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Las irregularidades en la anulación del fallo para operar el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO I) dejan a la deriva las funciones del navío, que a decir del empresario Marco Antonio Álvarez no están en manos de la Secretaría de Marina, como lo han indicado las autoridades de la Sagarpa y Función Pública, sino con un patrón sustituto. El proceso sigue sub júdice; mientras, el barco navega sin estar asegurado

El Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO I) opera sin estar asegurado, con “patrón sustituto” y en un proceso sub júdice, lo que podría poner en riesgo las investigaciones realizadas en las aguas profundas de la Zona Económico Exclusiva del Pacífico. Este es uno de los tres navíos con tecnología de punta más importantes en el mundo.

El BIPO I fue adquirido por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) con recursos del préstamo 2547-OC-ME, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a México, para el Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales, mismo al que se le asignaron 26 millones de dólares por el componente IV: Fortalecimiento de la Investigación Biológico-Pesquera.

Para su operación y mantenimiento se llevó a cabo un proceso de licitación, que implicaría un contrato de 286 millones 206 mil 896 pesos, ganado por la empresa Famalval en febrero de 2014. El mismo que fuera declarado desierto meses más tarde por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) –Secretaría que rige al Inapesca– asegura que la tarea encomendada entonces a la empresa Famalval, de Marco Antonio Álvarez Alonso, ahora la lleva a cabo la Secretaría de Marina-Armada de México.

No obstante, el empresario afectado por la anulación del fallo niega que el discurso oficial sea verídico y advierte que “hay riesgos” en la operación del BIPO I.

BIPO I, sub júdice

El concurso se encuentra en proceso sub júdice, luego de que el fallo fuera impugnado por Luis Melo Graf, apoderado legal de Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV, y la Naviera Delrem, SA de CV. Esta empresa interpuso su queja ante el Órgano Interno de Control de Sagarpa, entonces a cargo de Juan Salvador Esquer Acedo, el 20 de febrero de 2014.

Sin embargo, para resolver esta inconformidad, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde, instruyó a Jaime Correa Lapuente, director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas “para que conozca dicha instancia y resuelva lo que en su derecho proceda”.

Otra de las “complicaciones” que ha tenido este proceso es que autoridades del Inapesca presentaron “copias al carbón” para demostrar “irregularidades” cometidas supuestamente por la empresa ganadora para obtener la licitación LA-008RJL001-N1-2014.

El 3 de septiembre de 2014, el director general adjunto de Administración en el Inapesca, Pablo Gómez Domínguez, solicitó la nulidad del fallo para operar el BIPO I, pues según el funcionario, la empresa ganadora había presentado “documentos apócrifos” para obtener la licitación.

Al respecto, autoridades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) documentaron que autoridades del Inapesca no fundaron ni motivaron la nulidad del fallo de la licitación que hiciera ganadora a la compañía. Eduardo José Morales de la Barrera, director adjunto de Inconformidades de la SFP, fue contundente: se presentaron “copias simples al carbón de resoluciones judiciales” para echar abajo el concurso administrativo (Contralínea 416).

Tras varios meses de haberse impugnado el fallo para operar el navío, las autoridades no han podido concluir con las investigaciones responsabilicen a los funcionarios públicos que pudieron incurrir en irregularidades durante el proceso que permitiera la operación y mantenimiento del buque, pese a que el expediente de Función Pública lo asentaba.

Marina no opera el BIPO I

“La operación no la tiene la [Secretaría de] Marina, me arrebataron a la tripulación”, dice en entrevista Marco Antonio Álvarez Alonso, representante de la empresa Famalval, ganadora de la licitación de carácter nacional mixta LA-008RJL001-N1-2014, el 13 de febrero de 2014.

El concurso comprometía un contrato por 286 millones 206 mil 896 pesos para realizar los “servicios especializados para la administración, operación y mantenimiento” del BIPO I.

Se desecharon las propuestas de las empresas Naviliera El Ferrol, Servicios Múltiples del Puerto y Naviera REM, pues la ganadora, Famalval, había logrado 55.5 puntos de los 45 requeridos como mínimo para obtener el contrato, indica el acta de fallo FO-CON-08.

