme molesto (y hasta temeroso) por el contenido de su publicación, por lo que espero que puedan aclarar esta penosa situación. No deja de resultar paradójico que sus (tan lamentables) señalamientos se fundamenten sólo en que traía una cámara fotográfica en la mano.

Aunque de ninguna forma al grado que lo sufren ustedes, he vivido en carne propia el acoso y la intimidación. Eso me lleva a solidarizarme con ustedes por el mal momento que están pasando, pero también me hace temer por las repercusiones que las fotografías e información que publicaron puedan tener sobre mi integridad. Estoy más que dispuesto a que aclaremos esta situación de la forma que resulte más conveniente para ustedes (y para mí, claro está); nos podemos reunir, si ustedes consideran necesario, o recurrir a las instancias legales que consideren pertinentes.

Aunque realmente creo que cometieron un terrible error con su publicación, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de expresar mi admiración por la gran labor que hacen. Son muy valientes al asumir los peligros de hacer periodismo de verdad en un país como éste.

Quedo pendiente de su respuesta y disculpen si el correo fue innecesariamente largo.

César Jurado Alaniz

 

 

 

Desde América Latina, solidaridad con refugiados en Alemania

Estimada señora canciller federal, Angela Merkel; estimado señor ministro del Interior, Thomas de Maizière; estimado señor primer ministro del estado de Sajonia, Stanislaw Tillich:

Nos dirigimos a ustedes sumamente preocupados por el incremento de la violencia en contra de personas refugiadas y migrantes en Alemania.

La Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Múnich ha tomado conocimiento del aumento de los ataques contra personas refugiadas y migrantes en todo el territorio federal, especialmente en el estado de Sajonia, Dresde, y sus alrededores. Donde se vive un empoderamiento de los grupos neonazis y ultraconservadores delante de los ojos de las autoridades.

Las condiciones de alojamiento de las personas refugiadas representan una clara violación de sus derechos más elementales, además de violar el principio consagrado en el Artículo 1 de la Constitución Política alemana de que: “la dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público”.

No por falta de medios, sino de previsión, que cada vez más personas refugiadas son hacinadas en campamentos, sin contar con servicios sanitarios suficientes, artículos de higiene, ni atención médica adecuada.

Según nos han informado personas que hacen trabajo solidario con migrantes y refugiados, ellas han sido testigos repetidas veces de amenazas y provocaciones hacia personas refugiadas y migrantes por parte de grupos neonazis y ultraconservadores. En varios casos estas amenazas y provocaciones se han transformado en ataques contra las personas o sus lugares de alojamiento.

Es sumamente preocupante la pasividad y permisividad con que actúan las instituciones del Estado al respecto; especialmente la policía, que presenta una actitud casi complaciente con los agresores.

Señora Merkel, señor de Maizière, señor Tillich: permítannos recordarles que los mayores crímenes fascistas ocurridos en Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial sucedieron justamente por la permisividad de las autoridades. No en vano los servicios secretos alemanes se han ganado la triste fama de ser “ciegos del ojo derecho”, por su impresentable papel en la investigación de los crímenes perpetrados por el grupo terrorista nazi National Socialist Underground (NSU).

La situación de zozobra que viven las personas migrantes y refugiadas no se da solamente por la agresividad de grupos de derecha. Esto tal vez sea lo más visible, pero la razón más importante de esta problemática está en el manejo basado en cálculos electorales, con que se define la política de migración y asilo. Mientras siga habiendo políticos que despotriquen contra quienes buscan refugio en Alemania, se estará facilitando que crezcan expresiones fascistoides como el movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (PEGIDA, por su sigla en alemán), que a su vez sirven de paraguas a los grupos neonazis que hacen el trabajo sucio.

No puede ser que en materia de derechos humanos de personas refugiadas y migrantes Alemania sea candil en la calle y oscuridad en la casa.

Por lo tanto exigimos:

1. Que se garantice la integridad de todas las personas refugiadas y migrantes.

2. Que se detenga la criminalización de personas refugiadas y migrantes.

3. Que se procese y castigue a los agresores de personas refugiadas y migrantes y no a quienes las apoyan y se solidarizan con ellas.

4. Que se reconozca la migración económica como una causal de asilo.

5. Que se agilicen los procesos de otorgamiento de asilo a personas refugiadas.

6. Que Europa abra sus fronteras para terminar con el genocidio que se está perpetrando contra aquellas personas que buscan entrar, porque sus medios de subsistencia han sido destruidos por la política exterior de la Unión Europea en complicidad con las oligarquías locales.

