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La más reciente represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa amplía la serie de agravios que van desde la discriminación hasta el asesinato, pasando por la tortura y la desaparición forzada. Las agresiones contra estos alumnos pobres organizados se agudizaron desde la Guerra Sucia. Hasta la fecha, ni un solo autor material e intelectual de los ataques ha sido procesado. Por eso los perpetradores saben que pueden asesinar, golpear o dejar lisiados de por vida a los normalistas sin ser castigados por ello, señala defensor de derechos humanos

Ayotzinapa, Tixtla, Guerrero. La impunidad campea en territorio guerrerense. Es por eso que las masacres del pasado se reeditan, que el dolor de las víctimas permanece intacto en el tiempo.              

El 12 de diciembre de 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron asesinados por servidores públicos cuando, en una actividad colectiva, se manifestaban sobre la Autopista del Sol para lograr el cumplimiento de sus demandas estudiantiles: que Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, les diera audiencia pública y les garantizara la sobrevivencia de su escuela y, con ello, su derecho a educarse.

En el mismo hecho, Edgar David Espíritu Olmedo, también normalista rural, fue alcanzado, en el pulmón derecho, por una bala pagada con el dinero del pueblo.

Tres años han trascurrido desde aquel trágico 12 de diciembre, día en que en México se festeja a la virgen de Guadalupe. El caso está totalmente cerrado: archivado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. No hay servidores públicos procesados por los hechos. Peor aún, los autores materiales e intelectuales fueron premiados con cargos públicos.

En entrevista con Contralínea, Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, refiere que ésta es la situación actual del caso, pese a que en el expediente judicial está debidamente acreditada la participación de cerca de 90 policías (federales, ministeriales y estatales) y la activación de, al menos, 60 armas de fuego en el ataque.

Numerosas deficiencias en la investigación –por ejemplo, que se revolvió la escena del crimen o que a los policías ministeriales se les aplicó la prueba de radiozonato de sodio 1 día después de los hechos– permitieron que Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, los únicos dos policías procesados por ser los que visiblemente apuntaban con sus armas, evadieran la acción de la justicia al grado de obtener su libertad y seguir ejerciendo en la función pública.

“Ellos [los dos policías ministeriales] se ampararon del auto de formal prisión que se les dictó. El amparo resolvió que, efectivamente, no había elementos para llevarlos a proceso y los liberó. En consecuencia, la Procuraduría [General de Justicia del Estado de Guerrero] los volvió a recontratar”, dice Vidulfo Rosales.

Respecto de los autores intelectuales de los hechos, comenta que jamás se abrió una línea de investigación en este sentido, de tal manera que nunca se citó a declarar a Alberto López Rosas, exprocurador general de Justicia de Guerrero; a Ramón Almonte Borja, exsecretario de Seguridad Pública; ni a Humberto Salgado Gómez, exsecretario de Gobierno de la entidad. Además de que tampoco “pasó a mayores” el juicio político instruido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de López Rosas, quien actualmente es titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local.

A la fecha, el caso se encuentra ya cerrado, no obstante que en términos estrictamente jurídicos no debería de ser así puesto que no se ha dictado una sentencia, denuncia el defensor de derechos humanos.

Así las cosas, dice, la única esperanza de que el caso no quede impune –como los hechos represivos registrados en Guerrero desde la Guerra Sucia hasta la fecha– es llevarlo al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y es que, aunque Enrique Peña Nieto prometió a los padres de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría reabrir la investigación sobre el asesinato de sus hijos, sus palabras –pronunciadas durante el encuentro que sostuvo con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre pasado– se quedaron tan sólo en promesas.

El integrante de Tlachinollan alude a los efectos de la impunidad. Además de que genera un dolor en las víctimas que permanece en el tiempo, conlleva a la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos del pasado y, en consecuencia, propicia un marco de permisibilidad. “Las autoridades, al dejar impunes los casos, envían un mensaje a los perpetradores de que nada les puede ocurrir y, por tanto, ellos pueden seguir reeditando sus hazañas”.

Si a raíz de los hechos del 12 de diciembre de 2011 el entonces gobernador de Guerrero hubiera sido encarcelado o, cuando menos, enfrentado a un proceso serio; si el secretario de Gobierno en turno hubiera sido sancionado o, al menos, removido de la función pública, seguramente los hechos “deleznables” de Iguala de finales de septiembre de 2014 (con saldo de 43 normalistas desaparecidos forzadamente y de seis personas asesinadas –entre éstas tres normalistas rurales– en una agresión a cargo de policías) no hubieran ocurrido, dice Vidulfo Sierra.

Edgar Espíritu: una bala le cambió la vida

A sus 23 años de edad, Edgar David Espíritu Olmedo padece atelectasia (sólo le funciona el 70 por ciento del pulmón), bronquiectasia (tiene dilatados los bronquios) y un estrés postraumático –padecimiento propio de los veteranos de guerra– que se le ha prolongado por 3 años.