Hace unas semanas, el encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública y titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde, reiteró el discurso de Sagarpa de que la operación del barco ya estaba en manos de la Secretaría de Marina (ediciones 416 y 420).

Pero no es verdad, se declaró a un “patrón sustituto” y los gastos de operación son pagados a través de la Fundación Produce Sonora, AC, dice contundente el empresario Marco Antonio Álvarez.

Esta organización, describe su portal en internet, es una “institución que promueve y apoya proyectos de investigación, validación y de transferencia de tecnología que contribuyan a atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia agrícola, pecuario, pesca y acuacultura”.

Lo grave de todo esto, dice Álvarez es que al momento de entregar el buque, las autoridades no realizaron un debido inventario. “Hay muchos artículos que son susceptibles de robos”, advierte el empresario.

A cambio del contrato, 60 millones de pesos

El empresario asegura que las trabas para continuar con la operación del BIPO I se dieron después de que Felipe Alonso, allegado de Melo Graf (apoderado legal de Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV, y la Naviera Delrem, SA de CV), se acercara a él para ofrecer 60 millones de pesos a cambio del contrato.

—Obviamente me negué.

—¿De qué manera se podría hacer eso, entregar el contrato?

—Comprando a la empresa. Eso es inaceptable.

Luego de negarse a la negociación ofrecida, dice el empresario, llegó la impugnación del fallo, las investigaciones, la anulación y la fiscalización hacendaria que buscaba, particularmente, de dónde se habían pagado las fianzas, exigidas a Famalval para brindar garantía al contrato.

“El proceso ha sido complicado, pero no lo puedo soltar porque yo hice mis contrataciones para 3 años: de personal, bodegas y adquisiciones”, dice Álvarez Alonso.

La renuncia, ordenada por Enrique Martínez: OIC

Otro de los afectados por el fallido proceso de licitación es el entonces titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sagarpa Juan Salvador Esquer, a quien el 30 de junio se citó en las oficinas del secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, para recriminarle su papel como “asesor” en la licitación de los servicios para el BIPO I “y su constante insistencia en realizar auditorías a diversos programas de la Secretaría” (Contralínea 415).

En entrevista con Contralínea, el encargado del despacho de la SFP, Julián Alfonso Olivas Ugalde, argumentó que la salida del extitular del OIC de Sagarpa fue resultado de un bajo desempeño. “Nosotros hacemos una evaluación de todos los titulares de los órganos internos de control, y cuando no cumplen las expectativas que se tienen, pues procedemos a removerlos” dijo (edición 420).

El excontralor Esquer Acedo revira la versión del titular de la Función Pública y asegura que la orden fue expresamente dada por Enrique Martínez y Martínez.

En entrevista, y después de que se consumara la “renuncia” del entonces titular de Inapesca Raúl Adán Romo Trujillo, segundo servidor público relacionado con el BIPO I, Esquer Acedo dice:

“¡El subsecretario miente! A mí me expresó todo lo contrario, que tenía las puertas abiertas de sus oficinas, en su calidad de servidor público y como persona. Me habló de una forma muy cordial y muy respetuosa.

“No tengo ningún elemento o decisión que haya tomado por la cual arrepentirme. Todos los procedimientos y decisiones que se tomaron en la Contraloría, en mi carácter de titular, fueron estrictamente apegados a normatividad y con transparencia que los casos exigen.

“Respecto de que yo no reunía lo que la [Secretaría de la] Función Pública o él deseaban, lo único que puedo responder es que se remita a las evaluaciones oficiales de cada una de mis áreas. Tomé esa Contraloría en el lugar 159, en promedio general de las cuatro áreas, y la dejé en el 16 y 20; con 94 de calificación, lo que demuestra que el señor Olivas no puede sustentar o argumentar que no encontró en mí lo que como contralor deseaba.

“Además, [Olivas Ugalde] me expresó que la decisión de mi salida como contralor la había tomado Enrique Martínez y Martínez [titular de la Sagarpa], no él”, dice.

