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Padres de los 43 normalistas denuncian hostigamiento

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, y los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos denunciamos enérgicamente la represión sistemática y el hostigamiento reiterado que seguimos sufriendo frente a nuestra exigencia de presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos.

El 26 de marzo, alrededor de las 11:00 horas, más de 600 policías estatales marcaron el alto a tres autobuses, a bordo de los cuales viajaban 50 estudiantes de nuestra Escuela Normal, procedentes de Zumpango, donde habían ido a tomar algunos autobuses que necesitaríamos para realizar actividades relacionadas con la exigencia de presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos de manera forzada por el Estado mexicano desde el pasado 26 de septiembre de 2014.

La Policía Estatal nos empezó a agredir lanzando gas lacrimógeno a la altura del Hospital General de Chilpancingo, ubicado en el lugar denominado Tierras Prietas; varios estudiantes que corrían por la agresión fueron alcanzados y golpeados con toletes y escudos de las fuerzas policiales. En esta agresión resultaron heridos seis, dos de ellos se encuentran hospitalizados y se reportan como estables, dos más fueron privados de la libertad al ser llevados a las oficinas del Instituto de Formación y Capacitación de la Policía (Infocap), y 3 horas después fueron dejados en libertad. A los detenidos los sometieron a malos tratos y presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Como consecuencia de lo anterior y al enterarse de la agresión sufrida en Chilpancingo, otro grupo de compañeros estudiantes salieron de la Normal para ir en ayuda de nuestros compañeros; sin embargo, al salir de Tixtla, y cuando circulaban a la altura del punto denominado como “Triángulo”, donde se ubica el cuartel de la Policía Preventiva del Tixtla, integrantes de ese cuerpo policiaco establecieron un retén para impedirnos el paso, por lo que se generó un enfrentamiento sin que éste llegara a mayores consecuencias.

El Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa y el Comité de Padres de Familia de los 43 Estudiantes Desaparecidos condenamos enérgicamente esta agresión policiaca contra nuestra Escuela Normal. Al Estado mexicano no le bastó matarnos a mansalva el 12 de diciembre de 2011, no le importó matarnos a 3 más y desaparecernos 43 los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sino que quieren acabar con nuestra Normal, hostigándonos, deteniéndonos, lesionándonos, despareciéndonos, matándonos.

El gobierno mexicano habla de la supuesta aplicación de la ley, del estado de derecho y de la protección de los bienes de las personas, sin embargo no aplican la ley a miembros de la delincuencia organizada y narcopolíticos que ocasionan muertes en nuestro estado de Guerrero y tanto daño han hecho al pueblo de México.

Cada día que amanece, los diarios nos dan cuenta de un sinnúmero de homicidios. Frente a esto, el gobierno de Guerrero no aplica la ley, mientras que a los normalistas de Ayotzinapa y a todos los que luchamos por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros se nos reprime y hostiga en nombre de un estado de derechos inexistente.

Los empresarios y políticos hipócritas que piden paz mantienen un silencio cómplice viendo cómo la sangre de nuestro pueblo corre a raudales, y la muerte y desaparición de nuestros compañeros sigue en la impunidad.

Por todo lo anterior, exigimos y demandamos:

1. Presentación con vida de nuestros 43 compañeros e hijos.

2. Alto a la represión y criminalización contra la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

3. Castigo a los autores materiales e intelectuales por el asesinato de nuestros tres compañeros ocurridos entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, y la ejecución de nuestros dos compañeros el 12 de diciembre de 2011.

Atentamente:

¡Porque vivos se los llevaron vivos los queremos!

Comité de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, Melitón Ortega Carlos, Emiliano Navarrete Victoriano,

Bernabé Abraham Gaspar

¡Por la liberación de la juventud y clase explotada, venceremos!

Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Marcos Martínez Hernández, Carlos Pérez Díaz, José Castillo Castro

 

 

 

Trasnacionales despojan Istmo de Tehuantepec, alertan

En el Istmo de Tehuantepec vivimos desde hace 10 años una verdadera invasión del capital trasnacional. Las empresas extranjeras, principalmente españolas, se han apoderado de cerca de 15 mil hectáreas de tierras ejidales y comunales y ya operan en nuestra región 21 parques eólicos. Empresas canadienses tratan de imponer a toda costa proyectos mineros en San Miguel Chimalapa, Ixtepec, San Dionisio del Mar, Zanatepec y en otras comunidades de la región. Desde el año pasado el gobierno federal anunció el megaproyecto Corredor Transístmico, el cual incluye la construcción de gasoductos, la reconfiguración de la refinería de Salina Cruz y una planta gasificadora en Salinas del Marqués, megaproyecto que incluye inversiones chinas, canadienses, inglesas y estadunidenses.