Antes del 12 de diciembre de 2011, él era un muchacho muy deportista: practicaba natación, futbol y voleibol. Además, Edgar pertenecía al club de danza y a la banda de guerra de la Normal Rural de Ayotzinapa, la escuela que lo formó como maestro rural.

Esas épocas quedaron atrás. Una bala del arma de un policía le atravesó el pulmón derecho y le cambió la vida. Edgar aún recuerda el olor a gas lacrimógeno que aquella tarde de festejos guadalupanos inundó la Autopista del Sol, preámbulo de la balacera. También el dolor que experimentó cuando uno de los proyectiles que volaban como hojas de árbol lo alcanzó.

A la fecha, el ahora profesor en la región Norte de Guerrero continúa en tratamiento médico. El dinero que el Estado le dio para “reparar el daño” de la salvaje embestida de la que fue objeto –luego de la presión ejercida por el movimiento social, no alcanzó para nada. Seis meses estuvo sin poder pararse de la cama; 6 meses sometido a intensas terapias de rehabilitación. ¿Ese tiempo quién se lo paga?

Edgar, egresado de la generación 2013 de Ayotzinapa, ha aprendido a vivir con su padecimiento: a hacer parte de su rutina la ingesta de medicamentos; a limitar sus actividades físicas puesto que, incluso, el hablar por un periodo prolongado de tiempo le corta la respiración, le provoca mareos.

Aunque su médico dejó de suministrarle las medicinas para el padecimiento del pulmón en un intento de que éste se recupere por sí mismo, las pastillas para controlar el estrés postraumático –agudizado por las amenazas que él y su familia recibieron de parte de desconocidos a través de llamadas telefónicas– lo acompañarán por muchos años más.

El pasado 12 de diciembre, Edgar participó en la marcha convocada a 3 años del crimen que de manera particular le viró la existencia.

Marchó humilde, perdido entre la multitud, lejos de los reflectores y de la vanguardia del contingente conformada por los familiares de los 42 alumnos de Ayotzinapa que aún se encuentran desaparecidos.

—¿Por qué sigues participando en estas actividades a pesar de lo que te ocurrió? –se le pregunta.

—Mi escuela es mi alma mater. Me duele lo que le pasa. Pero siento más indignación por lo que están pasando los padres de familia porque yo también viví una represión así. Es algo muy doloroso. Yo, en mi persona, no pienso dejar esto así y que el día de mañana mis hijos sufran lo mismo que yo. Yo creo que es algo incongruente decir ‘pues hay que muera porque ya me dieron un balazo, porque ya desaparecieron a mi hijo, y seguir como si las cosas estuvieran normales’. Al contrario, yo digo que todo el pueblo se debe de unir y luchar para cambiar estas cosas, para lograr eso que nosotros queremos que es la paz, el bienestar para nuestros hijos y familias.

—¿Consideras que se ha hecho justicia por los hechos del 12 de diciembre de 2011, en los que resultaste herido de bala?

—Yo lo único que digo es que las personas que participaron ese día, los culpables materiales e intelectuales, no están enjuiciados o no tienen un proceso penal o no están dentro de la cárcel. Entonces, sí hay injusticia porque hasta la fecha los presuntos culpables que en su momento había fueron liberados. Hay injusticia porque ya hay más muertos, porque sigue pasando lo mismo.

Las heridas abiertas de la impunidad

Elizabet traía tres veladoras entre las manos. Estaban colocadas a los pies del monumento de losetas verdes sobre el que fueron implantadas las placas en memoria de Alexis y Gabriel. Éste se ubica en el casco de la exhacienda de Ayotzinapa, antiguo nicho de caciques en el que ahora se forman las futuras generaciones de maestros rurales.

La cera aún no se consumía, pero las corrientes de aire habían arremetido contra su flama. Por eso, Elizabet, madre de Alexis, buscaba devolver el fuego a la mecha. Logrado el objetivo, la mujer regresó las veladoras a su lugar, ahí entre los árboles y el cantar de los tordos.

Enseguida dio la media vuelta. Lucía cabizbaja, como intentando esconder con la postura la humedad que ya se le escapaba de los ojos. Ella misma se esforzaba por contener el escurridizo líquido.

“Me dicen que no está bien que le llore”, comenta la mamá del estudiante. Sus palabras no lograron ahuyentar lo inevitable.

Jorge Alexis Herrera Pino, uno de los normalistas alcanzados por las balas de los policías el 12 de diciembre de 2011, es hijo de Elizabet. Esa tarde, el joven de apenas 22 años de edad recibió un tiro en la cabeza que, de tajo, le arrebató la vida y los sueños.

El tiempo no ha logrado sanar la herida de Elizabet. A pesar de que han transcurrido 3 años ya del crimen y, a pesar de los consejos de conocidos y familiares, ella sigue añorando a su “angelito”, como se refiere a Alexis.

¿Cómo no pensarlo si a su ausencia se adhiere la de la justicia? ¿Cómo no extrañarlo si de entre los demás hijos, él era el que más la procuraba?, se pregunta la mujer.

