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Con el acostumbrado sello de la impunidad, la reforma constitucional a las telecomunicaciones, publicada el 11 de junio de 2013, terminó por ignorar en el Congreso de la Unión las observaciones hechas en 2012 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde el órgano supervisor denunció que la licitación de los más de 20 mil kilómetros de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a favor del consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica, en el gobierno de Felipe Calderón, representó una pérdida de 4 mil 448 millones de pesos a las arcas públicas, pues tales empresas sólo pagaron 883 millones de pesos por una red que hubiera generado seis veces más recursos si hubiera quedado en propiedad de la ahora empresa productiva del Estado.

El sistema de adjudicación directa, similar al utilizado para entregar en bandeja de plata la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a los panistas Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, exsecretarios de Energía en el gobierno de Vicente Fox, constituye una muestra viviente del conflicto de intereses en que incurrió el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social y hoy senador por el Partido Acción Nacional Javier Lozano Alarcón, quien en su papel de alto funcionario ejerció también un abierto tráfico de influencias para favorecer a sus clientes, quienes desde años atrás habían contratado sus servicios a través de su despacho Javier Lozano y Asociados, SC. Gracias a las malas artes políticas del extitular del Trabajo, no hubo más participantes en la licitación del apetitoso botín de la fibra óptica de CFE.

Lozano conocía los recovecos legales y oficiales del botín a repartir, pues en el sexenio de Ernesto Zedillo, Carlos Ruiz Sacristán, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, le permitió operar a sus anchas en el área de las telecomunicaciones para arribar después a la presidencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, la extinta Cofetel, desde cuyo cargo realizó una doble función: lo mismo apoyó que asesoró tanto a Televisa como al Grupo Salinas (Tv Azteca). De ahí viene el compromiso y sumisión del ahora legislador federal con los poderosos consorcios televisivos, por cuyos intereses siempre ha velado y se ha rasgado las vestiduras, como aconteció en el Senado.

Si la aplicación de las leyes en nuestro país fuera una realidad, Lozano y otros panistas deberían ser investigados y responder ante la justicia por el quebranto ocasionado a los recursos públicos, al haber ofrecido los bienes de la nación a precios de remate a los monopolios, que a casi 2 años de entrar en vigor la reforma constitucional a las telecomunicaciones todavía no reflejan una mejora sustancial a la deteriorada economía de millones de consumidores en cuanto a la baja en los servicios de telefonía, internet y televisión. El así conocido como triple play.

A la fecha, el único beneficio directo es la eliminación del cobro de la larga distancia, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y en el Programa Nacional de Infraestructura (2014-2018) se contemplaba superar los rezagos que México enfrenta para garantizar el derecho de acceso a la banda ancha y que en países como Finlandia, Panamá y hasta la modesta Estonia, ya son gratuitos para toda la población.

En su evaluación, el Programa Nacional de Infraestructura establecía que en México existen bajos niveles de penetración de banda ancha fija y móvil, sobre todo porque la alta participación de los operadores de telecomunicaciones está “en los mercados más rentables”, que se niegan a extenderse a los “menos rentables”, como las zonas rurales y marginadas. De acuerdo con los análisis oficiales, el precio para acceder a una suscripción de banda ancha en el país “es el quinto más caro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

No obstante que los estudios realizados por las autoridades federales sobre la situación que presenta la infraestructura en el país para expandir los servicios de la banda ancha hablan de la falta de interés e inversión por parte del sector privado al respecto, ni en los fundamentos de la reforma a las telecomunicaciones ni en sus leyes secundarias se establece obligación alguna por parte de los monopolios –que ahora la explotan en su beneficio– para invertir al respecto, pues “la instalación de servicios móviles” y el objetivo de incentivar “el crecimiento de la red troncal de fibra óptica” se proponen con base en el uso de la infraestructura de la CFE para desplegar “una red compartida” con los mayoristas de las redes móviles. Negocio redondo y fácil el que senadores como el exsecretario del Trabajo le han puesto en las manos a los particulares.

Claro está que el “pianista frustrado”, ahora senador coyote, nada dice al respecto, y mucho menos se atreve a inquirir en la tribuna de la Cámara a sus rentables clientes y patrones del porqué no han bajado sus tarifas de internet en beneficio de los que menos tienen, tal y como lo ponderó la reforma a las telecomunicaciones alentada y aplaudida por Lozano Alarcón.

Si nos atenemos a lo denunciado por la ASF en 2012, no existen argumentos válidos que justifiquen el negocio ilícito cometido a la sombra del poder en el sexenio panista de Calderón, pues el país perdió por doble partida al regalar la infraestructura de las redes de fibra óptica tanto de la CFE como de Luz y Fuerza del Centro y al no obligar a los monopolios que ahora la detentan a ofrecer sus servicios a precios accesibles a la población. No sólo hicieron negocio con el patrimonio de los mexicanos, sino que ahora lo utilizan para esquilmarlos.

Otro de los robos cometidos a la sombra de la apropiación de la fibra óptica es el desmantelamiento de los miles de kilómetros de cableado de cobre, sustituido por aluminio. Al día de hoy no hay una sola autoridad que haya atendido la denuncia hecha pública por el Sindicato Mexicano de Electricistas en ese sentido, y que inició poco después de la aplicación autoritaria del decreto de extinción de Felipe Calderón que dejó sin empleo a 44 mil electricistas en octubre de 2009.

A la fecha son miles de toneladas de cobre las que se han vendido de manera encubierta y sin rendir cuentas a nadie. Y debemos preguntar a las autoridades federales: ¿quiénes son los que permitieron un saqueo de tales dimensiones sin vigilar el destino de tales cantidades del valioso metal?

Los beneficiarios de la fibra óptica así como del desmantelamiento de las redes de distribución del sistema eléctrico nacional son, con toda seguridad, conocidos personajes panistas de la política, que en la actual administración siguen inmersos en el lodazal del conflicto de intereses, amparados en la zona de confort que les brinda la fortalecida impunidad. Javier Lozano es la prueba fehaciente de ello.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

 

 

 Contralínea 428 / del 15 al 21 de Marzo 2015

 

 

 

 

 

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