Esta invasión esta significando un gigantesco despojo de tierras comunales y ejidales, también se ha venido persiguiendo y criminalizando a los defensores comunitarios y se han impuesto autoridades locales, además de provocar profundas divisiones al interior de nuestros pueblos. Los gobiernos al servicio de los extranjeros les han brindado todo tipo de facilidades y han violando los derechos históricos de las comunidades istmeñas.

Sin ningún tipo de información ni de consulta, miles de hectáreas han sido concesionadas a particulares, y manifestaciones de impacto ambiental hechas a modo han permitido graves daños al medio ambiente. El grupo gobernante le da prioridad a los negocios y pasa, a toda costa, por encima de los derechos de nuestros pueblos.

En 1996, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo anunció el arranque del Megaproyecto del Istmo, decenas de pueblos y organizaciones de nuestra región y otras solidarias de diferentes estados convocamos y participamos en lo que llamamos el Foro Nacional el Istmo es Nuestro, en el cual acordamos defender la soberanía y los derechos de nuestros pueblos. En marzo de 2007 llevamos a cabo el II Foro Nacional el Istmo es Nuestro. Con la realización de estos eventos logramos frenar en cierta medida el despojo masivo que impulsaba el citado megaproyecto.

III Foro Nacional el Istmo es Nuestro

Durante estos últimos años, nuestros pueblos se han movilizado frente al despojo que significan la imposición de los megaproyectos, sin embargo,muchas de las resistencias se han expresado de manera aislada y han sido derrotadas. La unidad de nuestros pueblos y organizaciones ha demostrado que somos capaces de enfrentar exitosamente a las grandes empresas extranjeras y a sus socios gubernamentales;?el mejor ejemplo es el triunfo logrado ante el consorcio internacional Mareña Renovables.

Frente a la nueva invasión que sufren nuestros pueblos, los estamos invitando a reunirnos, intercambiar nuestras ideas y propuestas y a tomar acuerdos para movilizarnos de manera conjunta. Es por ello que los estamos convocando al III Foro Nacional el Istmo es Nuestro, a realizarse los días 24, 25 y 26 de abril de 2015 en el Centro Yakjxonax, ubicado en el Polvorín, Petapa, Oaxaca, bajo los siguientes temas:

-Megaproyecto eólico. Experiencias y alternativas.

-Minería tóxica. Organizando la resistencia.

-El Corredor Transístmico. Impactos sociales y ambientales de la industria de hidrocarburos.

-El derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indios.

-Mujeres y territorio.

El Foro iniciará con un ritual tradicional y una conferencia magistral y se trabajará en plenaria y grupos de trabajo. Además llevaremos a cabo talleres sobre derecho ambiental y cambio climático, entre otros temas.

El Centro Yakxonax se encuentra a 6 kilómetros al Norte de Matías Romero, en El Polvorín, Petapa, y hay un buen servicio de transporte.

En el marco del Foro proyectaremos videos y tendremos un concierto, exposición artesanal, medicina tradicional, entre otras actividades.

Necesitamos nos informen sobre sus requerimientos. Se sugiere que puedan traer toalla, sábana y casa de campaña.

Informes a los teléfonos: 01-972-72-2-18-77, 01-972-72-2-16-46, 045-951-547-20-98.

