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Al mismo tiempo que las delincuencias (que van de la mano de los narcotraficantes y sus matones), los desgobernadores asaltaron los poderes de los 31 estados, tras el final del priísmo que nació en 1946 con el ascenso al presidencialismo del apodado Cachorro, pero no de la Revolución (como lo creyó el ideólogo socialista, más intelectual que practicante del ejercicio de la políticas Vicente Lombardo Toledano, 1894-1968), sino del inicio de la contrarrevolución. El proempresario Miguel Alemán Valdés (1946-1952) fue el creador del nepotismo que actualmente representa su junior y los hijos de éste: los Alemán. Dueños de millonarias compañías gracias a lo que les heredó la corrupción, que también inició Alemán Valdés.

Nepotismo y corrupción que llegó a su máxima expresión con el trío Miguel de la Madrid-Carlos Salinas-Ernesto Zedillo; para continuar con los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón; y ahora con los peñistas, dueños de patrimonios que no son fruto de su trabajo sino de la rapiña que, como botín, llevan en la nave estatal. Y que arrojan como consecuencia el auge de las delincuencias: narcotráfico, secuestros, asaltos, asesinatos y la desaparición en todo el país de mujeres y jóvenes, muchos de los cuales son asesinados y enterrados en miles de fosas clandestinas. El alemanismo pervirtió el ejercicio de los poderes públicos y siguieron los del poder económico privado: las grandes fortunas, de los Azcárraga a los Slim, tienen origen en esa pavorosa corrupción.

Y los desgobernadores están en la misma sintonía, con rateros como los Duarte, de Chihuahua y Veracruz, los Padrés, de Sonora, los Moreira de Coahuila… Y los de Chiapas, Campeche, Tamaulipas, Morelos… Los 31 desgobernadores que han ejercido el mal gobierno antidemocrático (de la democracia representativa, mientras la democracia directa –la del pueblo– empieza a crear revueltas sociales detonadas por los hechos aberrantes de Ayotzinapa y Tlatlaya). En ese contexto, las libertades en general, como un haz de derechos humanos individuales y colectivos, están sufriendo las embestidas de gobernantes y delincuentes, con el fin de disminuirlas e incluso cancelarlas por medio de inquisiciones administrativa, judiciales, homicidios y agresiones a los periodistas.

En Veracruz van más de 12 periodistas privados de la vida. El caso más reciente es el de Moisés Sánchez Cerezo, quien viviendo de su trabajo ajeno a la prensa, dedicaba gran parte de su tiempo a investigar los hechos de abusos del poder y la delincuencia para darlos a conocer a la opinión pública. Y funcionarios del gobierno duartista (como el señalado de Medellín de Bravo, de militancia panista) se han dado a la tarea criminal de matar periodistas que informan, critican y dan nombres de quienes, en Veracruz (en Chihuahua, Sonora, Morelos, Puebla, etcétera), están robando, agrediendo y encarcelando arbitrariamente a ciudadanos que ya no aguantan el despotismo de Javier Duarte de Ochoa, quien gasta millones de pesos semanales para dar a conocer su obesa figura con sus mentiras administrativas.

El periodista Moisés Sánchez Cerezo cuestionaba al presidente municipal de Medellín de Bravo, y éste, con la pandilla blanquiazul con la que se presentó en el Ministerio Público veracruzano, de inmediato se lavó las manos, acusando a Duarte de Ochoa de tramar una venganza aprovechando la denuncia que hicieron los familiares del periodista de que éste había recibido amenazas del alcalde. Pero, ya sea del Partido Acción Nacional o del Partido Revolucionario Institucional o del Partido de la revolución Democrática, lo cierto es que funcionarios y delincuentes se comportan igual ante los ciudadanos que no aceptan y rechazan los abusos, máxime si son periodistas que se atreven a ejercer las libertades de información y crítica, sustentados en hechos.

El desgobernador de Nayarit (en cuyas playas gusta vacacionan Enrique Peña, con dos batallones de soldados y marinos), también tiene en su haber, por delincuentes o funcionarios, el doble homicidio de la periodista-corresponsal de Televisa Jazmín Martínez y su esposo, víctimas de un secuestro por la inseguridad que priva (para los ciudadanos, no así para el vacacionista de Los Pinos), en la entidad. Es así que, con el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, en lo que va del sexenio peñista y desgobernadores que lo acompañan –y se reúnen en la Conferencia Nacional de Gobernadores para tomar acuerdos que no cumplen– van más de 20 homicidios de periodistas, que se cuentan dentro de los 35 mil asesinatos ocurridos a la fecha; y de los que Miguel Ángel Osorio Chong y el mismo Peña aseguran que “ha bajado el índice de homicidios”, cuando es todo lo contrario.

La inseguridad sigue, con más bajas, que demuestra el baño de sangre en el que sobreviven los mexicanos, que hasta ahora no han sido privados de la vida o de su libertad, pero que padecen feminicidios, desapariciones de cientos de miles de niñas y adolescentes, de quienes nada se vuelve a saber, como si se los hubiera tragado la tierra… En fosas clandestinas como en Guerrero, donde los desgobernadores, desde al menos los Figueroa, entierran a los que asesinan, o los echan al mar heridos y con bloques de cemento amarrados al cuello para ser devorados por los tiburones.

Sánchez Cerezo en Veracruz y Jazmín Martínez en Nayarit son dos periodistas víctimas de la criminalidad, que priva en todas las entidades de un federalismo en manos de los desgobernadores, quienes reinan despóticamente, así como también en la capital del país.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

 

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Contralínea 423 / del 15 al 21 de Febrero 2015

 

 

 

 

 

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