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Organizaciones demandan prohibición de sustancias químicas tóxica

Anchorage, Alaska, Estados Unidos; Toronto, Ontario, Canadá; Texcoco, Estado de México, México. Grupos dedicados a defender la salud, el ambiente, la justicia ambiental y los derechos humanos a lo largo de América del Norte hacen un llamado a los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos para que se detenga el uso del pentaclorofenol (PCP). Coaliciones de grupos en cada uno de los tres países han enviado cartas demandando que se apoye la prohibición mundial del PCP, así co-mo de dos sustancias recomendadas para su eliminación global por un comité de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que se realizará del 4 al 15 de mayo de 2015 en Ginebra, Suiza.

El PCP se ha utilizado en todo el mundo como un insecticida, fungicida y defoliante. Actualmente se utiliza principalmente como plaguicida conservante de la madera para los postes del servicio eléctrico, con la mayoría de su uso en Estados Unidos y Canadá.

Debido a su alta toxicidad y persistencia en el medio ambiente, el PCP ha sido prohibido en muchos países. El pentaclorofenol tiene implicaciones globales a la salud, ya que se encuentra en los cuerpos de las personas en todo el mundo, incluyendo los pueblos indígenas del Ártico. Ahora los gobiernos deben ponerse de acuerdo para finalmente eliminar esta sustancia química tóxica.

Las personas están expuestas al PCP a través de la inhalación, el contacto con la piel y la ingestión del agua subterránea contaminada. El PCP es una sustancia química tóxica y persistente que se encuentra en la leche materna, sangre, líquido amniótico, el tejido adiposo y el líquido seminal de personas de todo el mundo. El producto químico está asociado con efectos adversos para la salud, incluyendo daños en el cerebro en desarrollo y el sistema nervioso, el deterioro de la memoria y el aprendiza-je, la interrupción de la función tiroidea, la supresión inmune, infertilidad y aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer como el linfoma no Hodgkin.

Una coalición de organizaciones no gubernamentales y académicos hemos llamado a los gobiernos para que apoyen la prohibición mundial del pentaclorofenol, sin excepciones, y demandado una investigación a fondo de los impactos ambientales y de salud en la fábrica maquiladora que produce PCP para la preservación de la madera, siendo el único fabricante en Norteamérica de PCP, según el productor.

Urgimos para que se sumen a los países de todo el mundo que han dejado de usar el PCP. El Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) ha sido tremendamente cuidadoso en su trabajo y ha demostrado que existen alternativas seguras al PCP que permitirá a los usuarios actuales alejarse de este producto.

Los niños pueden estar expuestos a esta sustancia cancerígena mientras están jugando en y alrededor de los postes tratados con PCP en zonas residenciales y cerca de escuelas y parques. Estudios recientes han confirmado que los niños en Estados Unidos todavía están siendo expuestos al PCP, a pesar de que fue prohibido para casi todos los usos en 1987, excepto para proteger la madera de los postes de electricidad. Postes tratados con PCP están siendo reutilizados en la jardinería y cercas del ganado, que pueden resultar en exposiciones continuas. La exposición ocupacional al PCP durante el proceso de fabricación y aplicación es motivo de preocupación.

El PCP se utiliza casi exclusivamente en Canadá y Estados Unidos sobre los postes de electricidad. Las alternativas no químicas para estos usos están fácilmente disponibles, requieren menos mantenimiento, tienen una vida útil más larga y ya se han aplicado tanto en Estados Unidos como en Canadá. En Canadá el PCP se ha eliminado casi completamente. Por lo tanto, no hay ninguna razón para el uso continuado de esta sustancia altamente tóxica. IPEN recomienda firmemente que se enliste al PCP en el Anexo A del Convenio de Estocolmo sin exenciones específicas.

En mayo próximo, la comunidad internacional de las 179 naciones que han ratificado el Convenio de Estocolmo se reunirán en Ginebra, Suiza, para discutir la prohibición mundial del pentaclorofenol. México y Canadá son partes del Convenio. Estados Unidos no lo ha ratificado por lo que no es parte del Convenio, pero puede jugar un papel fundamental para proteger la salud de la comunidad mundial mediante el apoyo a la prohibición del PCP. El comité de expertos de la ONU del Convenio de Estocolmo recomendó la eliminación mundial de PCP en octubre de 2014. El Comité evaluó la persistencia, bioacumulación, transporte a larga distancia y efectos tóxicos del PCP. También destacó la amplia disponibilidad de alternativas no químicas mucho más seguras que este producto.

