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Atareados en dar celeridad a la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias, los diputados y senadores olvidaron poner en la mesa de las discusiones y análisis el tema de las energías renovables, sobre el cual nuestro país ha firmado acuerdos internacionales tendientes a aminorar los efectos del cambio climático por el creciente uso de hidrocarburos.

El asunto, que forma parte de la agenda global acordada por naciones del primer mundo y países pobres fue soslayado por los integrantes del Congreso de la Unión, pese a que desde hace años el gobierno mexicano ha pretendido llevar a cabo políticas encaminadas a alentar fuentes alternas de energías limpias que incluyen programas piloto para fabricar biodiesel y bioturbosina, en sustitución, a futuro, de las energías fósiles.

Apenas en diciembre pasado, en San Lázaro, legisladoras del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista de México subieron a la tribuna propuestas tendientes a operar cambios en el marco jurídico de las leyes secundarias para garantizar el impulso de las energías renovables, ausentes en los debates de la reforma energética.

Una de esas iniciativas establece la creación de la Ley de Transición Energética, que reglamentaría el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el transitorio 17 del Decreto de Reforma Energética, que mandatan velar por la sustentabilidad, las energías limpias y el control de emisiones contaminantes en actividades industriales y de otras ramas económicas. La nueva ley implicaría la derogación de dos leyes: la de Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y la de Aprovechamiento Sustentable de Energía. Luego del descuido de los legisladores ahora se dan cuenta que en el marco de la reforma energética se quedan cortas y dictan de manera tímida y abstracta medidas a favor del medio ambiente. Es decir, lo mismo que advirtieron expertos en la materia hace más de 1 año cuando los integrantes del Congreso decidieron hacer oídos sordos a sus recomendaciones.

A toro pasado, quienes aprobaron fast track la reforma y sus leyes secundarias buscan ahora cubrir las deficiencias en un área establecida como prioritaria desde el anuncio del Pacto por México y de la que existen abundantes antecedentes, investigaciones y estudios por parte de diversas comisiones intersecretariales, entre cuyos planes, como los establecidos en la Ley de Cambio Climático, se fijaron metas para que en 2030 el 35 por ciento de la energía eléctrica que se consuma en el país proceda de fuentes naturales como la tierra, el sol o el viento. Sobre este ordenamiento, la secretaria técnica de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, Jatziri Pando Medina, también corrigió la plana al señalar la ineludible necesidad de dar seguimiento a esta ley para verificar que se aplique y respete por todas las instancias de gobierno, de tal forma que “no sólo quede en la aprobación de la ley, sino se cumplan los objetivos y metas contempladas”.

Sin rubor alguno, los legisladores buscan ahora que la reforma “esté completita, sea de largo plazo y permita aprovechar el potencial de estas alternativas”, poniendo en evidencia que no sólo la aprobaron a la ligera, sino que además pasaron por alto la diversificación del sector energético a través del reforzamiento y cabal cumplimiento de los proyectos en materia de energía renovable, como los que ya venían funcionando con la puesta en marcha de mecanismos como el Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética, en el que participan además de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, asociaciones público-privadas que han contribuido a la creación de los tres Centros Mexicanos de Innovación de Energía Renovable.

Ahora, en las ambiciosas correcciones se plantea que mediante la Ley de Transición Energética se establezcan metas concretas en la aplicación de energías renovables, como la instalación de 500 mil techos solares en hogares y pequeños negocios, para 2024, solventados por la ciudadanía a través de estímulos fiscales de bajo costo al erario. En los foros de discusión de la reforma no fueron pocas las voces de expertos que pidieron analizar la energía solar como alternativa real para dotar de electricidad a cientos de comunidades en las zonas más aisladas del país. Nadie en el Congreso los quiso escuchar y ahora los legisladores no sólo desempolvan sus consejos, sino que además buscan involucrar en la promoción de las energías renovables a los gobiernos estatales y municipales, a los cuales tampoco se les tomó parecer a la hora de aprobar las leyes secundarias.

La omisión legislativa sobre el aprovechamiento de energías renovables en el nuevo marco jurídico fue de tal magnitud que pasó por alto lo contenido y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014, cuando el gobierno federal dio a conocer el Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables donde refería los trabajos que debería desempeñar para su buen funcionamiento el Consejo Consultivo, mismo que aseguraría la participación del sector privado, social, académico y la representación de miembros de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El ambicioso proyecto oficial que fue borrado de la discusión de la reforma en el Congreso de la Unión involucraba a dependencias como las secretarías de Energía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Comisión Federal de Electricidad, y a los representantes de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Asociación Nacional de Energía Solar, a la Iniciativa Mexicana de Energías Renovables, el Consejo Mundial de Energía-Capítulo México, la Red Mexicana de Bioenergía y de igual forma al Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Un espectro muy amplio de participantes que sencillamente fue ignorado en la aprobación de la trascendental reforma.

No es aventurado suponer, por ello, que los representantes populares ni siquiera revisaron el Inventario Nacional de Energías Renovables, divulgado en 2013 por la propia Secretaría de Energía y que contiene todo el sistema de información geográfica para conocer el Atlas de los recursos renovables que pueden ser aprovechados en México.

Ahora, en la pasarela legislativa de las enmiendas es válido cuestionar a los diputados y senadores por no haber dejado en claro, en el marco de la aprobación de la reforma energética, el tema de las energías renovables. Una más de sus marcadas irresponsabilidades contra el país.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

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Contralínea 422 / del 01 al 08 de Febrero 2015