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La adquisición del segundo Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO II) continúa detenida hasta que la Secretaría de la Función Pública resuelva las irregularidades existentes en el proceso de licitación para operar el primer buque adquirido por el gobierno federal, a través de un préstamo otorgado por el BID. En entrevista con Contralínea, el encargado del despacho de la SFP, Julián Alfonso Olivas Ugalde, asegura que se fincarán responsabilidades una vez concluidas las investigaciones, y comenta que la adquisición el buque podría entrar en un “mapeo de riesgos” a evaluar en 2015. En tanto, ya fueron solicitadas renuncias a dos funcionarios de Inapesca y Sagarpa

La Secretaría de la Función Pública (SFP) continúa las investigaciones sobre servidores públicos que actuaron de manera irregular en la licitación para operar el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO I) del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), y no hay duda en que se fincarán responsabilidades, dice en entrevista con Contralínea el encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública y titular de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Alfonso Olivas Ugalde.

Olivas Ugalde asegura que después de concluir las revisiones necesarias al Inapesca, se tomará la decisión de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y aplicar en su caso las sanciones. “Aún no estamos en aptitud de esto, estas investigaciones tienen el carácter de reservadas y, en su momento, daremos a conocer públicamente la sanción, si es que hay elementos”.

La misma SFP documentó que para anular el fallo ganado por la empresa Famalval, propiedad de Marco Antonio Álvarez Alonso –y que costó la renuncia de dos servidores públicos–, autoridades del Inapesca no fundaron ni motivaron la nulidad del fallo de la licitación que hiciera ganadora a la compañía para operar y mantener uno de los navíos de investigación más importantes en el nivel mundial.

De carácter reservado, el expediente firmado por Eduardo José Morales de la Barrera, director adjunto de Inconformidades de la SFP –y al que tuvo acceso este semanario– fue contundente: se presentaron “copias simples al carbón de resoluciones judiciales” para echar abajo el concurso administrativo (Contralínea 416).

El fallo correspondía a la licitación de carácter nacional mixta LA-008RJL001-N1-2014 y comprometía un contrato por 286 millones 206 mil 896 pesos con Famalval, ahora declarado desierto y con el monto reintegrado a la Tesorería de la Federación, dice Olivas Ugalde.

El concurso se habría llevado a cabo con el fin de realizar los “servicios especializados para la administración, operación y mantenimiento” del BIPO I del Inapesca, el 28 de enero de 2014.

Licitación fallida para operar el BIPO I

Ahora en manos de la Secretaría de Marina, la operación del BIPO I continúa, pues no se puede detener el ejercicio de uno de los tres buques de investigación más importantes en el nivel mundial. Éste enfocado a la investigación en la Zona Económica Exclusiva del Pacífico.

Al respecto, Olivas Ugalde comenta: “Es lo mejor, que lo opere la Marina. Si tenemos gente capacitada en el gobierno, para qué requerimos otra persona”.

Las inconsistencias en el proceso de licitación y anulación del fallo tienen detenida la adquisición de un segundo barco por parte del Inapesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), misma que debió ocurrir en noviembre pasado.

Ambos buques serían financiados con el préstamo 2547-OC-ME, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a México, para el Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales, mismo al que se le asignaron 26 millones de dólares por el componente IV: Fortalecimiento de la Investigación Biológico-Pesquera.

Contralínea documentó que el 3 de septiembre de 2014, el director general adjunto de Administración en el Inapesca, Pablo Gómez Domínguez, solicitó la nulidad del fallo para operar el BIPO I, pues según el funcionario, la empresa ganadora había presentado “documentos apócrifos” para obtener la licitación.

Y es que el 13 de febrero de 2014 se dio el fallo de la licitación para la operación y mantenimiento del BIPO I. En él se desecharon las propuestas de las empresas Naviliera El Ferrol, Servicios Múltiples del Puerto y Naviera REM. La ganadora, Famalval, había logrado los puntos requeridos para obtener el contrato, indica el acta FO-CON-08 que revisa la SFP.

Los documentos oficiales muestran que Naviera del REM, SA de CV, y Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV (propuesta conjunta), ofertaron un importe de 221 millones 375 mil pesos; la de Naviliera El Ferrol, SA de CV, por 240 millones 328 mil 805 pesos y la de Famalval, SA de CV, por 286 millones 206 mil 896 pesos.

Días después del fallo se presentó una inconformidad en las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sagarpa, entonces a cargo de Juan Salvador Esquer Acedo, indica el oficio 08/114/OIC0205/2014, escrito por el excontralor a Luis Miguel Domínguez López, director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.

La inconformidad fue promovida por Ignacio Luis Melo Graf, apoderado legal de Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV, y la Naviera Delrem, SA de CV, y para su resolución, Olivas Ugalde instruyó a Jaime Correa Lapuente, director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, “para que conozca dicha instancia y resuelva lo que en su derecho proceda”, toda vez que el OIC en el Inapesca “por su reducida estructura no cuenta con Área de Responsabilidades para el trámite y resolución de la inconformidad de mérito”.