Atentamente:

El equipo de la Oficina Ecuménica y Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila, México; Javier Sicilia, poeta, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México; padre Alejandro Solalinde, director del albergue de migrantes Hermanos del Camino, México; Red Todos los Derechos para Todos y Todas, integrada por 75 organizaciones de Derechos Humanos en todo México; Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, Oaxaca, México; Asamblea Nacional de Afectados ambientales, México; Compañía teatral Telón de Arena de Ciudad Juárez, Chihuahua, México; Oikos Solidaridad, El Salvador; Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador; Innovación Vegetal Rural, El Salvador; Organización Fraternal Negra Hondureña, Sambo Creek, Atlántida, Honduras; Colectivos en Acción, Mittelamerika; Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras; Altereco, Honduras; Centro de Derechos de Mujeres, Honduras; Arcoiris, Organización de Derechos LGBTIQ, Honduras; Solidaritätskomitee México-Salzburg; Liliana Uribe, abogada y defensora de derechos humanos, Colombia; doctor Andrés Barreda, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México; Carlos Fazio, periodista, México; Perla de la Rosa, actriz, Ciudad Juárez, Chihuahua, México; Zulma Larín, El Salvador; Octavio Rosas Landa, profesor en la UNAM, México; Adriana Martínez Rodríguez, profesora en la UNAM, México; Ana Alicia Peña, Migration Studies, Facultad de Economía, UNAM; Nashelly Ocampo Figueroa, Universidad Pedagógica Nacional, México; Gilda Rivera, Honduras; Víctor Ortega, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), México; Sergio Valdez Ruvalcaba, profesor en la UAM, México; Peter Nataren, Santa Marta, El Salvador; doctora Reyna Sánchez Estévez, UAM, México; profesor Gustavo Zelaya, Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Fernando Reyes, activista LGTTTBI, Honduras; Óscar Arnulfo Ramírez Beltrán, El Salvador; Karla Lara, cantautora feminista, Honduras; Gabriela Gorjón Salcedo, México; Fernando Ríos, defensor de derechos humanos, México; Quetzalcóatl G Fontanot, defensor de derechos humanos, México; Morena Herrera, El Salvador; Diego Luis Sachella, guionista, Múnich, Alemania; Doctor Sebastián Alejandro Giusti, Múnich; Gisela Rose, Buenos Aires, Argentina; Ramón Minieri, Río Colorado, provincia de Río Negro, Argentina; Ana María Montagnini, Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina; Doris Viviana, Paz Bonilla, Renania del Norte-Westfalia; Lázaro Mireles, Würzburg

 

 

 

Defensores de derechos humanos de todo el país demandan libertad para Nestora Salgado

Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente:

A través de la siguiente comunicación nos ponemos en contacto con usted para unirnos a la exigencia nacional e internacional de la liberación inmediata e incondicional de la defensora comunitaria Nestora Salgado, originaria de la comunidad de Olinalá, en el estado de Guerrero, México.

Es de nuestro conocimiento que la defensora comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá fue detenida ilegal y arbitrariamente el 21 de agosto de 2013. Asimismo, siete elementos más de la CRAC-PC fueron detenidos y tres más se encuentran bajo proceso, libres bajo caución, por eventos relacionados y otros más de criminalización.

La detención de la defensora se realizó tras un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá, sin que se le mostrara orden judicial de detención emitida por alguna autoridad competente, ni se le informara de las razones de su detención.

Desde un inicio, dicha detención estuvo plagada de irregularidades que evidenciaron flagrantes violaciones al derecho a la libertad personal, en el marco de falta absoluta de respeto y garantía al debido proceso legal y otras violaciones a sus derechos humanos.

Luego de haber sido trasladada en las primeras horas a la ciudad de Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez en ese lugar; no contó tampoco con asistencia consular por ser también ciudadana estadunidense y no fue auxiliada por algún abogado de elección. Posteriormente, Nestora Salgado fue llevada a la ciudad de Acapulco por algunas horas, en donde se le tomó declaración preparatoria en indefensión e incomunicación.

Es de nuestro conocimiento que desde antes de su detención existía orden expresa y escrita firmada por el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero para detener a Nestora en el penal de máxima seguridad de Nayarit, y a tal efecto fue trasladada a ese lugar en un avión del entonces gobernador Ángel Aguirre. De acuerdo con la ley mexicana y a la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el único facultado para autorizar un traslado, previa solicitud del fiscal debidamente fundada y motivada, es el juez, sin embargo, el Código Procesal Penal de Guerrero, incluso no otorga siquiera facultades al juez para autorizar el traslado de una persona no condenada a un penal de máxima seguridad.

En dicho penal se le calificó administrativamente, sin revisión judicial, como presa peligrosa, colocándola en régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, esto imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y defensa, lo que tuvo graves consecuencias en su salud física y mental.

