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De los 213.3 millones de dólares que el gobierno federal se comprometió a entregar a la empresa de espectáculos CIE para traer de vuelta el serial de la Fórmula 1 al país, 44.2 millones ya fueron entregados, unos 575 millones 406 mil pesos; el apoyo público a la firma privada se dará sin cortapisas, a tal grado de que entre los gobiernos federal y de la Ciudad de México pactaron “coadyuvar” para garantizar las carreras, revelan documentos a los que tuvo acceso Contralínea. Los más de 3 mil millones de pesos que en 5 años erogará el gobierno federal como “gasto” para promover la marca México generarán ganancias hasta por 10 veces el monto de lo invertido, pero para las empresas beneficiadas. Se trata de un negocio privado realizado con recursos públicos, explica especialista

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Un total de 575 millones 406 mil 425 pesos del erario gastó el gobierno federal en la primera carrera de la vuelta a México de la categoría más mediática del automovilismo mundial, que se llevará a cabo el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015, admite el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en respuesta a la solicitud de información 2135500013214, presentada por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 “¡La Fórmula 1 regresará después de 23 años!”, fue el grito unánime tras el anuncio de la reconstrucción del Autódromo Hermanos Rodríguez. No obstante que la mayor parte del financiamiento saldrá del erario, en un contexto de crisis por la caída de los precios del petróleo, felicitaciones colmaron a la empresa privada Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE, SAB de CV) por haber conseguido el acuerdo y ser la organizadora del Gran Premio.

Los 575.4 millones de pesos que el CPTM –perteneciente a la Secretaría de Turismo, a cargo de Claudia Ruiz Massieu– entregó a CIE son sólo la primera parte de los 213 millones 279 mil dólares que se comprometió a dar a la empresa de espectáculos socia de Televisa, durante 5 años, periodo mínimo en el cual la Fórmula 1 (F1) permanecerá en el país, revela el contrato 36/2014 entregado a Contralínea por la propia dependencia (folio 2135500000715).

Promoción turística, pretexto para financiar la F1

Con el argumento de que el evento mejorará la imagen del país proyectándolo “en su grandeza y riqueza” (sic, palabras del presidente Enrique Peña Nieto), el Consejo de Promoción Turística de México aportará la mayor parte de los recursos necesarios para la organización de los grandes premios de Fórmula 1.

 “Chris Balfe [experto en negocios de F1] confirma que han habido reuniones [de la Fórmula 1] con Alejandro Soberón, el hombre más fuerte de CIE, empresa que administra el Autódromo Hermanos Rodríguez, el escenario ideal para la carrera. El problema es el dinero.

 “[…] Si México desea tener un Gran Premio debe pagar, al menos, 200 millones de dólares”, escribió Iván Pérez en septiembre de 2013 en la revista Forbes.

Unos meses después, exactamente el 23 de junio de 2014 –en pleno torneo de la Copa Mundial de Futbol–, el problema se resolvió de un plumazo del Ejecutivo: a través del CPTM, firmó con CIE el contrato plurianual –y transexenal– 36/2014 en el que se comprometió a erogar 213 millones 279 mil dólares en cinco carreras. Cuatro semanas más tarde se dio el magno anuncio de la vuelta del serial.

El primer pago fue el equivalente –al momento de firmar el contrato– a 44 millones 177 mil dólares, es decir, 575 millones 406 mil 425 pesos (de acuerdo con los documentos obtenidos por medio de la solicitud 2135500013214).

En menos de 10 días el monto fue depositado. El tiempo apremiaba, pues las labores de reconstrucción del Autódromo debían iniciar de inmediato y la primera cuota anual exigida por Bernard Ecclestone –comúnmente llamado el Supremo o simplemente Bernie– debía pagarse.

De la cantidad entregada por el CPTM, 32 millones de dólares fueron transferidos directamente a “favor de la entidad de F1” que indicara CIE; el resto quedó “totalmente” disponible, “sin restricción alguna”, para lo que considerara la empresa.

El documento, del que Contralínea tiene una copia en virtud de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (folio 2135500000715), enlista el dinero público que cada año recibirá CIE –siempre por adelantado– por gracia del gobierno:

-40 millones 987 mil dólares para la carrera de 2016, que serán pagados aún antes del Gran Premio de 2015.

-La tercera inyección de capital también será de 40 millones 987 mil dólares, éstos para la competencia de 2017.

-Para la carrera de 2018, última del sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra se elevará a 43 millones 564 mil dólares.

-La misma cantidad (43.5 millones de dólares) aportará el Consejo para la quinta edición, en 2019, del serial automovilístico en México.

Los montos que entregará cada año el Consejo a CIE se ajustarán al “tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago correspondiente”. Es decir que aunque se devalúe más el peso durante los próximos años, la empresa de espectáculos no perderá; al contrario, recibirá mayores recursos por parte del CPTM.

