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Tercera parte y última
 
La abierta agresión e intromisión de los cárteles financieros internacionales en las decisiones democráticas del pueblo griego han mostrado a los ojos del mundo hasta dónde están dispuestos a llegar los grandes capitales para no perder 1 centavo de su irrefrenable usura en la que la libre decisión de millones de personas son, en sus estados contables, un cero a la izquierda.
 
El gobierno de Alexis Tsipras terminó por ceder a las presiones de la oligarquía internacional, en particular de la llamada Troika, compuesta por el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comunidad Europea, con el gobierno alemán como punta de lanza en la figura de su canciller, Angela Merkel.
 
Tras imponer a la abatida Grecia sus acostumbradas medidas de reducción a los salarios, a las pensiones y los montos a la seguridad social, los cárteles de la oligarquía mundial en contraparte han obligado al gobierno de Tsipras a elevar impuestos como el IVA, del 13 al 23 por ciento, aplicándolo en alimentos básicos como el pan, el huevo y hasta en los medicamentos, reduciendo los salarios con lo que, sin lugar dudas, terminará por acabar de contraerse a su ya de por sí raquítico mercado interno.
 
Y por si algún tecnócrata itamista o harvardiano, que tanto pululan en los altos círculos de la democracia mexicana, duda sobre el esquema global que están imponiendo los organismos financieros internacionales, y que atentan contra la soberanía de cientos de países, reduciendo a su mínima expresión la voluntad democrática de millones de personas, baste con analizar las reformas que ahora deberá aplicar Grecia, donde –¿mera casualidad?– abrirá su sector energético y de telecomunicaciones a favor de las multinacionales, aceptando someterse a lo que diversos analistas europeos califican como una encubierta “colonización”, pues las decisiones que en materia económica apruebe su Parlamento deberán contar con el visto bueno del BCE y el FMI: un atentado directo a su sistema democrático y su soberanía.
 
Como hemos venido analizando a lo largo de la presente serie, este esquema de depredación gira en torno de una nueva esclavitud fundamentada por la deuda pública de muchos países, y que al paso de los años y la acumulación de intereses sobre intereses han colocado tales empréstitos en el rango de impagables y no negociables, al tenor de la infinita ambición de los cárteles financieros.
 
El “no”, por el que votaron mayoritariamente los griegos hace unas semanas, dando su apoyo a Tsipras para no aceptar las leoninas condiciones de la Troika en detrimento del golpeado nivel de vida de millones de personas, parece haber enfurecido a los capos de la oligarquía mundial que temieron una reacción en cadena en otros países que, como Grecia, están al borde del colapso social y económico por multimillonarios adeudos contraídos de manera no muy clara por políticos corruptos e irresponsables.
 
El parlamento griego ya había aprobado la conformación de la Auditoría de la Deuda y la Verdad para enfrentar, con pruebas en la mano, las desmedidas exigencias de los cárteles financieros, demostrando que su población no tenía por qué pagar las consecuencias de empréstitos pasados contraídos bajo condiciones por demás desfavorables al interés de las mayorías. Ahora que las mafias del capital mundial doblegaron al gobierno de Tsipras, queda a la luz lo que miles de organizaciones sociales en todo el planeta vienen denunciando desde hace años: el modelo neoliberal que priva en buena parte del orbe ha dejado de ponderar en sus políticas públicas a las necesidades y voluntades de millones de personas.
 
Una prueba de que la estrategia por anular la seguridad social se está imponiendo en todo el mundo con la complicidad de avasallados gobiernos es el aniquilamiento de las pensiones, cuyos montos buscan ser reducidos al grado de dejar en el mayor de los desamparos sociales y la miseria a millones de adultos mayores. Tsipras intentaba aumentarlas así como los salarios de millones de griegos que hoy, en la cuarta parte de su población, se encuentran desempleados, pero esto sencillamente es inviable en el esquema de los organismos financieros.
 
De hecho, el propio FMI delineó, desde 2012, la forma en que cientos de gobiernos deberían hacer frente al tema de las pensiones, ante lo que sus analistas calificaban como “aumento de la longevidad” en el mundo. El organismo recomendó disminuir sus montos para ahorrar recursos, y elevar la edad de jubilación. Dictados que en México, para desgracia de millones de trabajadores, se han aplicado a pie juntillas.
 
“A medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados”, por lo que señalaba: “Es importante que las entidades que ofrecen pensiones puedan actuar con flexibilidad: si no es posible incrementar las contribuciones o subir la edad de jubilación, posiblemente haya que recortar las prestaciones”.
 
En España, el gobierno derechista de Mariano Rajoy extendió este recorte de prestaciones a la privatización de los servicios asistenciales de millones de trabajadores españoles, modelo en el que está prohibido envejecer, pues saca de los beneficios de la seguridad social y la atención médica a enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y la insuficiencia renal (diálisis y hemodiálisis). Males que se presentan sobre todo en las personas de la tercera edad, y que se pretende sean costeados por una población fuera de la actividad productiva y empobrecida por sus magras pensiones.
 
Tan irracional e inhumano arquetipo ahora se busca imponer no sólo en Grecia sino también en México, como parte de estos lineamientos de los cárteles financieros, empeñados en obtener los máximos rendimientos a costa del nivel y la vida misma de millones de personas. No ha sido casual la visita realizada a España por altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, que han regresado con las indicaciones precisas para aplicar el criminal prototipo ibérico y para lo cual ya se prepara una reforma a la Ley General de Salud y al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que buscará ser aprobada en la acostumbrada insensatez del Partido Revolucionario Institucional y sus siempre aliados: el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, en la cercana LXIII Legislatura.
 
Es urgente que la clase trabajadora no únicamente de México, sino de todo el mundo, se ponga en guardia para frenar esta embestida que ahora no sólo busca expoliar su magro nivel de subsistencia, sino atentar contra su propia vida. Un solapado genocidio que gobiernos cómplices tratan de justificar por los dictados de los organismos internacionales, ávidos de seguir explotando, vía sus deudas públicas, a muchos países que, como el nuestro, deben someterse a las impostergables Auditorías Ciudadanas, que ya demostraron ser una latente preocupación de los cárteles financieros que temen ser descubiertos, así como muchos políticos corruptos, en su inhumana e irracional usura.
 
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[Opinión]
 
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