Desde su detención, elementos de seguridad pública estatal y castrense irrumpieron en la casa de justica de El Paraíso, en Ayutla, Guerrero, deteniendo a elementos de la CRAC-PC, quienes se encontraban a cargo de las personas detenidas y bajo el sistema de reeducación comunitaria; por ello les imputaron tres causas estatales por delitos de secuestro y liberaron a quienes habían sido detenidas por el sistema de seguridad y justicia indígena reconocido bajo la Ley 701 del Estado de Guerrero.

Por otra parte, con los mismos hechos denunciantes, argumentos y evidencias se le abrió un proceso penal federal por delincuencia organizada, duplicando los procesos penales. Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, Nestora Salgado fue exonerada por el Poder Judicial federal, el cual, a través del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, y ordenó su libertad inmediata respecto de ese delito, reconociendo la legalidad de las funciones de la Policía Comunitaria de Guerrero.

Sin embargo, esto no redundó en su liberación, y los procesos estatales siguen su curso, produciendo una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos), lo que dificulta su defensa y acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica, así como el derecho de toda persona detenida a un proceso justo, imparcial y equitativo.

Asimismo, en enero de 2015, el entonces gobernador interino del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, consideró a Nestora Salgado García como presa política manifestando públicamente que debía ser liberada inmediatamente. Para ello hizo pública la solicitud al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, del desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria. Pese a ello y a las pruebas insuficientes y contradictorias, la defensora continúa en prisión. Recientemente, el gobernador de Guerrero, expresando que busca la liberación de Nestora, impulsó una ley de “amnistía”, sin embargo, la justicia es la exigencia que hasta el día de hoy reclama la defensora, su familia y sus representantes.

Cabe mencionar que el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora Nestora Salgado, considerando que se encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud.

En mayo de 2015, Nestora Salgado, en el marco de implementación de las medidas ordenadas por la CIDH, y ante la reticencia del Estado mexicano para trasladarla de penal para salvaguardar su vida, la defensora inició una huelga de hambre que duró 1 mes. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que se produjeron graves violaciones de derechos humanos durante su detención y recomendó que fuera trasladada al Centro de Readaptación de Tepepan, en la Ciudad de México. Asimismo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ordenó incorporar a Nestora a dicho mecanismo, sin adoptar medidas efectivas que atiendan el problema de su criminalización y privación injusta de libertad.

La huelga de hambre emprendida por Nestora y las reuniones que se realizan para implementar las medidas cautelares ordenadas por la CIDH visibilizó la falta de voluntad política para la liberación de la defensora, a pesar de que no se cuenta con las pruebas necesarias para sostener las acusaciones que se le imputan y que se han evidenciado graves violaciones al debido proceso que invalidan lo actuado por la justicia guerrerense.

Además, el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y los relatores sobre la violencia contra la mujer, la Tortura, los Defensoras/es de Derechos Humanos, la Independencia de los Jueces y Abogados, los Pueblos Indígenas, y la Salud, han recibido información sobre la situación de la defensora y firmado una acción urgente dirigida al gobierno Mexicano pidiendo la libertad de la defensora comunitaria.

La detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, como represalia a la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.

Evidencia de ello es también la detención de los otros policías comunitarios integrantes de la CRAC-PC: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Galvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec, quienes desde 2013 se encuentran también encarcelados de manera arbitraria, así como la detención de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) quien se encuentra preso desde junio de 2014.

Es por ello que, a 2 años de la injusta detención de la defensora, exigimos al gobierno federal y a las autoridades del estado de Guerrero:

•La inmediata e incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero.

•Reparación integral del daño para la defensora y su familia.

•Garantías de seguridad para la familia de la defensora y sus defensoras/es.

•Acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por la detención ilegal de la defensora.

•Cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.

Atentamente:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

 

 

 

En lucha con los maestros

Está hostigando el mal gobierno de [Enrique] Peña –quien se encuentra al borde del despeñadero– pero el movimiento magisterial no sólo está en Oaxaca. Afortunadamente, hay muchos estados que siguen luchando. Vivo en Querétaro y aquí han habido dos marchas de maestros y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a las cuales he asistido. Y aunque la más reciente estuvo desangelada, la primera llenó el jardín principal, pues hasta contingentes de maestros de la sierra llegaron.

Que siga la lucha, y nosotros seguiremos apoyando hasta que caiga Peña Nieto y sus reformas, al igual que sus dinosaurios incondicionales. Gracias por el espacio.

Guadalupe López Atienza

 

 

[NUESTROS LECTORES]

 

 

 

Contralínea 450 / del 17 al 23 de Agosto 2015