Elizabet, quien tiene una fonda de comida de paredes teñidas con los colores vivos que le gustaban a Alexis, recuerda cuando, en calidad de amiga, subía a la azotea de su casa a platicar con su hijo. Ahí, con el aire fresco sobre la cara, se contaban sus secretos, se aconsejaban. Recuerda también cómo lo complacía con la comida cada vez que a él se le antojaba algún guiso materno.

El recuerdo de Elizabet está fresco, lo mismo que el altar que esta mujer puso en su casa y que, asegura, permanece ahí a 3 años de la ausencia de su Alexis.

La tarde del pasado 3 de diciembre, la misma en que Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó la Normal de Ayotzinapa, Elizabet, en compañía de su esposo, arribó a las instalaciones de esta escuela para reunirse con los papás de Gabriel Echeverría de Jesús y planear juntos una misa en memoria de sus hijos.

El encuentro entre las dos familias tuvo lugar luego de que Elizabet devolviera la flama a las veladoras postradas a los pies del monumento de losetas verdes colocadas en memoria de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría.

 

Lucio Cabañas, homenaje a 4 décadas de su muerte

Atoyac de Álvarez, Guerrero. La jornada de lucha de los normalistas rurales del 2 de diciembre concluyó frente al busto de Lucio Cabañas Barrientos, una estructura metálica que se alza en la plaza principal de Atoyac de Álvarez, Guerrero. El 15 de diciembre de 1938, esta tierra de campesinos vio germinar al niño que, años más tarde, se convertiría en guerrillero.

Postrada a los pies del luchador social, fundador del Partido de los Pobres (“Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo”, su lema), una manta con una estrella roja al centro alude a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos por forzadamente. “Faltan 43, ¡Justicia!”, dice.

La marcha que partió de los alrededores de la preparatoria 22, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, arribó al centro de Atoyac alrededor de las 18 horas del 2 de diciembre de 2014. Una tarde de extrema humedad.

Marcharon unas 700 personas, en su mayoría estudiantes, profesores y activistas. A la vanguardia de la formación, un contingente de alumnos de Ayotzinapa, la misma que dio a Lucio Cabañas la formación de maestro rural.

A pesar de la instrucción de no participar en la manifestación por parte de las autoridades educativas a petición del mismo gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, según se denunció, los alumnos de la preparatoria 22 estuvieron ahí, sacudiendo los pies sobre el asfalto. Una manta los acompañaba. “Que se vayan todos. Desaparición de poderes”, trazo esgrimido sobre un lienzo blanco.

Cuando los caminantes arribaron al punto de llegada, las coronas de flores ya estaban ahí, acompañando a la figura de Lucio, quien luce sentado con el rifle entre las manos. Flores blancas, lilas y amarillas: homenaje a 40 años de su muerte.

Al respecto se sabe de dos versiones: que el 2 de diciembre de 1974 el exsecretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (a la que dotó del Comité de Orientación Política e Ideológica, uno de sus tres organismos nacionales) fue ejecutado por el ejército en Tecpan de Galeana o que él mismo, ante su inminente asesinato a manos de los uniformados, activó el gatillo de su rifle M-2 que apuntaba en dirección a su cuello.

Apenas iniciado el mitin, el hombre a cargo del micrófono informó del origen de una de las coronas florales. “La trajo la esposa del gobernador [Rosa Icela Ojeda Rivera]”, denunció frente a los presentes; hecho que consideró reprobable puesto que proviene de un gobierno que “se dice de izquierda” pero que es espurio en la medida en que no fue nombrado por el pueblo y de que no ha dado resultados respecto de las investigaciones por la desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa.

Después de la acusación vino la acción. Dos varones cargaron la corona verde-amarilla y la arrojaron boca abajo, lejos del busto negruzco del guerrillero, sobre la plancha de concreto de la principal plaza de Atoyac.

Los alumnos de Ayotzinapa fueron, sin duda, los protagonistas de este acto de memoria a 40 años de muerte. A las 11 de la mañana habían salido de las instalaciones de su escuela a bordo de cuatro autobuses. Ya en Atoyac, una vez convidados de la comida de aporreadillo (huevo con carne seca en salsa roja) se dividieron en tres grupos. Uno encabezó el contingente de la marcha. Los otros tres suministraron el espectáculo cultural de banda de guerra, danza y rondalla.

“Muchos han considerado que la guerrilla en México, encabezada por el comandante Lucio Cabañas, fue parte o reflejo del fenómeno del ‘foco guerrillero’ que prevaleció en América. En honor a la verdad y en reconocimiento a la capacidad que desarrolló el profesor en sus circunstancias, es necesario aclarar esta concepción: la guerrilla en el estado de Guerrero no fue una expresión foquista, sino resultado de un proceso natural que tuvo como origen y sustento la lucha de masas que dirigiera el profesor, en la que participaron diferentes sectores del pueblo guerrerense”, se lee en el prólogo del libro Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, una experiencia guerrillera en México.

 

Flor Goche, @flor_contra/Enviada

 

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 Contralínea 419 / del 12 al 18 de Enero de 2015

 

 

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