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Zacualpan, Colima. Rubén, originario de esta comunidad, espera sobre la carretera. Montado en la parte trasera de una camioneta de redilas viaja con su padre, ya anciano, su hijo de 5 años y su esposa. Pretende entrar a su tierra. Mientras, policías estatales y municipales se apostaron sobre el camino, con sus botas de casquillo lustradas, cascos, toletes y escudos.

En esta comunidad se han roto los lazos familiares, la cordialidad, el entendimiento entre pares desde hace más de 1 año, en que se pretendía instalar una minera para explotar oro a cielo abierto. Luego, la toma del ojo de agua que abastece a la región por parte de un grupo de filiación priísta. También el parque ecoturístico está sin acceso, “ya tenemos más de 2 meses haciendo todo lo legal para que quedara en manos de la gente, pero algunos lo mantienen tomado”, dice Rubén de 38 años.

En Zacualpan nadie puede entrar ni salir libremente. Tienen impedido el paso por otros de los suyos, vinculados al depuesto presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán.

El libre tránsito está impedido, violentado. Piedras en el camino bloquean la entrada de observadores y defensores de derechos humanos que conforman la Misión de Observación nacional o internacional para el caso Zacualpan, por segunda ocasión.

La situación se tornó tensa por varios minutos, la cuerda estaba a punto de romperse. La presencia de una tanqueta, elementos de la policía estatal y preventiva que se enfilaron hacia la entrada con toletes y escudos prendió la alerta de un conflicto mayor.

Observadores y defensores de derechos humanos, acompañados por habitantes de la zona, eran rechazados por otros que molestos impedían el paso. La amenaza de que la fuerza pública rompiera el cerco marcó pasos atrás, “no fueron los acuerdos a los que se habían llegado con las autoridades”, se escuchaba entre ellos.

Entre los visitantes se encontraban representantes de las organizaciones internacionales: Greenpeace; Fund for Global Human Rights; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Environmental Defender Law; Defensa y Derecho al Agua, América Latina; y Peace Action (Acción por la Paz); así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema); el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Morelos, así como la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

Estos mismos representantes se reunieron un día antes con Víctor Manuel Gandarilla, delegado de la Secretaria de Gobernación; José Ernesto Pasarín Tapia, delegado de Semarnat en Colima; Agustín Trejo Ramos, de la Secretaria de Economía; Rogelio Rueda Sánchez, secretario. General de Gobierno; Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico; Roberto Chapula, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Braulio Arreguín Acevedo, presidente Municipal de Comala, y los integrantes de su cabildo.

El ombudsman estatal ordenó medidas cautelares para los defensores, ambientalistas y la población de Zacualpan. Las autoridades estatales, municipales y federales ofrecieron garantías para entrar a hablar con los afectados. Sin embargo, el gobierno del estado pretendía avalar la entrada con la fuerza pública.

Miguel Mijangos integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) comenta en entrevista que la situación de Zacualpan “se encuentra en un punto en el que se ve una confrontación social, ya hemos estado constatando que están todas las condiciones para que todas las acciones de una persona en particular pueda generar una confrontación que derive en graves consecuencias.

 “Queda claro que hay una descoordinación, hemos estado hablando con varios representantes de la agenda político social de Colima y del orden federal y apreciamos una observancia de la ley siempre incompleta. Cada quien atiende sólo un pedazo, sólo lo que le compete y corresponde, siempre con la excusa del marco de derecho pero al final no hay una contemplación concreta del proceso y todos esos vacíos de atención quedan a la intemperie, desde la lógica de la ley cada quien hace lo que le compete pero no se resuelve nada.”