El Comité también recomienda la eliminación global de dos sustancias adicionales, el hexaclorobutadieno, producido como subproducto en la fabricación de disolventes clorados; y los naftalenos clorados, que se producen involuntariamente como en la incineración de residuos, fundición de metales y la producción de cemento. Los gobiernos de todo el mundo tomarán una decisión sobre las recomendaciones para la eliminación global de estas tres sustancias tóxicas en mayo 2015. Las partes en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes suelen aceptar las recomendaciones de su Comité de Expertos.

Pamela Miller, Alaska Community Action on Toxics; Fe de Leon, Canadian Environmental Law Association; Olga Speranskaya, IPEN Copresidenta, Eco-Accord chemicals/health policy lead; Fernando Bejarano G, Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México, AC

 

 

 

Liberan a Eduardo Mejía, último preso por conflicto en San Bartolo Ameyalco

En la madrugada del miércoles 22 de abril, cerca de las 02:00 horas, Eduardo Mejía Nava, el único de los cinco pobladores de San Bartolo Ameyalco que permanecía en prisión, recuperó su libertad y se reunió nuevamente con su familia y pobladores de su comunidad.

La juez 56 de lo Penal en el Reclusorio Oriente, después de que, por segunda vez, la juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal del Distrito Federal le ordenara dejar sin efectos el auto de formal prisión que dictó contra Eduardo Mejía Nava y demás coacusados, decretó auto de libertad para los cinco pobladores detenidos por motivos políticos el 21 de mayo del 2014, en San Bartolo Ameyalco.

Eduardo Mejía Nava fue recibido en la puerta del Reclusorio Oriente por sus familiares y por las organizaciones de derechos humanos y populares que abrazaron la lucha por su libertad. Una hora después fue recibido en el centro del pueblo por representantes de las autoridades elegidas en la Asamblea del pueblo de San Bartolo Ameyalco, la cual se formó debido a la represión del 21 de mayo del 2014 cuando, mediante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizado por cerca de 2 mil elementos policiacos, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores con el objetivo de realizar obras hidráulicas que no fueron consultadas con el pueblo y que vía de los hechos les arrebata su manantial y la posibilidad de garantizar su derecho humano al agua.

Agradecemos a la defensa jurídica en manos de Irma Lara y Sergio Soto, a los familiares de los detenidos el 21 de mayo que lucharon consecuentemente hasta el final, al grupo de trabajo permanente de San Bartolo Ameyalco, a los pobladores que hicieron de la libertad de los presos políticos su lucha, al Comité Cerezo México, organización de derechos humanos que acompañó la lucha por su libertad, a la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, a Radio Estudiantil Libertaria, a las 102 organizaciones de derechos humanos y populares que firmaron el pronunciamiento por la libertad de los presos de San Bartolo Ameyalco, a los estudiantes, trabajadores y a las personas solidarias que nos acompañaron en las marchas, en los mítines, en los actos políticos culturales, en los volanteos, perifoneos, pega de carteles, foros, talleres de niños, recolección de firmas y pronunciamientos.

Sólo la organización, la lucha independiente, la movilización y la denuncia arrancarán de la injusta prisión a todos los presos por motivos políticos del país.

¡Libertad a todos los presos políticos del país! ¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos! ¡Presos ayer: libres siempre!

Atentamente:

Familiares y Comité de apoyo por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco, Grupo de trabajo Permanente de San Bartolo Ameyalco, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Radio Estudiantil Libertaria y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular

 

 

 

Campesinos denuncian intento de despojo por parte de minera

A los afectados por la imposición de megaproyectos en Veracruz; a los medios de comunicación nacionales y del extranjero; a los organismos defensores de los derechos humanos; a las organizaciones populares, democráticas e independientes; al pueblo de México:

En fechas recientes, organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reforma neoliberal energética, hoy hecha ley, violenta de manera flagrante los derechos humanos de quienes se ven afectados por la imposición de proyectos hidroeléctricos, mineros, gasoductos, extracción de hidrocarburos, entre otros.