Fraternalmente:

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, MAIZ-Veracruz, Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz, Radio Huave (San Francisco del Mar), Frente Nacional contra el Fracking, Radio Totopo (Juchitán); Frente de Pueblos del Bajo Mixe-Choapam; Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco; Presidencia Municipal de San Francisco del Mar; COMCAUSA, MAIZ-Oaxaca; Frente Indígena y Campesino de México, Pobladores, AC, La Vida, Educa, Barca DH; Radio Las Voces de los Pueblos (Petapa,Oax.); Comisariado de Bienes Comunales de San Mateo del Mar; Cooperativa de Producción Pesquera Santa Rosa; Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional; Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI; Red de Organizaciones Civiles; Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata; Grupo Solidario La Venta; Mungier Dyuck, AC, Dfensores del Mar, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Puebla, Morelos y Tlaxcala; Espiral; Consejo Autónomo Regional Zona Costa-Chiapas, Conservación Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, AC, Radio Ciudad Principal (Tehuantepec, Oaxaca), Encuentro y Jornadas Nacionales en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida; Coordinadora de Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, Unidad Indígena Totonaca Náhuatl; Coordinadora de Movimientos Populares-Línea de Masas, AC; Karina Martínez; Unión de Comiunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, AC

 

 

 

EPR: impune, desaparición forzada

A la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda para la Localización y Presentación con Vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez:

Hemos conocido de los resultados de sus gestiones a través de los pocos medios de comunicación que, a pesar de la dictadura de opinión, dan a conocer al pueblo sobre uno de los problemas más graves que vive el país, la detención-desaparición forzada que por su magnitud y consecuencias se confirma que es política de Estado contra el pueblo.

Queda claro que de parte de cada uno de ustedes y como integrantes de la Comisión hacen su mejor esfuerzo para desarrollar las gestiones que demanda el caso, porque la detención-desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya no es un hecho aislado; por el contrario, en su condición están cientos de miles de personas de acuerdo con las últimas investigaciones. Esfuerzos como los suyos son encomiables y de reconocerlos por su alta sensibilidad humana.

También sabemos que se han enfrentado a la actitud política demagógica y burocrática, de los personeros e instituciones de la actual junta administrativa, como en su tiempo también lo fueron los gobiernos panistas, habitual práctica política del Estado para “atender” las legítimas demandas del pueblo.

Política de Estado que se intensifica aún más cuando hay pruebas documentales fehacientes que lo revelan como el autor de los crímenes de lesa humanidad en todo el país, como ha quedado demostrado con la infinidad de fosas clandestinas donde ha pretendido sepultar las pruebas de los crímenes cometidos por él mismo.

A casi 8 años de la detención-desaparición forzada de nuestros compañeros en la ciudad de Oaxaca, ha quedado demostrado que el responsable de este crimen de lesa humanidad es el Estado desde el momento que hicimos la denuncia pública y que posteriormente la Comed comprobó. Hoy nuevamente se confirma, y cada negativa de parte del Estado para informar, investigar y dar con el paradero de nuestros compañeros reconfirma su autoría.

Coincidimos plenamente con ustedes en la acertada aseveración de que el avance de este caso impacta positivamente en la lucha nacional por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de manera forzada por motivos políticos y sociales del país, y desnuda al Estado. Por ello, la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy se revela como necesidad histórica.

Tomamos nota cabal y puntual de lo que en su misiva comunican e informan. Seguimos al pendiente.

Nos despedimos enviándoles un combativo y revolucionario saludo.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡A seguir exigiendo la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy!

¡A organizar la lucha contra el terrorismo de Estado! ¡Por la revolución socialista! ¡Vencer o morir! ¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! ¡Con la guerra popular! ¡El Ejército Popular Revolucionario triunfará!

Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario, Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario

 

 

 

Feminicidio de Mariana Lima evidencia irregularidades en procesos judiciales, señalan

Ante un contexto de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reconoce que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió su postura garantista y protectora al votar unánimemente a favor del amparo interpuesto por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el Estado de México. Su decisión reconoce la gravedad de la violencia contra las mujeres en México y específicamente en el Estado de México.

De acuerdo con la SCJN, el caso de Mariana es un ejemplo que pone en evidencia las irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones de justicia, situación que ha sido denunciada por el OCNF desde 2010, como un patrón común en el Estado de México.

Esta resolución es de trascendencia porque penaliza el actuar discriminatorio de las procuradurías frente a la violencia contra las mujeres y su actuar negligente y deliberado, al negar la justicia a las mujeres víctimas de feminicidio.

Se destaca también el pronunciamiento que hace la Corte al plantear criterios específicos sobre las actuaciones que deben realizar obligatoriamente los órganos de procuración de justicia ante las muertes violentas de mujeres.

La reciente sentencia sienta un precedente a nivel nacional sobre el tipo de actuaciones que las autoridades deben de realizar en todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres y feminicidios.

