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Por décadas se utilizó el asbesto en todo el mundo y en casi cualquier rama de la industria, sobre todo en la de construcción. Millones de personas estuvieron y están expuestas hoy en día a un material que genera cáncer. Aunque en la mayoría de los países de Europa se ha prohibido, los que por algún motivo manipularon ese producto seguirán contrayendo cáncer hasta 2030. Peor para los países que no han proscrito el uso del también conocido como amianto y que se encuentra en más de 3 mil productos. Cada año mueren 107 mil personas por males desarrollados al manipular este mineral

Inés Benítez/Tierramérica/IPS

Málaga, España. “El amianto me caía en la boca, lo escupía y seguía trabajando”, relata Francisco Padilla, de 52 años, expuesto durante gran parte de su vida laboral a las fibras de este mineral letal que le produjo un cáncer y la extirpación del pulmón izquierdo, la pleura y parte del diafragma.

Sentado en el sofá de su vivienda en la sureña ciudad española de Málaga, Padilla cuenta a Tierramérica, con los ojos aguados, que siempre ha cuidado su salud y no ha fumado.

Solía ir y venir en bicicleta al taller en el que comenzó a trabajar a los 18 años, hasta que en mayo de 2014 le diagnosticaron un mesotelioma, un tumor muy agresivo ligado a la exposición laboral al amianto o asbesto, que obligó a una radical cirugía hace 3 meses.

La utilización del amianto, un material incombustible de bajo costo y eficaz como aislante, se prohibió en España en 2002, pero hasta entonces se usó de forma general en los sectores de construcción, industria naval, siderurgia, automoción y ferrocarriles, entre otros.

Ello llevó a sus trabajadores a padecer enfermedades como el mesotelioma, cáncer pulmonar y asbestosis, cuyos síntomas tardan en aflorar entre 20 y 40 años.

“Miles de personas han muerto, mueren y morirán a causa del amianto. Es el gran desconocido y el gran silenciado”, asevera a Tierramérica el activista Francisco Puche, de la plataforma Málaga Amianto Cero.

Puche cree que Europa debe establecer “un plan de desamiantado seguro”, porque los riesgos subsisten a pesar de la prohibiciones.

El activista indica varios depósitos de agua hechos de fibrocemento (amianto y cemento) en el tejado de un edificio de una céntrica plaza de Málaga, mientras alerta de que este material constituye una telaraña sobre la vida cotidiana de la gente.

Sigue presente en miles de kilómetros de tuberías de distribución de agua, edificios públicos y privados, depósitos, túneles, maquinaria, buques y trenes, aunque progresivamente el material es sustituido por otros.

Puche alerta del peligro que implica el deterioro y la manipulación de las instalaciones que contienen amianto, conocido en algunos países como uralita, que se descompone en fibras microscópicas y rígidas que por inhalación o ingestión se acumulan en el organismo.

El asbesto está prohibido en 55 países, incluidos los 28 de la Unión Europea, Argentina, Chile, Honduras y Uruguay, por ejemplo, pero aún se siguen extrayendo en el mundo más de 2 millones de toneladas anuales, principalmente en China, India, Rusia, Brasil y Kazajstán, según datos de la no gubernamental Secretaría Internacional para la Prohibición del Amianto.

Cada año se producen en el mundo 107 mil muertes por cáncer de pulmón, asbestosis y mesotelioma relacionadas con la exposición laboral al amianto, según la Organización Mundial de la Salud.

El organismo calcula que unos 125 millones de personas están en contacto con este material en el lugar de trabajo y atribuye varios miles de otras muertes anuales al contacto por vía indirecta en el hogar.

 “El problema del amianto muestra la verdadera cara de un sistema que sólo persigue ganar dinero”, asevera Puche, crítico con el “gran negocio” de poderosos lobbies ligados a la explotación del mineral y con la “impunidad existente” ante la enfermedad y la muerte de trabajadores en Europa y el mundo.

El millonario suizo Stephan Schmidheiny, expresidente del Consejo de Administración de Eternit –empresa familiar que instaló plantas de asbesto por todo el planeta durante el siglo XX– evitó el 19 de noviembre de 2014 una condena de 18 años y el pago de casi 1 millón de euros de indemnizaciones a miles de víctimas, pues un tribunal italiano decidió que el delito había prescrito.

 “El otro día supe que murió de mesotelioma un compañero mío ya jubilado”, lamenta a Tierramérica el presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Málaga (Avida Málaga), José Antonio Martínez.

Muchos trabajadores fallecen sin que se les reconozca el carácter laboral de la enfermedad y se ven privados de su derecho a pensión de invalidez e indemnización por daños y perjuicios.

Anabel González, hija de Francisco, un trabajador de la compañía ferroviaria estatal Renfe, fallecido en 2005 a los 55 años por mesotelioma, cuenta a Tierramérica que tras una “larga lucha” junto a su madre, “sin ninguna ayuda y muchas trabas”, lograron una indemnización.

 “Más importante que el dinero es que se nos diera la razón”, asegura, aunque fuera 5 años después de la muerte del padre.

En España y otros países las víctimas se están agrupando en asociaciones para dar información, apoyarse mutuamente y exigir justicia. Avida Málaga surgió en junio de 2014, tiene casi 200 miembros y pertenece a la española Federación de Asociaciones de Afectados por el Amianto.

Las víctimas reivindican la creación de un fondo de compensación para los damnificados –como los que existen en Bélgica y Francia–, sufragado por el Estado y las empresas, ya que éstas se niegan en muchos casos a asumir responsabilidades retroactivas.

Al haberse usado durante décadas en más de 3 mil productos, fontaneros, electricistas, personal de derribo de mantenimiento de edificios y técnicos de automóviles pueden encontrar hoy amianto en sus trabajos y arriesgar su salud si no toman las precauciones debidas.

Padilla, con un hijo de 29 años, espera aún que le confirmen su pensión como enfermo laboral y va a reclamar una indemnización. Según la ley, tiene 1 año para hacerlo desde que en mayo de 2014 se le diagnosticó un mal que entra en una lista de los que pueden contraerse en el trabajo.

Su empresa reconoció su cáncer como enfermedad laboral sin tener que recurrir a los tribunales, un caso pionero en España, donde hay enfermos que mueren sin obtener justicia.

Tras la quimioterapia previa a su compleja operación, Padilla se somete ahora a radioterapia, a la que le acompaña su esposa, Pepi Reyes. El médico sugirió que ella se someta a pruebas médicas, ya que durante años manipuló la ropa de trabajo de su esposo.

La Unión Europea advierte en un informe que hasta 2030 morirán medio millón de personas por mesotelioma y cáncer de pulmón, producidos por la exposición laboral al mineral en las décadas de 1980 y 1990. El estudio analiza la mortalidad en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suiza.

Francisco Báez, extrabajador del grupo trasnacional Uralita en la también sureña ciudad de Sevilla y autor del libro Amianto: un genocidio impune, critica a Tierramérica el doble rasero de países que tienen proscrito el material y fuera de sus fronteras “lo promocionan y tienen participación financiera en la implantación y sostenimiento de industrias del sector”.

Padilla abre una ventana de su casa y señala el tejado de enfrente de unos almacenes, compuesto de placas onduladas de cemento y amianto. Después muestra en su teléfono móvil una fotografía de la gran cicatriz que recorre su costado izquierdo y afirma que se siente “afortunado” de estar vivo.

Inés Benítez/Tierramérica/IPS 

 

Contralínea 429 / del 22 al 28 de Marzo 2015

 

 

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