Un claro ejemplo de lo que se ha denunciado en el ámbito internacional somos los afectados por la imposición de la hidroeléctrica El Naranjal, en el municipio de Cuichapa, Veracruz, que denunciamos:

En el caso particular de la hidroeléctrica El Naranjal, la manipulación de información por parte de los representantes de la empresa y la aquiescencia del estado en beneficio de ésta, han generado incertidumbre en las comunidades afectadas, pues somos constantemente hostigados, intimidados y amenazados para obligarnos a vender nuestras tierras por un precio miserable que no tiene comparación con el lucro que obtendrán los empresarios del proyecto, que además traerá como consecuencia el desplazamiento forzado de cientos de familias por afectar indudablemente nuestro estilo de vida, al despojarnos de la tierra como nuestro medio de sustento.

Así, por ejemplo, aprovechándose de las necesidades de la región, Isidro Javier Tobías de la Rosa, representante de la empresa promotora, ha realizado diversos contratos de arrendamiento, compra-venta y promesa de compra-venta con campesinos de la comunidad indígena de Zapoapita, del municipio de Fortín de las Flores, y Zapoapan, del municipio de Ixtaczoquitlán. Contratos ventajosos en los cuales se establecen precios muy devaluados, respecto de los cuales, haciendo la operación aritmética correspondiente, indican un costo de 40 centavos mensuales por metro cuadrado en arrendamiento, precisando que el total del precio es único y definitivo, e incluso al concretarse la compra-venta, éste se señala como valor final. Compras de terreno que no corresponden al 70 por ciento del territorio necesario para la hidroeléctrica, como lo ha hecho creer la empresa.

Estas son algunas de las razones por las que el Ejido de Cuichapa solicitó la protección y justicia federal mediante el juicio de amparo 904/2014, radicado en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en Córdoba, Veracruz. Amparo que fue resuelto el pasado 4 de marzo decretando el sobreseimiento; esto es que el juez de Distrito no analizó las violaciones planteadas por considerar que no acreditamos interés legítimo, es decir, no acreditamos que dicho proyecto afecte nuestro territorio. Omite el juzgador considerar que, consta en el propio informe rendido por la Comisión Reguladora de Energía, una de las autoridades responsables por la emisión de la autorización para generación de energía eléctrica, las constancias en que se indica que la casa de maquinas del proyecto El Naranjal se instalará en predio de propiedad social perteneciente al ejido Cuichapa. Resolución que hemos impugnado, por lo que exhortamos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa competente para resolver, ponderando la protección de los derechos humanos y no en favor de los intereses de la oligarquía.

Si bien la empresa cuenta con una aprobación de manifestación de impacto ambiental (MIA) y la autorización para la generación de energía eléctrica, no es suficiente para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Ya que éstas fueron otorgadas de manera condicionada, y además requiere acreditar que cuenta con la autorización para uso de aguas nacionales, el derecho de uso de suelo, propiedad y posesión del territorio, concesión para la ocupación de terrenos federales, trámites con los que no cuenta hasta al momento. Cabe hacer mención que la aprobación de la MIA ya no es vigente, por lo que todo permiso o licencia derivado de la misma resulta nulo.

De acuerdo con la información obtenida, nos queda claro que la hidroeléctrica El Naranjal es una empresa de la oligarquía trasnacional representada en la familia González Guajardo, cuyo patriarca es Claudio X González Laporte, mismo que, con Carlos Salinas de Gortari, fue nombrado asesor para Asuntos Empresariales del mismo presidente de la República, cargo que ocupó durante todo el sexenio. En 2003 fue el principal cabildero para que el gobierno mexicano encabezado por Vicente Fox diera su voto a favor en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para la intervención militar de Estados Unidos en Irak, esto a pesar de ir en contra de los principios del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 2009 fue uno de los principales promotores del cierre de Luz y fuerza del Centro, fuente de empleo de miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Actualmente preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México (en la misma empresa su hijo Pablo González Guajardo es el director general) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al que pertenecen directivos de Grupo Posadas, Industrias Peñoles, FEMSA, Alfa, Bachoco, Banamex, Bimbo, entre otras. González Laporte es o ha sido miembro de los consejos de administración de Grupo Carso, América Móvil, General Electric, Unilever, Home Depot, Kellogg’s Company… A Televisa renunció el año pasado por supuesto conflicto de interés, ya que su hijo Pablo González se unió al Comité Estratégico de América Móvil.