Finalmente, el OCNF considera que esta resolución contribuirá en la lucha de las victimas por romper el patrón de impunidad y discriminación al que se enfrentan ante la búsqueda de justicia.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

 

 

 

Congreso Nacional Indígena rechaza ola represiva contra los pueblos

A los pueblos originarios de México y el Mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional:

A la memoria de don Félix Serdán Nájera, hermano principal

Reunidos en la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl, municipio de Tepoztlán, Morelos, los pueblos naciones y tribus que conformamos el Congreso Nacional Indígena analizamos la ola represiva de los capitalistas narcogobernantes que pretenden apoderarse de nuestra patria.

El embate en nuestra contra no tiene que ver con los colores de los partidos que arriba gobiernan, ni en la forma y modo como sean elegidos o impuestos, pues todos y cada uno de ellos tienen como fin administrar el despojo que de más arriba imponen; no tiene que ver con la mentira electorera a la que llaman democracia y que no es más que un reflejo de la descomposición que entraña el sangriento capitalismo neoliberal y que engendra eso que llaman “reformas estructurales”, que son, por la supervivencia de los pueblos dolidos en el campo y la ciudad, impuestas a costa del dolor, de la libertad y la vida de nuestra gente.

La represión que los malos gobiernos han ejercido en contra de nuestros pueblos es en respuesta a nuestra decisión de no parar nuestra resistencia para no dejar de existir por obra de la cruenta guerra de exterminio. No tiene que ver sólo con una persecución política, sino que es una reacción de los que arriba diseñan el despojo para consolidar sus intereses asentados sobre la explotación, el despojo, la represión y el desprecio que pueden tomar diferentes rostros y reflejos:

Hoy nos siguen haciendo falta 46 compañeros de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, asesinados y desaparecidos por los tres órdenes de los malos gobiernos, por todos los partidos políticos que hacen del terror un negocio y una forma de gobernar. Mientras el Estado criminal apuesta al olvido, los pueblos apostamos a reconstruir, a no olvidar y a no perdonar, pues lo que está en juego es el futuro, que al igual que la historia, nos pertenecen.

La comunidad tzeltal de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chiapas, ha enfrentado las Fuerzas represivas del mal gobierno que pretenden despojarla de las cascadas de Agua Azul para ser entregadas los intereses capitalistas. Apenas el 21 de marzo del presente año, más de 600 integrantes de las Fuerzas de seguridad gubernamentales incendiaron la sede regional San Sebastián de nuestros hermanos, y los medios libres que se han solidarizado con su lucha han sido agredidos por las Fuerzas de Seguridad Pública, mientras la Policía Estatal y el Ejército Mexicano han escalado la ocupación de su territorio en respaldo de los grupos paramilitares.

La comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán, ha enfrentado desde 2009 el asecho de supuestos grupos de la delincuencia organizada, coludidos con todos niveles del mal gobierno. Ha costado la desaparición de cinco comuneros y el asesinato de 32 más. El pasado 16 de marzo, la Marina Armada intentó desalojar y desarmar a la Policía Comunitaria que mantiene un retén sobre la carretera costera a la altura del poblado de Xayakalan, territorio recuperado en 2009, acción a la que la comunidad respondió cerrando la carretera costera; pues permitir el desarme de los comunitarios significa quedar en manos de los narcoparamilitares, y de esa manera consolidar el despojo contra la comunidad para los megaproyectos de muerte como el narcotráfico, el turismo trasnacional y la explotación minera. Todo protegido y auspiciado por los malos gobiernos.

Siguen presos los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros de la tribu yaqui, en Sonora, sobre la base de haberles fabricado delitos graves basados en el no reconocimiento de las formas ancestrales de organización de los pueblos y la jurisdicción del gobierno tradicional yaqui. A la fecha persiste la orden de aprehensión contra el compañero Tomás Rojo, pretendiendo usar la división y la traición como mecanismo de guerra. Asimismo las amenazas de muerte e intentos de homicidio en contra de Lauro Baumea, de quien quemaron su vehículo fuera de su domicilio, además de amenazar con atentar contra la vida de su familia. Todo esto para concretar el robo del agua del Río Yaqui.

