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En el gobierno de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas acumularon ante la CNDH 9 mil 228 quejas y 142 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, mientras que en lo que va de la actual administración federal suman 2 mil 373 quejas y tres recomendaciones. A decir de la defensora Nancy López, a la fecha no han habido condenas ejemplares ni medidas de reparación de los daños por estos hechos

De 2007 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 11 mil 601 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), de las cuales más de 9 mil corresponden al gobierno de Felipe Calderón. Durante el mismo periodo, el organismo autónomo les ha dirigido 145 recomendaciones.

Estas cifras colocan a las Fuerzas Armadas entre las instancias que más violan derechos humanos en México, sólo por debajo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, según refiere el Informe anual de actividades 2014 de la CNDH.

En el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando se emprendió la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, las Fuerzas Armadas acumularon 9 mil 228 (8 mil 1 corresponden a la Sedena y 1 mil 227, a la Semar) quejas. La cantidad de recomendaciones que recibieron por las violaciones a derechos humanos cometidas en ese sexenio también fue ejemplar: 142 (113 para la Sedena y 30 para la Semar).

Para el mismo periodo, la Sedena y la Semar fueron señaladas, asimismo, en dos recomendaciones generales de la CNDH, la 15 y la 19, relativas al derecho a la protección de la salud y a la práctica de cateos ilegales, respectivamente.

Al inicio de su gestión, en diciembre de 2006, Felipe Calderón inició la “guerra contra el narcotráfico”, política de seguridad que implicó la participación de militares en tareas de seguridad pública. Y fue en este contexto, con Guillermo Galván Galván al frente de la Sedena y Mariano Francisco Saynez Mendoza de la Semar, que las violaciones a derechos humanos a cargo de los elementos castrenses repuntaron.

De acuerdo con registros de la CNDH, el 40 por ciento de los hechos violatorios a derechos humanos que generaron recomendaciones para la Sedena se perpetraron en Chihuahua y en Michoacán. Cabe recordar que, como parte de la “guerra contra el narcotráfico”, en ambas entidades –a través del Operativo Conjunto Michoacán y del Operativo Conjunto Chihuahua– se vivió un importante despliegue de efectivos militares que, se supone, combatirían a las células delictivas locales.

Las Fuerzas Armadas acumularon 2 mil 212 quejas ante la CNDH durante los 2 primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto, quien optó por seguir empleando a los militares en labores de seguridad pública. Esta cifra es superior a las 1 mil 671 quejas que se registraron en contra de esta corporación al inicio de la gestión de Felipe Calderón, es decir, en 2007 y 2008.

A la fecha, las Fuerzas Armadas sólo han recibido una recomendación por violaciones a derechos humanos cometidas durante el mandato de Peña Nieto. El 21 de octubre de 2014, la CNDH dirigió a tres autoridades, entre ellas a Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, la recomendación 51/2014, relativa a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Una sola recomendación que, sin embargo, alude a un caso paradigmático: una ejecución masiva a cargo de militares, que, como lo han señalado los especialistas, pone a México a examen ante los ojos del mundo.

Aunque diversas organizaciones civiles de derechos humanos han exigido a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación sobre la posible responsabilidad de elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército en los hechos ocurridos a finales de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en donde fueron asesinados tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desaparecidos forzadamente otros 43, ésta se ha negado reiteradamente.

Luis Eliud Tapia Olivares, del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), comenta que no obstante que la denuncia contra militares en este caso es clara en al menos dos sentidos, su omisión por no haber hecho labores de auxilio y su conocimiento previo de la colusión del gobierno de Iguala con el crimen organizado, Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, justificó su negativa de iniciar una investigación en contra de estos elementos “por falta de una denuncia formal”.

Involucrar a Fuerzas Armadas en seguridad pública, el origen de los abusos militares

Nancy López, directora del Área de Defensa de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), AC, apunta que la mayoría de las violaciones a derechos humanos a cargo de elementos de la Sedena y la Semar ocurren en contextos en donde estas autoridades ostentan actividades de seguridad pública.