Otro de sus hijos, Claudio X González Guajardo, exvicepresidente corporativo de Televisa, es presidente de Mexicanos Primero. Este personaje de la oligarquía incidió en la imposición de los lineamientos de la reforma neoliberal educativa hoy hecha Ley. Coordinador de asesores de Luis Téllez durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo, en 1994, fue el jefe de unidad de prospectiva y proyectos especiales de la Presidencia de la República. Junto a Fernando Landeros fundó organizaciones filantrópicas como Teletón, Lazos, México Unido y Unete. Como filántropo modelo, su ambición no tiene límites, en julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez denunció en tribuna la donación irregular de 44.7 millones de pesos que la Lotería Nacional hizo a la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), una de las organizaciones que González Guajardo preside. Reconocido por las instituciones de los Legionarios de Cristo, orden fundada por Marcial Maciel, acusado de abuso sexual a menores, en 2006 le dieron la Medalla Anáhuac en Educación, y 6 años después el Premio Impulsa al Emprendedor Social de 2012. Consejero de diversas asociaciones educativas de claro corte conservador, como la Fundación Carolina, formada por el Partido Popular español, dedicada a formar a las elites de la derecha de América Latina. En junio de 2011 llamó a cerrar las escuelas normales, según él “porque hay muchas muy mediocres y unas que son un hervidero de política y de grilla”; y advirtió: “Se va a requerir de mucha voluntad y de mucho valor y de que nos aguantemos la turbulencia, porque sin turbulencia no hay cambio”. El 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados por la policía, en Chilpancingo, Guerrero, los jóvenes normalistas rurales de Ayotzinapa Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, cuando defendían su escuela.

Otro vástago, y además gerente de El Naranjal, es Guillermo X González Guajardo, quien tiene a su cargo una red de empresas dedicadas al sector energético, entre ellas Protama, SA de CV; Agroetanol de Veracruz, SRL de CV; Taller de Empresa, SC, por la texana TexMex Energy, y las mexicanas Energía Azteca X, Gasoducto de la Huasteca, Hidroeléctrica Moctezuma, Hidroeléctrica Moctezuma II, Hidroeléctrica Moctezuma III, Hidrorizaba (en sociedad con los municipios de Boca del Río y Rafael Delgado), Hidrorizaba II, Micase y el gasoducto Tamazunchale.

Parte de los socios en esta hidroeléctrica El Naranjal son: Joseph María Córdoba Montoya, quien en su momento, como jefe de la Oficina de la Presidencia, fuera el principal asesor y consejero de Carlos Salinas de Gortari en su sexenio. Para 2013 se convirtió en asesor de Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Córdoba Montoya actualmente se mueve en los negocios de materia energética, por medio de la empresa Proveedora de Servicios de Energía, SA de CV, de la cual es propietario. Además ha estado asesorando y cabildeando en favor de empresas como Tractebel o Sempra Energy, ésta última investigada en Estados Unidos por corrupción y crimen organizado. No es de dudarse que resultará favorecido por la reforma neoliberal energética.

Como vemos, la imposición de la hidroeléctrica El Naranjal nada tiene que ver con beneficiar a las comunidades afectadas. Y sí mucho con generar un lucrativo negocio de “autoabastecimiento” para sus socios: Guillermo Jesús González Guajardo, Crisoba Industrial, SA de CV (con sede en San Martín Texmelucan, Puebla), Kimberly Clark y Joseph María Córdoba Montoya.

Las empresas de Guillermo González Guajardo son un claro ejemplo del negocio redondo de este puñado de explotadores que, con la complacencia administrativa de gobiernos federal y estatales, como en este caso con Javier Duarte, despojan violentamente o por medio del engaño, hostigamiento e intimidación, a los propietarios para que empresas del sector energético de la familia González Guajardo como TexMex Energy se dediquen a la importación de energía eléctrica (la cual venden a la Comisión Federal de Electricidad y a municipios como Saltillo, Coahuila, y Monclova, Sonora), y el resto de sus empresas tienen por objetivo la generación de energía eléctrica en México para “autoconsumo del sector privado”; aunque sus excedentes de producción son susceptibles de ser vendidos a la propia Comisión Federal de Electricidad.