A 7 meses de la separación de su cargo relata que entró a una reunión “sorpresa” que el secretario Martínez y Olivas habían preparado. Ahí me enteré que ya había nuevo contralor. Me parece una injusticia fuera de toda normatividad que ni siquiera me hayan dado el derecho de réplica y aclaración.

—¿Hubo alguna reunión privada con el responsable de la Secretaría de la Función Público?

—Fue una reunión sumamente cordial, muy respetuoso Julián Olivas, por lo que a mí me extraña mucho lo que se ha publicado. Es todo lo contrario de lo que él me expresó, como funcionario público y como contralor. Hablamos de mi trabajo y de mi evaluación y me aclaró que él no había tomado la decisión. Estaré atento con cualquier propuesta que se venga para seguir trabajando por mi país, desde la trinchera que me corresponda.

Investigación retardada

Como excontralor de la Sagarpa y conocedor del proceso de licitación y anulación del fallo, Esquer Acedo dice que es muy importante señalar que la Función Pública, específicamente el maestro Olivas, atrajo el asunto. Una vez que presenta la inconformidad, la empresa que dio el segundo lugar, dio turno a la Función Pública y ahí se encuentra todavía.

“Lo que puedo señalar y que me consta es que al 30 de junio la SFP no había realizado ninguna actuación ni investigación al respecto de ese procedimiento. Las investigaciones inician después de que me piden la renuncia, lo que no es correcto. Normativamente hablando, no es aceptable, por el tiempo que dejan pasar”.

—¿Mientras estuvo como contralor, tuvo alguna observación en el proceso de licitación y/o en el fallo?

—No, no tuve ninguna observación o irregularidad que señalar. Todo lo contrario, la Contraloría decide un comité de desempeño y control institucional cada 3 meses y en cada acta oficial de ese comité recibí el reconocimiento y felicitación expresa del secretario Enrique Martínez y Martínez, por lo que reitero me sorprende toda la entrevista con Olivas.

Salida definitiva de Romo, director de Inapesca

Como ya lo había documentado Contralínea, el segundo funcionario a quien se le exigió renunciar al cargo que sustentaba fue Raúl Romo Trujillo, quien ejerció funciones hasta el último día de 2014 como director general del Inapesca.

Las presiones fueron fuertes sobre Romo Trujillo. Mientras, él se resistía a dejar el cargo bajo el argumento de que no lo haría hasta que lo solicitara el presidente de la República.

Luego de varios días de total hermetismo en las instalaciones de Inapesca, el 21 de enero pasado Pablo Arenas Fuentes fue nombrado como nuevo titular del Inapesca.

Enrique Martínez y Martínez, secretario del sector, hizo entrega del nombramiento en un “sesión extraordinaria” de la Junta de Gobierno del Instituto. La Sagarpa anunció mediante un comunicado oficial que el presidente Enrique Peña Nieto había hecho la designación del nuevo titular del Instituto.

 

El BIPO I

Inventarios del Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO I) describen que este navío fue construido en Vigo, España, con base en el puerto de Mazatlán, México. Su propósito es la investigación pesquera y oceanográfica en la Zona Económica Exclusiva de México.

“Tiene una eslora total de 59.30 metros, 13 metros de manga y 5 metros de calado. Cuenta con sala de primeros auxilios y puede acomodar hasta 40 personas, 18 de tripulación y 22 investigadores con una autonomía de 40 días”, indica el inventario.

Además, cuenta con una capacidad de 100 metros cúbicos en sus bodegas; su velocidad de crucero es de 8 nudos y máxima de 12 nudos; impulsado por un sistema de diésel-eléctrico integrado por tres motores generadores de diésel.

Dentro de sus instalaciones científicas cuenta con un laboratorio húmedo, un laboratorio multipropósito, un laboratorio de acústica y control, un laboratorio de biología, una planta procesadora de alimentos y un centro de cómputo.

Los documentos también exponen que el BIPO I está equipado con redes de captura especializadas, un vehículo operado remotamente, una roseta de muestreo, un palangre oceánico, equipo de captura de calamar, dos lanchas de soporte. Todo controlable desde un puente de 360 grados”.

Érika Ramírez, @erika_contra

 

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Contralínea 422 / del 01 al 08 de Febrero 2015

 

 

 

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