El tema de la educación en México se ha trivializado y cualquiera se atreve a repetir sin reflexión alguna lo que machacan día y noche los noticiarios de los consorcios mediáticos. Los especialistas del ámbito educativo no son escuchados. Si en verdad existiera un debate acerca de la reforma “educativa”, los expertos podrían ofrecer precisiones epistemológicas, pedagógicas y metodológicas de la educación. Y, en efecto, lo que necesitamos es que el tema se aborde sin apasionamientos ni visceralidades, mucho menos que sean los esbirros del poder los que dirijan el debate.

Realizamos estas precisiones con el objetivo de empezar a abordar el tema que en los últimos días ha causado polémica política, debido a los comentarios a favor y en contra de la evaluación educativa como uno de los ejes rectores de la tan ya sonada reforma, la cual desde sus inicios se mostró como una imposición gubernamental, sin consenso de las bases magisteriales y con un atropello a las garantías laborales de los docentes. Fue realizada por un colectivo de intelectuales orgánicos carentes de conocimientos pedagógicos y epistemológicos que les permitiera realmente generar cambios en los planes y programas de educación básica y fortalecer y actualizar al gremio magisterial.

El Ejecutivo, a través de su secretario de Educación Pública, quien funge como un dictador ignorante de toda pedagogía, esbirro del régimen priísta y dinosaurio antagónico de viejas prácticas abusivas y entreguistas al régimen neoliberal, se atreve a retar al gremio magisterial con el discurso alevoso de que llueva o truene la evaluación educativa va, “pues de no hacerlo sería ofender al presidente”. Más allá de la lambisconería, el discurso es demagógico, indigno de quien ocupa el puesto que en otras épocas ocuparon José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y algunos otros hombres ilustres que tenían la firme idea de que la educación es uno de los estandartes para que el país realmente progrese.

Es importante destacar que, antes de las elecciones intermedias, el gobierno peñista había suspendido la evaluación docente, esto como un distractor para que los docentes acudieran a las urnas a votar y no se ejerciera presión en contra del voto. Sin embargo, los empresarios de Mexicanos Primero y de Televisa y otros se encargaron de atizar la hoguera con comentarios, se lanzaron contra la decisión por mostrar a un gobierno “débil” y condescendiente a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus agremiados.

Los comentarios y las presiones al final fructificaron para ejercer la represión en contra del magisterio y evaluarlo por la fuerza y a costa de la violación de sus derechos laborales. Lo peor es que se trata de una evaluación carente de elementos pedagógicos y epistemológicos reales, pues como lo mencionó la directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hace algunos meses, este organismo aún no se encuentra preparado para llevar a cabo una labor de tal magnitud, es decir, no se tiene verdaderamente un instrumento que evidencie fehacientemente si un profesor es o no apto para ejercer la docencia.

Esta evaluación docente, como elemento motor de la reforma educativa, es un instrumento que vigila y castiga al gremio, pero que nunca va a mejorar la calidad de la educación en México. Una verdadera reforma –y evaluación– sólo será posible cuando sea elaborada por un grupo de verdaderos expertos en materia educativa.

 

Miguel López Ortigoza*

*Sociólogo educativo; doctor en enseñanza superior y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

[OPINIÓN]

 

Contralínea 443 / del 29 de Junio al 05 de Julio 2015