Además de los pagos, el CPTM se compromete a entregar anualmente “cartas de crédito” que garanticen la solvencia del Consejo para la realización de los grandes premios y, sobre todo, el depósito de la cuota de Bernie Ecclestone; tanto así que las cartas emitidas por el banco del ente turístico tendrán que ser “confirmadas por un banco ubicado o con oficinas en Londres, Reino Unido”, país de origen del hombre que controla la categoría reina desde la década de 1970.

Para los primeros 3 años –2015, 2016 y 2017– las garantías serán por 30 millones de dólares; para las carreras de 2018 y 2019, éstas se elevarán a 32 millones de dólares.

 “La obtención y puesta a disposición de todas y cada una de las cartas de crédito […] será a costa exclusiva del Consejo”, remarca el contrato. La garantía del financiamiento público fue lo que convenció al dueño de la marca de Fórmula 1 de regresar el serial a México.

Y para no dejar lugar a dudas, ni a Ecclestone ni a CIE, el documento redunda en que “el Consejo se obliga también a incluir dentro de su planeación financiera para los ejercicios fiscales subsecuentes a 2014 los recursos necesarios para hacer frente a todas y cada una de las obligaciones”, así como “a llevar a cabo las acciones necesarias para contar con los recursos financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones, y a mantener vigente, disponible y en monto suficiente para dar cumplimiento de dichas obligaciones la línea de crédito” a la que se obliga abrir con el Banco Nacional de Comercio Exterior.

Las cifras pactadas no sólo estarán a merced del tipo de cambio; el acuerdo deja las puertas abiertas para una ayudadita extra, pues el CPTM podrá “acordar el incremento del monto del contrato” hasta en un 20 por ciento: 42 millones de dólares más.

Oficialmente, el “objeto” de la adjudicación directa es la prestación “del servicio de promoción de México” de 2015 a 2019. Más de 213 millones de dólares gastará el gobierno federal en promover el país-marca, cantidad similar a la invertida por la multinacional Sony para hacer parecer su imagen en distintas competencias de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) durante 1 década, incluidas las Copas del Mundo que septuplican en audiencia a la Fórmula 1.

Al frente del volante de una camioneta último modelo, y con el piloto de la escudería Force India Sergio Pérez de acompañante, Enrique Peña Nieto inauguró el libramiento Coatepec, en Veracruz, cuyo costo público fue mucho menor a lo gastado tan sólo en la primera carrera: 324 millones de pesos por los 3.5 kilómetros de la vialidad; 575.4 por el primer Gran Premio.

En esa ocasión, y a pesar de los convenios firmados y las decenas de millones de pesos del erario gastados más los cientos de millones por gastar –la cifra rebasará los 3 mil millones de pesos–, Peña Nieto simplemente aseguró que el acuerdo con la F1 “no fue un compromiso que se haya adquirido de manera formal [por la administración federal]”.

El tamaño del ganador

 “El informe Black book 2013 detalla que, en promedio, por cada dólar que se invierte, el retorno es de 10; mientras que por cada 3 horas de transmisión, la derrama a nivel de publicidad es superior a los 200 millones de dólares”, escribe Iván Pérez. Por supuesto, ese “retorno” no será para las arcas públicas, sino para las empresas privadas –empezando por CIE– que se cuelguen del regreso de la categoría.

 “Hay diversas experiencias recientes en el caso de nuestro país en las que se utilizan fondos públicos para generar condiciones para que algunas empresas, no pequeñas ni medianas, crezcan y obtengan beneficios cuantiosos sin que eso se reporte en beneficio para las finanzas públicas”, dice en entrevista el doctor Gregorio Vidal, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La inyección de capital por parte del gobierno federal y los múltiples apoyos hacen que las carreras que se den en la Ciudad de México los próximos 5 años sean un negocio completamente viable, económicamente rentable, explica el economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con el Reporte anual elaborado por la propia empresa, antes de la firma del acuerdo con el CPTM, “el capital social suscrito y pagado por CIE” ascendía “a la cantidad de 3 mil 398 millones 674 mil 294 pesos”. De 2014 a 2019 recibirá una cifra similar por parte del gobierno federal.

CIE se constituyó el 21 de agosto de 1995, sin embargo su negocio se remonta a 1990 –en el sexenio de Carlos Salinas, cuando Manuel Camacho Solís fungía como regente de la Ciudad de México– como promotora del Palacio de los Deportes. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo traspasó las fronteras y consolidó el sistema estadunidense de venta de boletos Ticketmaster. “En la actualidad [abril 2013], CIE detenta el 67 por ciento de propiedad en la operación de boletaje en México”.

Entre sus negocios ha contado con zoológicos, casas de apuestas, parques de diversiones, teatros, agencias de representación, centros de espectáculos y convenciones, espacios publicitarios, estaciones de radio…

 “CIE considera que es la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y Centroamérica y uno de los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo”, declara la empresa.

 “En 2013 –agrega–, aproximadamente 6.4 millones de personas asistieron a los 3 mil 752 eventos que CIE promovió y produjo en la región”. La firma cotiza en la bolsa de valores.