Finalmente hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas por la imposición de estos proyectos hidroeléctricos a iniciar un proceso de coordinación y alianzas con el objetivo de hacer valer nuestro derecho a la autodeterminación, que como comunidades indígenas y campesinas tenemos; no dudamos que ante nuestra determinación de no vender nuestras propiedades se incrementen las modalidades de violencia en contra de quienes nos estamos organizando para defender nuestros recursos sociambientales. Por ello, hacemos responsables a la familia González Guajardo, así como al Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto y Javier Duarte de Ochoa, de la integridad física, sicológica y moral de quienes exigimos la cancelación de la hidroeléctrica El Naranjal, así como de las personas solidarias con nuestras demandas.

Combativamente:

¡Por la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos! ¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende! ¡Por la unidad obrero campesina! ¡Venceremos!

Ejido de Cuichapa, del municipio de Cuichapa, Veracruz; Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre; Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme, Unión de Todos los Pobres de la Sierra; Centro de Derechos Humanos y las Voces de Altas Montañas; Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango; Comité de Acción Proletaria; Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos; Red de Defensa de los Derechos Humanos; Pueblos Unidos de la Cuenca de la Antigua por Ríos Libres; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Unión de Residentes del Fraccionamiento de Puente Moreno; Justicia y Conciencia Ciudadana, AC; Pobladores, AC; Alianza Internacional de Habitantes

 

 

 

EPR detalla contexto en el que dos de sus militares desaparecieron forzadamente

A la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda para la Localización y Presentación con Vida de Nuestros Compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez:

Como señalamos en escritos anteriores, hemos estado al pendiente de su labor y gestiones, por lo cual siempre tendrán nuestro reconocimiento y de todo el pueblo de México.

Con respecto de la información solicitada sobre la detención-desaparición forzada de nuestros compañeros en dos comunicaciones públicas, en respuesta enviamos lo siguiente:

Es necesario decir que después de un pertinente proceso de investigación y verificación de la información sobre los horarios y espacios físicos en que se movieron y estuvieron nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez antes de su detención-desaparición el 25 de mayo de 2007, en la Ciudad de Oaxaca, hoy podemos precisar y corroborar lo acontecido previo a su detención-desaparición.

La información que les hacemos llegar es la que nos permite nuestra condición de luchadores revolucionarios clandestinos. Cabe señalar que nuestra militancia política transcurre bajo esta circunstancia, obligados por la esencia represiva del régimen. Apelamos a su comprensión de que hay datos que no podemos revelar, como la descripción precisa de la infraestructura que ocuparon, lugares donde trabajaron y los compañeros que estuvieron al lado de Gabriel y Edmundo horas antes de a su detención-desaparición por fuerzas represivas del régimen.

En esa lógica los datos e información que les proporcionamos son de veracidad comprobada; sucedieron tal cual como se exponen:

1. Los compañeros estaban cubriendo una agenda de trabajo de análisis y elaboración de alternativas en torno a la actividad revolucionaria que se llevaba en esas fechas en la entidad de Oaxaca; por consecuencia, tenían días de estar realizando diferentes reuniones de trabajo con compañeros de las estructuras clandestinas. El compañero Gabriel alcanzó a Edmundo en la ciudad de Oaxaca el 22 de mayo.

2. Al mismo tiempo realizaban labor de preparación política y formación ideológica, lo que requería de constantes traslados entre la zona urbana y rural, de un municipio a otro, al interior de la ciudad a diferentes colonias, expuestos de forma constante en el cumplimiento las tareas desarrolladas en un contexto de estado de sitio policiaco-militar desplegado por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. En el momento de su detención se encontraban desarmados y no asumían una actitud ofensiva militar.

3. Durante todo este tiempo se comunicaron en los tiempos y formas acordadas con la estructura a la que se reportaban.

4. El día 24 de mayo, a las 11:00 horas, el compañero Gabriel se reportó como estaba establecido, informando y confirmando que trabajarían en el transcurso de la noche, pero el lugar donde lo harían no tenía cobertura para la comunicación, por tal motivo no podría haber contacto por la noche, que no nos preocupáramos.

