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Desde su arribo al poder en el gobierno de la inexistente transición de Vicente Fox Quesada, los panistas diseñaron un ambicioso y sólido plan de negocios que incluía rubros como el de la fibra óptica y otras rentables actividades del sector energético que estarían salvaguardados, incluso, ante la eventualidad de retornar a su papel de oposición, como sucedió con su aparatosa derrota en 2012.

Fue por ello que, desde puntos estratégicos de la administración pública, funcionarios como los exsecretarios de Energía en la administración foxista Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens tuvieron en sus manos información privilegiada que les permitió adueñarse de las concesiones otorgadas mediante oscuras licitaciones directas, como la de la red de fibra óptica que formaba parte de la infraestructura de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, extinta –y en proceso de liquidación– por el decreto de Felipe Calderón Hinojosa, en octubre de 2009. Los codiciosos panistas sabían perfectamente que la fibra óptica se convertiría en el medio de transmisión más utilizado y cotizado en el mercado de las telecomunicaciones.

Conocedores a detalle de las áreas donde se encontraban los ricos filones para despojar de sus recursos al país y a cambio de convidar del apetitoso botín a los monopolios nacionales y trasnacionales, se dieron el lujo de quitar de en medio a todo aquello que constituyera un obstáculo a sus planes privatizadores.

De hecho, la reforma a las telecomunicaciones poco o nada incidió o cambió con referencia al otorgamiento de los 22 mil kilómetros de red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que con antelación hizo el gobierno calderonista apoyado por cabilderos, embozados en su papel de servidores públicos, a monopolios como Televisa y a firmas privadas como WL Comunicaciones, esta última que se apoderó de los 1 mil 100 kilómetros de la red de Luz y Fuerza, en beneficio directo de sus accionistas mayoritarios, Martens y Canales.

A la distancia cobra sentido y la real dimensión del porqué se buscó desaparecer a la paraestatal que brindaba el servicio de energía eléctrica en el centro del país y con ella a una organización gremial independiente como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Los panistas querían allanarse el camino para hacer negocios sin ser molestados o puestos en evidencia.

Es entendible la urgencia por acallar la lucha del SME y su voz en foros parlamentarios como la Cámara de Diputados, donde el hoy aspirante al gobierno de Nuevo León y presidente de la Comisión de Energía de la LXI Legislatura, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, junto con su compañera de bancada Ivideliza Reyes Hernández, intentaron descalificar al que esto escribe, contratando a un grupo de empleados de seguridad de un bar a quienes intentaron hacer pasar por miembros de un grupo disidente, introduciéndoles de manera subrepticia a San Lázaro. Como las autoridades pudieron comprobarlo en la primavera de 2011, los propios agresores terminaron confesando el torcido plan orquestado por los panistas, pues ni siquiera les pagaron la cantidad acordada para desempeñar la ruin encomienda.

Bajo ninguna circunstancia los traficantes del poder del Partido Acción Nacional estaban dispuestos a devolver al país lo que ya le habían robado y hacían denodados esfuerzos para echar abajo la iniciativa presentada entonces por el diputado José Narro, que planteaba la creación de una nueva empresa eléctrica en la zona centro del país que sustituyera a Luz y Fuerza y devolviera su empleo a los 16 mil 599 electricistas que habían rechazado su liquidación.

El proyecto hubiera representado un beneficio directo a los 6 millones de usuarios que ya resentían el disparo de las tarifas eléctricas y los cobros indebidos, además de la imposición de un mal servicio, pero eso conllevaba echarles a perder el negocio. Su intención fue, y lo sigue siendo, obtener los máximos beneficios para sus bolsillos. Por eso, el presidente de la Comisión de Energía pretendió cancelar tal iniciativa para que no fuera llevada al pleno, es decir, anularla en comisiones en abierta violación a los reglamentos legislativos, incurriendo en un innegable conflicto de intereses.

Como señalamos en anteriores entregas, el entonces diputado Cantú Rodríguez se convirtió en un defensor directo de los intereses de los regiomontanos encabezados por Fernando Canales Clariond, a cuyo grupo empresarial debe buena parte de su carrera política, lo que lo llevó a guardar el más absoluto hermetismo cuando trascendió que el exsecretario de Energía de Fox no únicamente estaba enriqueciéndose con el ilegal otorgamiento de la fibra óptica de la desaparecida Luz y Fuerza, sino que además se había convertido en uno de los tantos ordeñadores de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa a la que estaba saqueando a través de la gasera Solensa, firma que echó a andar a finales del sexenio de su amigo Felipe Calderón en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

En octubre de 2011, el ahora candidato panista sudaba frío cuando escuchaba la denuncia presentada en el Congreso de su estado por la diputada local perredista María de los Ángeles Herrera, quien en la tribuna de la Cámara de Diputados de Nuevo León acusó al exgobernador y a su hijo, Fernando Canales Stelzer, de robo a Pemex.

Lo expuesto por la legisladora no era obra de ninguna especulación o rumor, pues la denuncia AP/PGR/NL/ESCIII/2772/D/ 2010 fue presentada por el entonces apoderado legal de Pemex Gas y Petroquímica, Juan Mendoza Contreras, bajo la configuración del delito de robo de combustible.

Hasta la fecha, no parece casual que el exsecretario de Energía haya escogido para instalar su gasera nada menos que un punto aledaño a la terminal de Pemex del municipio de Apodaca, de la cual seguramente tenía los planos y ubicación exacta de las válvulas y el paso del gasoducto. El gobierno cómplice de Calderón mandó la averiguación al archivo muerto de la Procuraduría General de la República y el hoy candidato del PAN al gobierno de Nuevo León se abstuvo de hacer comentarios sobre el escándalo en que se vio inmerso su padrino político. También se guardó de explicar en el Congreso la opacidad con que fue entregada la concesión de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro; y menos todavía abordó el tema de la adjudicación directa de la red de la CFE, a un precio ocho veces menor de su valor real, al monopolio de Televisa, donde metió la mano el exsecretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, el amanuense que en la Cámara de Senadores ha demostrado estar al servicio de empresarios como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, quienes, a cambio de unas monedas, lo usan lo mismo de tapete que de apagafuegos cuando así lo requieren.

La fibra óptica, como se aprecia, ha tenido como beneficiario a un reducido grupo de políticos y empresarios que, contra lo planteado en la reforma a las telecomunicaciones, no tienen ni tendrán la intención de favorecer con sus proyectos y tarifas al pueblo de México.

Es momento de que no sólo los traficantes del poder sino además el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes le rindan cuentas a los mexicanos sobre los inventarios de Luz y Fuerza; entre ellos, deberán de informar sobre la explotación de la fibra óptica, que ahora favorece la expansión de un mercado cautivo del que buscan sacar el máximo rendimiento los conocidos monopolios a costa de los bienes hurtados a la nación.

 

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

 

 

Crontralínea 430 / del 29 de Marzo al 04 de Abril 2015