También “cuenta con todos los derechos de uso, aprovechamiento y explotación exclusivos del inmueble denominado Autódromo Hermanos Rodríguez, […] otorgados por su subsidiaria Operadora de Centros de Espectáculos, SA de CV, (Ocesa) para la realización de El Evento [sic], los que provienen del permiso administrativo temporal revocable a título oneroso de fecha 1 de septiembre de 2011, otorgado a Ocesa por el gobierno del Distrito Federal”, precisa el propio gobierno capitalino. El permiso renovado con Marcelo Ebrard vencerá –o se ampliará– en agosto de 2021.

 “Efectivamente, se trata de una obra que se utiliza con fines privados. Lo mínimo que debería existir en estos casos es una contraprestación por parte de la empresa que se beneficia de hacer negocios con esa obra”, apunta el doctor Vidal. El espacio es público se remoza con dinero de todos, pero las ganancias de su explotación irán a cuentas exclusivas.

Además, “en el sector de competencias internacionales de automovilismo deportivo en México, CIE no enfrenta competencia”, dice la misma empresa. Así que el apoyo federal para traer de regreso la Fórmula 1 sólo podía darse a la única opción, a la socia de Televisa.

Gobiernos local y federal, aliados por CIE

Tan planeada estaba la participación oficial, que desde el 25 de marzo de 2014 el gobierno de Peña firmó con la administración de Miguel Ángel Mancera un “convenio de coordinación”.

Meses antes del anuncio oficial ya habían pactado “las bases y mecanismos a fin de que el Gobierno del Distrito Federal coadyuve con la Secretaría de Turismo”. Es decir que el mando “en las acciones necesarias para hacer factible la realización de una carrera al año” corresponde a la administración federal, mientras que las complementarias o subalternas serán cumplidas por el gobierno capitalino.

Los representantes de las partes fueron Octavio Mena Alarcón, oficial mayor de la Secretaría de Turismo, y Horacio de la Vega Flores, director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal.

En el convenio –del cual Contralínea recibió copia tras presentar la solicitud de información 0002100046714–, el Ejecutivo federal afirma que la Fórmula 1, cuyos ingresos anuales rondan los 2 mil millones de dólares, y CIE, con un capital de 3 mil 400 millones de pesos, son pequeñas organizaciones, por ende necesitadas del apoyo gubernamental. Así lo asienta en el capítulo de “antecedentes” del documento:

 “El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 […] establece el incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas empresas”. De ahí la necesidad, según Sectur, de impulsar-financiar el evento.

De igual forma, para firmar el convenio, el Gobierno del Distrito Federal se basa en su política turística, la cual “contempla [sic] que el turismo bien planificado posibilita la inclusión y el desarrollo de los diversos agentes sociales”, y que “dentro de las líneas de acción que realiza el Gobierno del Distrito Federal”, está la de “llevar a cabo más y mejores eventos deportivos para el goce y disfrute de la población en general”, argumenta a pesar de que el costo promedio para asistir a una de las carreras del Gran Premio ronda los 400 dólares.

Ambos se comprometen a cumplir diversas tareas que al fin de cuentas descargan de responsabilidades a CIE:

La Secretaría de Turismo (Sectur) se obliga franca y llanamente a “llevar a cabo los actos jurídicos que resulten necesarios a efecto de formalizar los compromisos inherentes a la realización de una carrera del serial Fórmula 1, durante los próximos 5 años”. Entonces, el gobierno que suceda al de Enrique Peña Nieto estará encadenado también a este acuerdo.

No obstante los miles de millones de pesos gastados y que las ganancias serán privadas, irónicamente la quinta obligación contraída por la Sectur a la letra dice: “Procurar en todo momento que los intereses tanto del gobierno federal como del Distrito Federal, queden debidamente salvaguardados”.

Por su parte, el gobierno capitalino se obliga a “coadyuvar […] para el otorgamiento de las distintas licencias, autorizaciones, permisos y cualquier otro trámite que se deba presentar ante las autoridades del Gobierno del Distrito Federal –es decir, él mismo– o cualquiera de las demarcaciones territoriales, que resulten necesarias para la realización de obras de remodelación, demolición, construcción, operación u otra, que se requieran”.

El documento deja claro que será la administración de Miguel Ángel Mancera la encargada de “realizar las obras complementarias previstas en el proyecto de remodelación integral de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca [sic] y realizar los actos jurídicos necesarios para la participación o colaboración de los permisionarios o concesionarios de los espacios”.

Contralínea insistió en hablar con la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu; Rodolfo López Negrete Coppel, director del Consejo de Promoción Turística de México; Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte del Distrito Federal; así como con Alejandro Soberón, presidente y accionista mayoritario de CIE, y Jaime Zevada, director de Administración y Finanzas del Consorcio. Pasadas las semanas, y hasta el cierre de edición editorial, no se recibió respuesta.

Mauricio Romero, @mauricio_contra

                 

            

Read english versionFormula 1 in Mexico: Public resources, private profits

Contralínea 422 / del 01 al 08 de Febrero 2015