Siguen presos los compañeros loxichas en el estado de Oaxaca, quienes llevan 18 años secuestrados por los malos gobiernos como parte de su política contrainsurgente y terrorista en medio de grandes proyectos mineros trasnacionales, al igual que los hermanos nahuas de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, quienes llevan 12 años presos por defender el agua en contra de que les fuera robada para campos agroindustriales.

El despojo a comunidades y ejidos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a través del llamado Proyecto Integral Morelos, está siendo acompañada de una persecución contra los pueblos del volcán Popocatépetl que se oponen a entregar su territorio, su seguridad y su agua a trasnacionales para la imposición de carreteras, acueductos, gaseoductos y termoeléctricas, custodiadas por todos los órdenes represivos del mal gobierno. Actualmente existen numerosas órdenes de aprehensión en contra de quienes han alzado la voz contra esta destrucción acompañada de policías y militares que acompañan la maquinaria, misma que en los últimos días se ha expresado en los trabajos de entubamiento del Río Cuautla para favorecer a la Termoeléctrica de Huexca en detrimento de los ejidos del municipio de Ayala.

La comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, mantiene una lucha en contra del despojo de su territorio por la construcción de una autopista privada, e incluso los comuneros han perdido la libertad para platicar en sus asambleas comunales que han sido tomadas por decenas de granaderos que buscan consolidar el despojo agrario.

Mientras resistimos al despojo en nuestras comunidades, miles de compañeros deben migrar para buscar alternativas para su sustento, muchos de ellos llegan a campos de concentración donde son explotados y esclavizados, como es el caso de San Quintín, en Baja California, donde los malos gobiernos reprimen las movilizaciones que buscan mejores condiciones de trabajo para miles de jornaleros agrícolas. La mayoría de ellos de origen indígena.

Estamos convencidos que para parar esta guerra no bastan las consignas; tampoco será volteando a ver los calendarios, geografías y formas de los de arriba, sino que necesitamos hacer un nuevo país, un nuevo mundo.

Lo saben también los poderosos que han agudizado el hostigamiento militar en los caracoles zapatistas de La Realidad y Oventik y agresiones paramilitares por grupos promovidos, financiados y entrenados por los malos gobiernos, como Pojcol, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica y la Organización Cafetaleros de Ocozingo, que ejercen una violencia sistemática en contra de las comunidades bases de apoyo zapatistas, quienes con su organización autónoma hacen brillar el horizonte que es una esperanza civilizatoria y que tiene sus raíces antiguas en nuestras culturas como pueblos originarios.

Por todo lo anterior declaramos:

Que no pararemos en la lucha por reconstruir y reconstituirnos como pueblos originarios, pues nuestra lucha es por la vida y seguir existiendo.

Que intensificaremos la lucha por la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la justicia para los asesinados.

Que la ola represiva es en respuesta a esa resistencia contra el despojo que no conoce fin, pues su origen está en el origen mismo del mundo y por lo tanto no es negociable.

Que seguiremos tejiendo desde abajo y a la izquierda un nuevo mundo posible y necesario, pues sólo así podrá brillar la paz para nuestros pueblos y el fin de la represión.

Saludamos la realización del homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y al maestro zapatista Galeano, que tendrán lugar en el caracol de Oventik, Chiapas, el 2 de mayo de 2015.

Amatlán de Quetzalcóatl, Tepoztlán, Morelos, 22 de marzo de 2015.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena (CNI)

 

 

 

GDF fabrica cargos para criminalizar a población callejera, aseguran

El pasado 20 de marzo, después de 11 meses de privación de la libertad en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el Juzgado Cuarto de lo Penal dictó sentencia condenatoria a seis jóvenes acusados injustamente, por medio de fabricación del delito de robo agravado. La defensa, encabezada por la defensoría de oficio, presentó diversas pruebas, declaraciones de testigos, fotos y videos para probar su inocencia; sin embargo estas no fueron valoradas favorablemente por parte de la juez; el agente del ministerio público sólo presentó el testimonio de la parte acusadora y de los policías que los remitieron, quienes jamás argumentaron flagrancia al momento de la detención; por lo anterior, las pruebas generaban una duda razonable del derecho de probabilidad de inocencia, el cual no fue tomado en cuenta por la parte de la juez a la hora de determinar su sentencia.