Sin embargo, a las 20:00 horas una comisión los buscó, intentando establecer comunicación sin lograr dicho cometido.

En la misma comunicación del 24 de mayo a las 11:00 horas, informa que se comunicaría al día siguiente a las 6:00 horas del 25 de mayo, por tal motivo no se establecieron los mecanismos de alerta partidaria.

5. Confirmamos, después de un exhaustivo proceso de información y comprobación, que el día 24 de mayo de 2007, al concluir una reunión de trabajo, a las 17:00 horas fueron trasladados del Sur de la ciudad de Oaxaca en un vehículo por una comisión de partido y los dejaron cerca de la Central de Autobuses de Segunda Clase, en el periférico y privada Las Flores.

La comisión desconocía por motivos de compartimentación la dirección a la que se dirigían y la agenda a cubrir ese día. Una vez que descendieron del automóvil el movimiento de los compañeros fue a pie.

6. Lo que la comisión de traslado desconocía era que a las 18:00 horas tenían una cita en el Jardín Madero, entre Morelos y cerca del centro comercial Gigante, hoy Soriana Madero. El encuentro estaba previsto en la esquina de la calle Francisco Madero y Húzares.

Sabemos que el contacto se realizó y se trasladaron a un domicilio de partido en el cual trabajaron en el transcurso de la noche con el Comité Estatal, en concreto, en la elaboración de un comunicado que fue enviado el 25 de mayo por la tarde y publicado en la página electrónica de Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema). El comunicado está signado por el Comité Estatal.

7. De acuerdo con lo establecido el 24 de mayo (entablar comunicación a las 6:00 horas), al día siguiente esperamos la llamada, la cual no se realizó. Por tal motivo se inició el proceso de localización para verificar que estuvieran bien los compañeros, a la vez que se iniciaba la alerta interna.

8. A las 06:30 horas del 25 se intentó establecer comunicación por medio del teléfono celular personal de Gabriel Alberto, sin lograrlo, siempre nos envió al buzón. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con los dos compañeros.

9. Declarada la emergencia interna de seguridad, otra estructura que se coordinaba con el compañero Edmundo intentó entablar comunicación llamando a su teléfono celular personal a las 14:00 horas del 26 de mayo. El teléfono daba el tono de que la llamada era recibida por el teléfono, sin embargo no era contestado; se intentó localizarlos por diferentes medios sin lograrlo; la incomunicación vía celular y la no localización física de nuestros dos compañeros vino a confirmar la alerta de seguridad. Elementos dentro de las normas y principios de seguridad partidaria nos confirmaban que se trataba de una detención-desaparición.

10. Por las normas de seguridad que exige la clandestinidad, el esclarecimiento de los detalles y el motivo de su desaparición se fue articulando gradualmente con la recopilación de la información al interior y exterior de nuestras estructuras, concluyendo y confirmando en el transcurso de 48 horas que su detención-desaparición fue obra del Estado por medio de su aparato represivo en acción coordinada de Fuerzas locales y federales.

11. Comprobamos que la reunión de trabajo con el Comité Estatal el 24 por la noche se desarrolló cabalmente; al día siguiente por la mañana, entre las 05:00 y 05:30 horas, se retiraron del domicilio en un vehículo; el comisionado para transportarlos reportó que los dejó en el punto acordado sin novedad, por el área donde había pasado la tarde-noche anterior por ellos.

12. Ésta era la última reunión de trabajo en el estado de Oaxaca de ambos comisionados –Gabriel Alberto y Edmundo–. El compañero Gabriel tenía un compromiso en un estado colindante el 26 de mayo por la mañana; del lugar donde se le esperaba también llamaron a su teléfono celular a las 14:00 horas para confirmar el compromiso acordado, sin obtener resultados positivos. Su teléfono continuaba enviando al buzón de voz.

13. Gabriel Alberto tenía un buzón en la ciudad de Oaxaca donde guardaba artículos personales y materiales de trabajo que debían ser trasladados ese día, por lo cual debía pasar antes de las 07:00 horas por ellos. El 25 de mayo ya no llegó al buzón, infraestructura que mantuvimos funcionando por mucho tiempo después, en la cual no se presentó ningún elemento extraño; se comprobó que siempre estuvo fuera de peligro hasta la fecha.