Así ocurrió en México durante la Guerra Sucia, en el periodo de “guerra contrainsurgente o de guerra contra el zapatismo” y, más recientemente, en la “guerra” contra el narcotráfico que, a decir de la abogada, sigue vigente con Peña Nieto, aunque ya no de forma tan abierta o pública como con Felipe Calderón.

La integrante de la CMPDDH enfatiza en el hecho de que los militares no están entrenados para las labores de seguridad pública que requieren del uso racional de la fuerza, sino más bien bajo una lógica de confrontación directa. Por ello, apunta, la primera actuación del Estado mexicano en aras de aportar positivamente en el tema debe ser la total desvinculación de las Fuerzas Armadas de estas labores.

Carlos Fernando Angulo Parra, secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, considera que, efectivamente, el Ejército está entrenado para atacar al enemigo “sin ningún respeto por los derechos humanos”, puesto que los protocolos en la materia son más laxos en estado de guerra que en estado de derecho. No obstante, el diputado por el Partido Acción Nacional considera que el error de la estrategia de seguridad no recae en incorporar a estos elementos en tareas que no le son propias, sino en hacerlo sin ningún tipo de control.

Margarita Elena Tapia Fonllem, también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, comenta en entrevista que aunque paulatinamente se ha ido capacitando a la Sedena y a la Semar en temas de derechos humanos; se trata, en ambos casos, de instituciones acostumbradas a las “malas prácticas”. Por ello, la diputada por el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia porque éstas se limiten a las actividades que por ley les corresponden y por una reorientación de la estrategia de seguridad pública con énfasis en el tema de la prevención.

A decir de Luis Eliud Tapia Olivares, del área de Defensa Integral del Centro Prodh, el alto número de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante los últimos años tiene su origen también en la ausencia de controles civiles hacia estas corporaciones que logren, por ejemplo, su cooperación con el Ministerio Público en las investigaciones que involucren a militares.

La característica, en cambio, sostiene el defensor, es “la opacidad; garantizar la impunidad entre ellos mismos”. Con ello, agrega, “se dejan abiertas las puertas a la arbitrariedad”.

Para Nancy López es también importante de destacar el hecho de que las Fuerzas Armadas sean poco vigiladas y llamadas a rendir cuentas, el contexto idóneo, dice, para que las violaciones a derechos humanos que cometen permanezcan en la impunidad.

Al respecto, la abogada comenta: “Al momento, nosotros no hemos sabido de condenas ni de medidas de reparación que vengan desde la Sedena que sean ejemplares y que den muestra de que no es una política por parte de la institución, sino que son agresiones cometidas de manera aislada por el Ejército, por funcionarios que excedieron sus facultades”.

Además del retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, hecho que resulta “ilegal e inconstitucional”, Tapia Olivares comenta que es necesario que se investiguen por la vía penal, y no sólo a través de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los abusos cometidos por militares. Asimismo, pugna porque se exija a estas corporaciones el ser transparentes y abiertas para brindar información sobre sus elementos involucrados en violaciones a derechos humanos.

Finalmente, pide una verdadera y efectiva restricción del fuero militar, ya que, refiere, el caso Tlatlaya evidenció que a pesar de la reforma al Código de Justicia Militar de 2014, los tribunales militares siguen abriendo investigaciones paralelas a las del fuero ordinario en los casos de violaciones a derechos humanos.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina, a través de sus respectivas áreas de Comunicación. Ambas instancias pidieron conocer el cuestionario de la entrevista como requisito para continuar con la gestión de la mismas, pero al cierre de esta edición, ninguna dio respuesta.

Se solicitó, asimismo, entrevista con la CNDH. Lázaro Serranía, subdirector de Información de la Coordinación General de Comunicación y Proyectos de ese organismo, comunicó que no sería posible, puesto que como los funcionarios tienen poco tiempo en el ejercicio del cargo se encuentran aún en etapa de formación.

 

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 Flor Goche, @flor_contra

 

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