Durante el tiempo de privación de libertad de los jóvenes se pudieron documentar diversas violaciones al debido proceso y a condiciones indignas de reclusión, entre las que destacan el derecho a la presunción de inocencia, a la no discriminación, al acceso a la justicia, al de la información, a recibir visitas, y a la comunicación, entre otros. Derechos que lamentablemente son violentados de manera constante en los casos de personas privadas de libertad, pero por la condición de las personas de población callejera se acentúan y las repercusiones hacia ellas y sus familiares son mayores.

Las organizaciones firmantes consideramos que esto es parte de una política de limpieza social por parte del gobierno de la Ciudad de México, que lleva a cabo mediante diversos operativos, entre los que destacan los desalojos forzosos y la fabricación de pruebas de la comisión de delitos, muchas veces inexistentes. El circulo de violencia estructural hacia poblaciones callejeras se redobla con sentencias de este tipo, que criminalizan y judicializan estos casos.

La Ciudad de México carece de una política social para atender de manera estructural, y no asistencialista ni paliativa, la situación que viven día a día hombres, mujeres, niñas y niños miembros de las poblaciones callejeras respecto al no acceso a derechos básicos como al de la identidad, a la alimentación adecuada, a la vivienda digna, a la educación, a servicios de salud y oportunidades de empleo en condiciones justas y equitativas que les permita desarrollarse plenamente.

Antecedentes

El 22 de abril de 2014 se llevó a cabo un operativo de limpieza social en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en contra del grupo de población callejera que se ubicaba en la calle de Artículo 123, en el Centro de la Ciudad de México. Al momento de ser privados de su libertad no se les informó el motivo real de su detención, ni se les presentó una orden de desalojo, por lo que los elementos de la Seguridad Pública sólo les comentaron que tenían órdenes de desalojarlos; tampoco fueron puestos a disposición inmediata del ministerio público, por el contrario, estos elementos los retuvieron alrededor de 2 horas en las inmediaciones de la Alameda Central.

Si bien no estuvieron privados de libertad por medio de mecanismos físicos como pueden ser esposas, se les pidió esperar mientras desalojaban sus casas, tiempo que fue aprovechado para encuadrar actos que se les pudieran imputar posteriormente, entre otras cosas la fabricación de delitos que no cometieron y que son la causa principal de la sentencia condenatoria. Por ejemplo, la parte acusadora del supuesto robo, en su declaración inicial, menciona como actividad laboral ser ama de casa, sin embargo, el 12 de enero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirma que su verdadera actividad es ser policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

El grupo de jóvenes que vivía en la calle de Articulo 123 ha sido víctima recurrente desde hace 10 años de los operativos de limpieza social del gobierno capitalino; niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes y personas con discapacidad han visto violentados sus derechos humanos como son: la libertad, la seguridad personal, a no ser sometidos a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la igualdad ante la ley, a no ser detenidos arbitrariamente, a la presunción de inocencia, a la honra, a la no discriminación, al debido proceso, los derechos de la niñez, los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad; derechos que son protegidos y garantizados en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Hasta la fecha no existen mecanismos de protección ni atención para esta población.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes solicitamos:

-El reconocimiento y valoración por parte de la instancia que ahora tendrá conocimiento y posibilidad de resolver de manera favorable el caso, dé las pruebas que la defensa aportó a favor de los jóvenes privados de libertad, que incluyen declaraciones de testigos, fotos y videos.

-Al gobierno de la Ciudad de México a poner fin a las acciones de limpieza social que ejecuta por medio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en contra de poblaciones callejeras.

-Construir una política pública de atención integral desde una perspectiva de derechos humanos y con participación real de organizaciones de sociedad civil, poblaciones callejeras y expertos en el tema; en donde se privilegie la seguridad humana por encima de la seguridad pública.

-Crear los mecanismos necesarios como lo establece el Programa de Derechos Humanos del distrito Federal para asegurar y garantizar que las poblaciones callejeras que así lo requieran accedan a su derecho al debido proceso desde una perspectiva de no discriminación.

-A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, emitir las recomendaciones y opiniones correspondientes a favor de las poblaciones callejeras, y de éstas en reclusión.

Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, OP, AC; Red por los Derechos de la Infancia en México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República Mexicana)

[NUESTROS LECTORES]

 

 

 Contralínea 431 / del 05 al 11 de Abril 2015