14. Previo a declarar públicamente su detención desaparición por motivos políticos cubrimos todo el procedimiento de verificación que incluye, entre otros aspectos, la revisión de toda estructura y relación política con las que se coordinaban y tenían contacto.

15. El siguiente paso fue dar a conocer el 27 de mayo, a partir de las 7:00 horas, a diferentes organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos la detención-desaparición de nuestros compañeros, solicitud de búsqueda y denuncia ante organizaciones no gubernamentales (ONG). Las respuestas iniciales fueron de evasión y negativa; prevaleció por horas la indolencia y la incredulidad de estos organismos. Sólo con uno, después de insistir y proporcionar elementos fehacientes de que las cusas eran políticas y reafirmar que se trataba de dos revolucionarios además de apelar a la calidad de su misión humanitaria, es que se logró convencer que estábamos ante un delito de lesa humanidad cometido por motivos políticos en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por su condición de revolucionarios.

Fue difícil enfrentar la actitud de estas ONG, que consistió en que de un organismo nos enviaran a otro y de éste al que nos había remitido con ellos… Pareció que nadie quería agarrar la papa caliente al no querer asumir su misión humanitaria con consecuencia. Además, a pesar de señalar que se trataba de un asunto sumamente importante de esencia política por tratarse del riesgo de perder la vida de dos revolucionarios por la perpetración de la detención-desaparición de nuestros compañeros, uno de estos representantes de una ONG nacional absurdamente nos solicitó cubrir requisitos no fundamentales para ese momento, conduciéndose hasta de forma burocrática, al determinar su actuación más por la formalidad que por la esencia del caso: denunciar el crimen de lesa humanidad, buscarlos con celeridad y solicitar su presentación con vida.

16. Tenemos conocimiento de una dato adicional: el 25 de mayo por la noche, en las oficinas de la Procuraduría Estatal de Justicia de Oaxaca, un ciudadano que tuvo acceso a los separos (por obvias razones nos reservamos la identidad), vio dos cuerpos muy golpeados y tirados en el suelo, que en un principio supuso estaban ebrios porque no se movían, pero luego observó su condición de torturados. Al conocer la noticia y los rostros de nuestros compañeros, los identificó plenamente.

17. En la información adicional también se encuentra que al enterarnos que algunas personalidades defensoras de derechos humanos tenían información que podía ayudar a esclarecer el crimen de lesa humanidad cometido en contra de nuestros compañeros, solicitamos la dieran a conocer; no sabemos por qué en ese momento no lo hicieron, pero hoy es del conocimiento público la detención del indígena Daniel Santiago Matías, de los Loxicha, el mismo 25 de mayo, al cual interrogaron después de visitar a los presos de esta región. Sabemos que el comandante Daniel Camarena Flores, con la anuencia de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, exprocurador del estado, le mostró una fotografía del compañero Edmundo y le pedía información sobre él. Hecho que confirma la participación de las estructuras del Estado en el cometido de este crimen de lesa humanidad.

Daniel Camarena Flores tiene un largo historial represivo que lo ha mantenido de manera ininterrumpida como una pieza clave en el aparato represivo desde la década de 1970. Sin duda, vinculado directamente a la detención-desaparición de nuestros dos compañeros, así como del resto de detenidos-desaparecidos en Oaxaca durante el movimiento magisterial-popular.

Por lo expuesto concluimos:

a) Las hipótesis o líneas de investigación que refieren que nuestros dos compañeros fueron detenidos al interior o en las proximidades del hotel El Árbol el 24 de mayo, así como también la que se refiere a la detención por parte de la Policía Federal de Caminos en un Volkswagen, desde un principio están descartadas como lo sostuvimos en diferentes comunicados.

En el caso del hotel, no son nuestros métodos, porque se cuenta con base política e infraestructura para tales fines; por lo tanto, cualquier detención que se quiera presentar el día 24 de mayo, a cualquier horario, no corresponde: nuestros compañeros estaban trabajando en un domicilio clandestino.

Tampoco es verídica la tentativa de presentar su detención-desaparición el día 25 entre las 12 y 12:30 horas: para esta hora ya se había consumado el crimen de lesa humanidad.

