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Entretenido el peñismo en sus inoperantes reformas cupulares, a las que la Corte (que no es ni suprema ni de justicia ni de la nación) impidió someter a consultas populares –como derecho humano de los mexicanos– dejó Enrique Peña y su cártel de Atlacomulco que su mal gobierno antirrepublicano y antidemocracia directa descuidara a la mayoría de los casi 118 millones de mexicanos que, más que indignados, están encabronados por la pobreza, el desempleo, la grave inseguridad, la injusticia, la impunidad y corrupción de funcionarios ladrones, desde ministerios públicos hasta en tribunales de todos los niveles, además de muchos otros males. Todo esto fue detonado por el acoso, secuestro y muy posible homicidio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los 22 fusilados por soldados en Tlatlaya. Y se ha encendido el malestar social.

Del 27 de septiembre a la fecha, más de 2 millones de mexicanos por todo el país han estado protestando en manifestaciones contra la clase política que desprecia a los de abajo y privilegia a multimillonarios, empresarios, banqueros rateros y comerciantes mayoristas que explotan a trabajadores y se enriquecen al amparo del salvaje neoliberalismo económico; mientras Peña se dice “orgulloso” de Televisa y entrega Chiapas a los verdes, que capitanea Tv Azteca, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego con Carlos Slim (el pobre que ya no es el segundo sino el tercero en la lista de los multimillonarios), montados sobre la explosiva desigualdad que tanto ruido provocó por las críticas de Thomas Piketty, al descubrir el hilo negro de las desigualdades y la concentración de la riqueza.

Las 11 contrarreformas peñistas trastocaron los principios constitucionales que sólo un congreso constituyente en forma y fondo podría modificar. Y no esa caricatura del “constituyente permanente” que aprobó los cambios constitucionales en un promedio de 10 minutos, sin discusiones en los congresos de una federación apuñalada por el centralismo en marcha del peñismo. Con esto, Peña y sus peñistas, encabezados por Luis Videgaray, supusieron que con su neoliberalismo económico (no hubo ningún reproche contundente en la Cumbre Iberoamericana) engañarían al pueblo, y que éste soportaría la embestida a cambio de promesas para dentro de 20 años.

Pero que estallan las barbaries de Ayotzinapa y Tlatlaya, dando rienda suelta a los problemas acumulados desde hace 24 años con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón. Peña atizó el incendio. Y las violaciones a los derechos humanos culminaron para exhibir al peñismo como un gobierno fallido, después de 2 años de la total caída de la economía con cero crecimiento, endeudamiento explosivo, 53 millones de pobres, 10 millones de indígenas en la miseria y la manipulación de la información de los homicidios de periodistas, que sólo en los 2 años del corriente peñismo suman 22.

En el acto para recordar el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuya declaratoria ocurrió hace 62 años (Javier Hervada y José María Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos), Víctor Ruiz Arrazola, de la Casa de los Derechos de Periodistas, ante el monumento del fundador y combatiente por las libertades del constitucionalismo del liberalismo político, Francisco Zarco (1829-1869), informó que durante los 2 años del peñismo han sido privados de la vida 22 periodistas. Y que continúan las agresiones a los comunicadores de todos los medios; sobre todo reporteros de los noticieros en radio, televisión y prensa escrita. Y que se ha enviado una carta a Peña –quien transita en el filo de renunciar o mantenerse contra viento y marea del malestar social, económico y político de la mayoría de los mexicanos– para informarle que las agresiones de funcionarios federales, estatales y municipales han hecho víctimas a quienes se dedican a investigar los hechos de la vida pública y de aquellos que se desbordan de la vida privada, al incidir en actos y omisiones que importan a la opinión pública.

Ser marinero de buen tiempo y la falta de oficio político que padece Peña han hecho que no haya querido –y tal parece que no ha podido– atender y resolver la acumulación de problemas heredados desde 1988, y que el grave suceso de Ayotzinapa destapó. Siempre ha sido una constante que los funcionarios, federales y de las entidades, se las traen sobre todo contra los periodistas cuando éstos, en cumplimiento de su tarea y el respaldo constitucional de mantener informada a la opinión pública sobre lo que hacen y dejan de hacer aquellos, se vuelven el objetivo para censurar previamente las investigaciones, para tratar de que ya no ejerzan sus derechos y obligaciones. En esos intentos, es como llegan a privarlos de la vida.

En los 2 años que lleva Peña en funciones van 22, en su mayoría reporteros, que han sido asesinados. Y la impunidad es total. Nada sabemos de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en cuya desaparición intervinieron funcionarios, policías, soldados y narcotraficantes. Lo que lo hace un asunto de competencia federal, contra la insistente opinión de Peña de que el asunto pertenece estrictamente al fuero guerrerense. Nada sabemos del fusilamiento vil de Tlatlaya. Homicidios de militares. Nada sabemos de los más de 18 mil asesinatos del peñismo. Es la impunidad y la propuesta peñista de borrón y cuenta nueva lo que prevalece.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

 

 

 

Contralínea 421 / del 25  al 31 de Enero 2015

 

 

 

 

 

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