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Cuando llegó el Partido Socialista al gobierno de España en 2004, los elementos más conservadores del Episcopado, apoyados en grupos reaccionarios que se creen en posesión de la verdad lanzaron la campaña de que la Iglesia y los cristianos eran perseguidos. Fue injusta y falaz. De hecho, las listas puestas a disposición de los católicos en las iglesias para que firmaran contra el gobierno fueron retiradas por falta de firmantes suficientes.

La vicepresidenta del gobierno, Fernández de la Vega, declaró entonces que el gobierno quería mantener un “diálogo abierto con todo el mundo, incluida la Iglesia Católica”. Y no solamente con ella, pues España es plural y hay millones de españoles agnósticos, no creyentes o no practicantes. “Me gustaría –declaró– que me concretaran en qué se sienten perseguidos los ciudadanos de este país que profesan la religión católica, en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos fundamentales, de ejercer su religión, de llevar a sus niños a la Iglesia, de darles educación religiosa en el colegio que quieran, de poder ir a misa, de poder confirmarlos. En qué ha restringido este gobierno el ejercicio de la libertad religiosa”.

Lo que hizo el gobierno fue facilitar el ejercicio de esas creencias a sectores de la población que no comparten esa religión y que tienen idénticos derechos. Los obispos ya habían echado las gentes a las calles cuando se reconoció el derecho al divorcio, prohibido en tiempos de Franco, pero eso no significaba que la gente se tuviera que divorciar. Tampoco la reforma que supone la equiparación del matrimonio civil sin distinción del sexo impuso a nadie que se tuvieran que casar de una manera determinada, pero sí permitió poder hacerlo. Ni hablemos ya de la ley que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado.

La Constitución Española declara que el Estado no es confesional, pero respetará el ejercicio de las diversas creencias religiosas que no se opongan a las leyes. Hasta entonces sólo se hizo así con la Iglesia Católica, y el Episcopado pretendía que esa asignatura tuviera validez académica equiparable a las demás asignaturas. Por fin lo ha conseguido con la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Cuando resulta que las demás asignaturas son impartidas por profesores con unas capacidades académicas muy contrastadas mientras que los profesores de religión son nombrados por los obispos, pero pagados por el erario.

Los Acuerdos con el Vaticano preveían un plazo para que los obispos mentalizaran a los católicos de que ellos deberían sostener a sus clérigos y actividades religiosas (como en Alemania y en otros países). El Estado se brindó a recaudarles la parte de los impuestos de los católicos españoles que así lo señalaran con una cruz en la Declaración de la Renta, en lugar de destinarlo a “Otras actividades sociales”. Pues bien, de un pretendido 80 por ciento de ciudadanos católicos tan sólo un 30 por ciento, año tras año, decidieron destinar ese dinero a su Iglesia. El Estado ha ido adelantando a la Iglesia millones de euros a cuenta, pero la Iglesia se declaró incapaz de movilizar a sus pretendidos fieles. Y todos conocemos lo que ha sucedido durante estos últimos 10 años con gobiernos del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Popular.

¿Qué ocurre? Pues que los sueldos de obispos y curas son pagados por el Estado español, aparte de otras 1 mil exenciones en impuestos de herencias, transmisiones, bienes inmuebles, etcétera, que el Vaticano y la Conferencia Episcopal se habían comprometido a revisar hace más de 2 décadas. Y es penoso que salgan que con esos dineros sostienen la admirable labor de Caritas, similar a la de cientos de organizaciones de la sociedad civil. Esperemos que el actual papa Francisco caiga en la cuenta de esta torticera interpretación del mensaje de Jesús.

La mayoría de la sociedad española respeta que la historia de las tradiciones religiosas deba ser explicada en las aulas, pero por profesores capacitados, mientras que la catequesis y el adoctrinamiento religioso debe efectuarse en las medersas coránicas, o en las sinagogas, en los templos protestantes o en las iglesias. En todo caso, fuera de los horarios lectivos de la enseñanza pública. Pero el diseño del nuevo currículo de Religión Católica en primaria, secundaria y bachillerato que ha elaborado la Conferencia Episcopal Española, los contenidos son en su totalidad catequéticos. El pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica, como ha subrayado el profesor J J Tamayo de la Universidad Carlos III.

José Carlos García Fajardo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid; director del Centro de Colaboraciones Solidarias

 

 

 

Contralínea 429 / del 22 al 28 de Marzo 2015