No obstante, el expediente 118/2014 de la SFP, firmado por Morales de la Barrera, asegura que dicha autoridad “no puede concederles valor probatorio alguno”.

Sagarpa ordena la renuncia de contralor

Fuentes cercanas a la investigación comentan que la renuncia del entonces contralor Juan Salvador Esquer Acedo provino de la oficina principal de la Sagarpa, solicitada expresamente por el mismo secretario de Estado Enrique Martínez y Martínez. Además, promovida por el oficial mayor Marcos Bucio Mújica.

Ésta sería la primera baja oficial relacionada con el BIPO I. Meses más tarde, la solicitud sería para el director del Inapesca, Raúl Adán Romo Trujillo, que hasta el cierre de esta edición se mantenía en su cargo. “Este funcionario se resiste a las presiones y sostiene que no abandonará el cargo hasta que el presidente de la República se lo ordene, pues su nombramiento lo hizo Enrique Peña Nieto” (Oficio de papel, 29 de diciembre de 2014 ).

No obstante, Olivas Ugalde asegura en entrevista que la renuncia de Esquer Acedo fue tomada desde la misma SFP. Al respecto, comenta: “Nosotros hacemos una evaluación de todos los titulares de los órganos internos de control, y cuando no cumplen las expectativas que se tienen, pues procedemos a removerlos.

—¿Éste fue el caso?

—Sí. No tuvimos las expectativas que deseábamos y por eso se pidió una remoción. Viene una gente en su lugar [Francisco Cárdenas Elizondo] que designamos, con experiencia como magistrado en el Tribunal Fiscal de la Federación… Como ustedes saben, en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se ven todos los casos de responsabilidades de los servidores públicos. Cuando nosotros sancionamos a algún servidor público, ellos pueden ocurrir ante el Tribunal.

“Esta persona [Cárdenas Elizondo] tenía experiencia en estos temas y eso nos ayuda mucho para haberlo designado. Entonces, es una persona, un abogado con esa característica, y por eso, pues como siempre, la superación profesional ¿no?”

—¿No tuvo que ver el caso del BIPO I, las inconsistencias que podrían haberse encontrado, con la remoción de este funcionario?

—No. Es un cúmulo de evaluaciones que vamos haciendo en el transcurso del ejercicio de estas personas. Es una decisión finalmente que nosotros tomamos como Secretaría.

El documento Desempeño del Órgano Interno de Control en Sagarpa (enero 2013-junio 2014) que involucra a Esquer Acedo y que es firmado por Bucio Mújica indica, entre otras observaciones, que desde que se denunció en la prensa la asignación por Inapesca a la empresa Famalval, SA de CV, de un contrato por más de 286 millones de pesos, “el titular del OIC debió iniciar la investigación correspondiente y no informar a la Secretaría de la Función Pública que se tramitaba ante ella, pues ya se había hecho desde febrero, toda vez que Servicios Múltiples del Puerto, SA de CV, había interpuesto una inconformidad en contra de la licitación pública, y la investigación es un procedimiento distinto a la inconformidad que el OIC debió seguir [sic]”.

En el mismo oficio indica: “Llamó la atención que [cuando el presidente de la República presidió la ceremonia de inicio de operaciones del buque] el titular del OIC haya intervenido para referirse a sus características y para afirmar que los procedimientos de adquisición y contratación de los servicios de apoyo al barco se habían realizado con estricto apego a la normatividad, en atención a lo dispuesto por el Ejecutivo federal”.

Sin embargo, la boleta oficial del primer trimestre de la Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control de la SFP indica que Esquer Acedo contaba con una calificación de 9.13 en su desempeño.

Mapeo de riesgos

De la posible revisión de la adquisición del BIPO I, con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el titular de la SFP comenta que podría llevarse a cabo en 2015. Ésta podría entrar en el “mapeo de riesgos” que realiza la institución, y de las que se desprenderán unas 3 mil auditorías este año.

El mapeo de riesgos, explica Olivas Ugalde, depende de los informes que rindan las distintas autoridades y de la Cuenta Pública.

—En el caso de este barco se presentó la inconformidad ¿ustedes atraen el caso?

—Sí.

—¿Cuánto tiempo debió de pasar para que se resolviera? ¿Hay tiempos establecidos?

—No hay plazos para resolver. En un procedimiento, las partes ofrecen pruebas, viene el desahogo, que puede ser muy largo: un perito tiene que hacer un análisis, se tienen que presentar los documentos, entre otras cosas, entonces es muy difícil determinar un plazo.

“Todo depende cómo se avance en el procedimiento, ahí tenemos que respetar a las partes que participan de que tengan la oportunidad de probar y alegar lo que a su derecho convenga. Entonces, no hay un plazo… Tiene que ser el adecuado para que cumplan su función”, señala Olivas Ugalde.

Érika Ramírez, @erika_contra

 

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