Lo del Volkswagen, por cuestiones de tiempo, nunca sucedió: es imposible estar en dos lugares a la misma hora, además, en esos días su actividad se dio en la ciudad de Oaxaca y el traslado siempre dependió de nuestras formas.

No viajaban de esa supuesta manera, en términos generales son distractores para llevar a otro lado la investigación.

b) La detención-desaparición de nuestros compañeros fue obra del Estado mexicano. Independientemente de la estructura, cuerpo policíaco o militar que en concreto lo haya realizado, nos encontramos con la aquiescencia del Estado.

Como ejemplo tenemos el conocimiento de la intervención directa de los asesores oficiales de la Secretaría de Marina en materia de seguridad, pertenecientes al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el teniente de fragata José Manuel Vera Salinas y el teniente de navío Manuel Moreno Rivas, los cuales estaban presentes en las sesiones de interrogación y tortura de los activistas detenidos del movimiento magisterial-popular agrupado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, sujetos encargados también de estructurar y dirigir a los grupos paramilitares que anduvieron ejecutando extrajudicialmente y deteniendo-desapareciendo a los activistas del movimiento de Oaxaca.

c) Por experiencia y por los pocos sobrevivientes que enfrentaron esta condición de desaparición forzada, conocemos y sabemos que a los detenidos-desaparecidos por motivos políticos, en específico a los pertenecientes al movimiento revolucionario, se les mantiene en esa condición en el Campo Militar 1. Un elemento probatorio fue la visita que le hicieron oficiales del Ejército Mexicano a los integrantes de la Izquierda Democrática Popular (IDP) haciendo referencia de que “están en el Campo Militar 1”, información pública ventilada en el semanario Proceso.

Familiares, amigos y organizaciones defensoras de derechos humanos, debemos insistir en buscar a los detenidos-desaparecidos de manera forzada en las cárceles clandestinas que existen en los campos militares. Su existencia es algo similar como el descubrimiento de fosas clandestinas que hay en el país, su existencia siempre ha sido objetiva.

d) El día de la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sin duda fue el 25 de mayo entre las 5:30 y 6:29 horas. Las bitácoras de los cuerpos policíaco-militares de ese día y hora aproximada son fundamentales para esclarecer qué unidades estaban desplegadas en operativos normales y extraoficiales.

e) La comisión que transportó a los compañeros el 24 de mayo y los dejó en la dirección descrita, realizó una investigación de campo y comprobamos que entre las 17:00 y 18:00 horas de ese día no pasó nada extraordinario, no hubo ningún operativo que detuviera-desapareciera a los compañeros.

f) En el cometido del crimen de la detención-desaparición forzada, todo el Estado mexicano es copartícipe, por acción u omisión, en ese sentido, en las declaraciones públicas del señor Felipe Calderón Hinojosa –expresidente de la República–. En torno a los acontecimientos para la presentación con vida de nuestros compañeros, expuso que él asumía los costos, lo que demuestra que la desaparición forzada en México es una política de Estado y evidencia el conocimiento de causa que tenía sobre el cometido de este crimen contra nuestros compañeros.

g) Con sinceridad apelamos a la solidaridad y sensibilidad humana de todo aquel ciudadano u organización popular que tenga datos e información sobre nuestros compañeros y las detenciones-desapariciones que se dieron en ese tiempo en Oaxaca, para que las hagan llegar a la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda o a nuestro partido.

h) Históricamente, las Fuerzas Armadas han tenido en el Campo Militar 1 prisioneros a los luchadores sociales, combatientes revolucionarios, sus familiares y amigos, y que previamente han sido torturados en domicilios de líderes del crimen organizado y hoy no es la excepción; negro precedente que desnuda la aplicación de esta política de Estado.

Nos despedimos de ustedes con la seguridad que la información que proporcionamos sea útil para los fines de su noble tarea, para que sea canalizada como mejor consideren de mayor utilidad para encontrar o saber del paradero de nuestros compañeros.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Por la revolución socialista! ¡Vencer o morir! ¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! ¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!

Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario

Año 51, República Mexicana, 21 de abril de 2015

 

 

 

 Contralínea 434 / del 26 de Abril al 2 de Mayo 2015